La comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias aseguró este jueves que el proyecto de ley que busca evitar prácticas especulativas en tierras incendiadas «pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país» e impone «restricciones que afectan gravemente el derecho de propiedad».
Así lo expresó a través de un comunicado de prensa el conglomerado que agrupa a Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).
«Estamos en favor de que se legisle sobre el manejo del fuego, pero no podemos dejar pasar por alto esta invasión al derecho de propiedad, ni que se considere a todos los productores del país delincuentes ambientales, o se instaure una mirada prejuiciosa sobre todos quienes trabajamos en la tierra», agregaron las entidades que conforman la mesa de enlace.
De esta manera, hicieron referencia a la iniciativa aprobada el 18 de noviembre pasado por la Cámara baja y que ya cuenta con dictamen de comisiones en el Senado, con lo cual se encuentra en condiciones de ser tratada en el recinto para convertirla en ley.
El proyecto procura proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de tierras incendiadas en plazos que van de 30 a 60 años, para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.
Se trata de una modificación a la ley 26.815, de Manejo del Fuego, para que se establezca que quedarán prohibidos durante 60 años desde la extinción de incendios realizar modificaciones en el uso y destino de esas superficies así como cualquier emprendimiento inmobiliario.
En el texto difundido este jueves, la mesa de enlace recordó que la propuesta de modificación «prohíbe por el término de 30 años desde su extinción cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio» y advirtió que «esta prohibición se da independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales».
En este punto, cuestionó que, de aprobarse, la normativa se aplicará «incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios, por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero».
«Esta nueva prohibición se aplica a las superficies con bosques implantados o nativos, sumando nuevas restricciones a las ya existentes en la Ley de Bosques», agregaron las entidades.
La mesa de enlace subrayó que la propuesta legislativa «da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa».
De esta forma, reclamaron a los senadores y senadoras tener en cuenta, a la hora de tratar la iniciativa, que los productores también son «víctimas de hechos naturales o provocados que, de por sí, han lesionado nuestra producción y el capital destinado a ella».
