“La intención es que el Estado pueda llegar en forma no represiva”, explicó el concejal socialista Aldo Gómez. La sencilla definición es la punta del ovillo de un complejo proyecto que se aprobó ayer por voto unánime en el Concejo Municipal y que procura, sin más, resolver delitos antes de que se cometan. Lejos de lo que imaginó el escritor Philip Kindred Dick –y que se hizo masivamente conocido con el filme Minority Report– el proyecto presentado por los ediles kirchneristas María Eugenia Bielsa y Fernando Rosúa y consensuado con el socialista Gómez no se basa en una percepción telepática sino en una bien terrenal: buena parte de las personas que cometen delitos contra la propiedad son jóvenes, son detenidos después de que cometieron “un montón de hechos” y tras estar privados de su libertad, cumpliendo condena o no, por lo que ya hicieron “vuelven en su mayoría a reincidir” cuando salen. Ante ello, la iniciativa votada el jueves último contempla la creación de un “área específica de la Municipalidad para tratar esta situación”, y con capacidad y financiamiento para hacerlo en forma “personal y singular”. Dicho de otro modo, bajar hasta donde están las “múltiples” causas del delito, para intentar una contención tanto de quienes perpetraron hechos como de los que están siendo empujados por la misma sociedad a hacerlo.
Más que un programa o un plan, los concejales votaron la creación de un sector específico en la estructura municipal: “Área para la Prevención Social – Projudicial”, es como la denomina la ordenanza. Los ediles entienden que la Municipalidad “tiene un importante aparato administrativo con rica historia en el diseño y ejecución de políticas sociales” y que esa experiencia puede ahora orientarse “a la búsqueda de la prevención del delito”. La convicción es que si los dispositivos que desplegó la Municipalidad –sola o con impulso o ayuda de la provincia y la Nación– pudieron afrontar una crisis como la de 2001 y 2002 –que dejó a dos tercios de la población argentina bajo la línea de pobreza– y generaron decenas de emprendimientos individuales o cooperativos que hoy siguen creciendo, ¿cómo no va a poder generar nuevos dentro de un contexto económico más que favorable?
En ese marco, la ordenanza marca como meta la “prevención social del delito” atacando y resolviendo “la situación de adolescentes y jóvenes adultos con escasa o nula inserción educativa y laboral o con una trama familiar desestructurada”, que para peor están en medio de “un marco cultural que promueve la falta de cuidado y protección individual y comunitaria”.
“La Municpalidad puede constituirse –por su capacidad operativa– en uno de los principales actores públicos que desarrollen eficazmente acciones de prevención social del delito y la violencia, consensuando metas y coordinando acciones con el gobierno provincial y el gobierno nacional, con el Poder Judicial y con las organizaciones comunitarias de la ciudad”, sostienen los concejales. Y en ese marco, además del área específica, la ordenanza plantea la creación del “Programa Municipal para la Prevención Social del Delito”, en el que se definirán los lineamientos políticos. Su tarea será, puntualmente, “evaluar y transformar en políticas concretas las propuestas de trabajo presentadas por diferentes actores públicos y privados, como por ejemplo, miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los gobiernos provinciales y nacionales, de las organizaciones de la comunidad y ciudadanos en general”.
Por si el tema empieza a sonar demasiado cargado de palabras, la iniciativa recuerda que la intención es que las acciones sean “rápidas”, efectivas y que tengan “impacto real”. Por caso, los autores de la iniciativa remarcaron la “multicausalidad” del delito, que encuentra origen en situaciones de pobreza o de adicción que decantan al no encontrar contención. Y se proponen que el Estado pueda bucear en las historias personales y en padecimientos individuales para articular respuestas. Son más que palabras: Bielsa y Rosúa ya trabajan, por ejemplo en otro proyecto, complementario al que se aprobó, que contempla, entre otras cosas, asignar un cupo de puestos de venta ambulante para quienes hayan cumplido condena en cárceles.
Así, el camino al que apuntan es reemplazar la estigmatización de quienes cometieron delitos por oportunidades concretas de reinserción: “Salen y se vuelven a encontrar en la mismas condiciones que soportaban antes de cometer delitos. Y sin trabajo y sin un peso, ¿qué pueden hacer?”, razona Rosúa.
Con todo, la idea es que el “Programa Municipal para la Prevención Social del Delito” se encuadrarse en la órbita de la Secretaría de Promoción Social, donde funcionan los ex Centros Crecer –hoy Centros Territoriales de Referencia– y múltiples programas que van desde la Cooperativa de Conejos y las Huertas Comunitarias de Agricultura Urbana, hasta la mermelada que representa a Rosario –kiwi con pasas, receta de Graciela Sánchez– entre decenas de emprendimientos de distinto tamaño, individuales, sociales o cooperativos.
A partir del área, el plan es “contar con la colaboración de las restantes secretarías municipales para poder realizar acciones integrales” y alcanzar el objetivo: arrebatarle al delito posibles protagonistas.
Aunque los autores presentan el plan como “complementario” a las distintas acciones o políticas de seguridad tanto municipales como provinciales o nacionales –y de las fuerzas que dependen de cada estamento como la Policía, la Gendarmería o la GUM, entre otras– queda claro que lo orienta una lógica diferente, por ejemplo, que las 1.000 cámaras de videovigilancia que reclaman los comerciantes locales. Es que si bien se enmarca en la pelea a la “inseguridad”, plantea la seguridad como resultado de la suma de acciones intermedias.
