El 8 de junio de 2011, Ceferino Crespo y Julio Lucero, de 54 y 24 años, murieron sepultados por una avalancha de lodo mientras trabajaban en el fondo de la zanja cavada a la altura de las calles Herrera y Unión. Eran empleados de una empresa contratista de la Dirección Provincial de Vivienda, que tenía a su cargo la ampliación de una red de cloacas en la zona noroeste. Muchos eran los operarios que se encontraban en el lugar y a unos cuatro metros de profundidad cuando, alrededor de las cuatro de la tarde, el derrumbe de una losa ocasionó primero la caída de tierra sobre ambos y, de inmediato, la rotura de un caño maestro de agua potable que en minutos inundó toda la excavación. Murieron ahogados pese a que sus compañeros intentaron en vano socorrerlos mediante sogas, pero enseguida tuvieron que retirarse del sitio al peligrar sus propias vidas en esa tarea. Bomberos y Defensa Civil recuperaron los cuerpos, que estaban a seis metros de profundidad. Si bien las muertes dieron lugar a una causa judicial por homicidio culposo hubo pocos avances: tardaron más dos años en llamar a indagatoria, pero nunca se tomaron las declaraciones. En noviembre del año pasado Juan José Alarcón, el único juez que quedó en el viejo sistema a cargo de los juzgados correccionales, resolvió el archivo de la causa por prescripción. Ahora son los fiscales los que apelaron la medida para intentar, seis años después, que estas muertes no queden impunes. Ayer se celebró una audiencia ante la Cámara Penal, pero pasó a un cuarto intermedio.
La obra de Unión y Herrera fue licitada por la Dirección de Vivienda y Urbanismo y su realización estuvo a cargo de una unión transitoria de empresas compuesta por las firmas Pecon SRL y Del Sol SRL que ganó la licitación, sostuvo una fuente vinculada al caso.
Según consta en el expediente, Crespo y Lucero trabajaban en una zanja donde se derrumbaron las paredes y además había un caño dañado, pero no saben si ya estaba roto o si la rotura se produjo por desmoronamiento. Lo cierto es que la zanja se inundó y los operarios, que habían quedado aprisionados por la tierra, murieron ahogados.
El caso tramitó en el Juzgado Correccional Nº 5 y la investigación se caratuló como homicidio culposo. En un primer momento estuvo en la causa la fiscal Viviana Baliche, pero finalmente el expediente pasó a manos de la fiscal María Verónica Ballari.
En octubre de 2013, por pedido de la fiscal, se llamó a indagatoria a un socio de la firma Del Sol SRL, Robert L., a Leonardo S., que era empleado de la UTE y tenía un nivel de responsabilidad en la cadena de mando, y un auxiliar de seguridad laboral que era el encargado de la protección de los operarios. También al capataz de la obra.
La investigación también vinculó al caso a un empleado de Aguas Santafesinas S.A., que en una declaración que brindó dijo que esta firma le daba a la empresa contratista los planos del lugar donde había que hacer la obra, pero les dejaba en claro que la responsabilidad en la ejecución era de ellos con respecto a la ubicación de los caños en los planos, argumentando que podría haber modificaciones, vinculadas con la pavimentación de la calle o el corrimiento de la línea de edificación, por lo que debían controlar previamente. Esta persona nunca fue indagada, sostuvo la fuente.
A pesar del pedido fiscal y de la resolución del juez citando a indagatoria, esa decisión nunca se efectivizó. Es decir nunca declaró ninguna de las personas mencionadas. A su vez, desde el juzgado se fueron realizando medidas probatorias, se tomaron testimoniales, se hicieron pericias. Además, la defensa del socio de la firma presentó un pedido de nulidad contra la resolución que dispuso la indagatoria que dilató la decisión. Pero la Cámara Penal avaló los pedidos; igual, nunca se materializó.
En noviembre del año pasado Juan José Alarcón, el único juez que quedó en el viejo sistema a cargo de los juzgados correccionales, resolvió el archivo de la causa por prescripción.
En la resolución dijo que archivaba respecto a uno de los empleados, aunque en este caso particular nunca lo habían citado a declarar. A su vez dispuso el archivo del caso respecto de los otros cuatro (a los que teóricamente había que llamar a indagatoria) bajo el argumento de que transcurrieron los plazos legales y el caso se encuentra prescripto, por lo que dispuso el archivo por prescripción. La fiscal Ballari apeló la resolución en ambos sentidos.
Ayer fue la audiencia de segunda instancia donde el fiscal de Cámaras Guillermo Corbella desistió respecto del empleado al entender que nunca fue citado y las pruebas no eran suficientes para imputarlo, y mantuvo la apelación respecto del archivo por prescripción en el que están implicadas las otras cuatro personas. Corbella sostiene que el llamado a indagatoria es un acto interruptivo de la prescripción de la acción por lo que no debe contarse el plazo desde la fecha del hecho, sino desde el llamado a indagatoria en octubre de 2013. Además sostuvo que existe una pericia en producción por parte del área de Seguridad e Higiene de la Facultad de Ingeniería para que diga si la obra se ajusta a las normas de seguridad y si los obreros contaban con las medidas de protección.
El caso pasó a un cuarto intermedio para que el juez Gustavo Salvador resuelva si reactiva la causa o consiente la prescripción dictada por Alarcón.
Dos manos intentando aferrarse a la vida
El 8 de junio, los compañeros de Crespo y Lucero no podían creer lo que habían vivido. “Vi a uno de ellos, es decir a sus dos manos fuera del barro, en cruz, tratando de aferrar una soga que le habían tirado, pero se le resbalaba entre los dedos. El hijo del hombre mayor y un policía se arrojaron al pozo para tratar de rescatar a los dos obreros que no pudieron escapar, pero en pocos minutos el agua del caño roto hizo que todo se cubriera de lodo. Las manos del trabajador que alcancé a ver se abrieron, como si se hubiera entregado, y desaparecieron bajo el barro”, relató el propietario de una casa ubicada sobre calle Unión, a escasos metros del sitio de la tragedia. “Los compañeros estaban desesperados, pero todo pasó en segundos”, añadió el vecino. “El agua se nos vino encima y por el barro la corriente los empezó a chupar”, relató por su parte uno de los compañeros de cuadrilla de las víctimas.
El lugar parecía una zona de guerra: personal de la Policía, ambulancias del Sies, varios vehículos de los Bomberos, empleados de Defensa Civil y funcionarios de la Guardia Urbana de la Municipalidad (GUM) trataban de maniobrar entre las calles cubiertas de barro y los numerosos vecinos que se aproximaron para presenciar las tareas de rescate, por lo cual fue necesario disponer vallas alrededor del sitio.
Todo parecía complicado. Con el auxilio de varios reflectores instalados cuando la luz empezaba a dificultar la visión, algunas de las bombas requirieron un arduo trabajo de los empleados de Assa para que comenzaran a extraer el agua de la zanja. Otros, en paralelo, construían a pura pala, y con la tierra y el barro de la obra, conductos por donde drenar el agua hacia las calles laterales. Hubo que esperar que bajara lo suficiente el nivel en el pozo para que así otros operarios de la empresa pudieran colocar un bypass en el caño roto que seguía inyectando líquido y de esta forma acelerar el desagote.
