El nuevo colapso de la explanada a las puertas del teatro Príncipe de Asturias, en el complejo Parque España, puede ser antesala de otros, porque la ya demorada obra para consolidar la zona, asentada sobre pilotes de madera centenarios, es una de las que en principio alcanza la motosierra de ajustes en el Estado anunciada por el Gobierno libertario, junto a otros casi 190 proyectos a cargo de Nación en Santa Fe.
El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, confirmó esos recortes de inversiones luego del desprolijo y difuso anuncio del decálogo de medidas de «emergencia». En rigor, aunque sutil, se informó sobre una «reducción al mínimo indispensable», lo que abre la puerta a negociaciones con las provincias por algunos rezagos a cambio, se supone, de apoyos legislativos a los paquetes de medidas que el Ejecutivo enviará al Congreso.
Según fuentes santafesinas, lo que puede caer dentro de la provincia es un combo de por lo menos 189 proyectos presupuestados, con contratos que suman casi 250 mil millones de pesos. Es una cifra a revisar tras la reciente devaluación y «reacomodamiento» de precios, como aluden desde el oficialismo nacional. El daño es difícil de estimar. Además de retrasos en la infraestructura, pone en juego miles de puestos laborales mientras duren las obras.
No de nuevo: hubo otro desmoronamiento del viejo muelle frente al ingreso del teatro Parque España
El paradigma retomado por el Gobierno de la Libertad Avanza en reemplazo de la obra pública a cargo del Estado es el de las PPP, Participación Público Privada, que propone realización de obras a cargo y con financiación de privados con la recompensa de peajes y otros cobros que amorticen la inversión y garanticen renta. En ese esquema, ya fallido durante la administración macrista (apenas se concretó el 1% de lo anunciado) y que en todo el mundo representa un porcentaje más que minoritario, lo que prima es el «mercado», o sea las posibilidades de ganancias, no las necesidades sociales o productivas de una región.
Como el Ejecutivo nacional no precisó qué inversiones de obra pública efectivamente caerán bajo el recorte –apenas difundió un cuadro con los porcentajes esperados de «ahorro» de cada gran ítem y prometió que las ya iniciadas seguirán–, tanto desde el Gobierno provincial como el municipal están a la espera de las definiciones finas para saber a qué atenerse y, en cada caso, sondear si pueden tomar a su cargo los trabajos vetados por la «motosierra».
Entre las posibles bajas de obra pública en la provincia figuran hídricas como la continuidad del Acueducto Gran Rosario, que incluye la ampliación de la planta potabilizadora de ASSA en el límite de Rosario y Granadero Baigorria, que está a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. También, la finalización del Gasoducto Gran Rosario, financiado por Santa Fe y nación. Sobresalen varias obras de infraestructura vial, entre ellas las de las rutas nacionales 33, 34, 11 y ex 34, más el tercer carril en un tramo de la autopista Rosario – Buenos Aires, en estos casos dependientes de la Dirección Nacional de Vialidad. Y la consolidación de la barranca en la zona del Parque de España, que en verdad venía sufriendo varias dilaciones por parte la Dirección Nacional de Vías Navegables.
En Rosario también están en entredicho el anexo de la Facultad Odontología de la UNR, la Estación elevadora cloacal en barrio 7 de Setiembre, los Centros de Desarrollo Infantil en Arijón 647, el reacondicionamiento del Monumento a la Bandera en su segunda etapa, la estabilización de la cascada del arroyo Saladillo, una nueva sede del complejo agropecuario de la UNR en Casilda. Otras, en similar situación, son las del cordón industrial, como vías de acceso a puertos y plantas en Puerto general San Martín.
