Este lunes se cumplen seis años del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman en Puerto Madero, un hecho que generó conmoción en el sistema político y judicial argentino, la muerte del funcionario judicial sigue envuelta bajo un halo de misterio, con distintas hipótesis sobre quién disparó la bala que acabó con su vida, y la utilización política.
El cuerpo sin vida fue hallado por su madre Sara Garfinkel, en la noche del 18 de enero de 2015 en el baño del departamento de Puerto Madero donde vivía el fiscal, unas horas después de que se produjera su fallecimiento.
La muerte se produjo el día anterior a la presentación que tenía prevista ante el Congreso nacional para fundamentar su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner, contra su canciller Héctor Timerman y otros funcionarios del kirchnerismo por haber promovido una trama de supuesto encubrimiento a los acusados iraníes de perpetrar el atentando a la sede de la Amia en 1994, mediante la firma de un tratado de Entendimiento con la República Islámica de Irán.
La denuncia de Nisman se basaba en un supuesto pacto secreto con Irán que habría incluido, además de un intercambio comercial de granos argentinos por petróleo, el pedido del gobierno argentino a Interpol para que cesara las alertas rojas contra los acusados iraníes, y así garantizar su impunidad.
El sábado 17 de enero, el día anterior a su muerte, Nisman recibió 40 llamadas telefónicas de las entonces diputadas nacionales del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso, que son las que habían cursado la invitación al fiscal al Congreso para que profundizara el contenido de su denuncia.
Esa misma tarde, según constató la investigación, Nisman recibió de manos de su colaborador informático, Diego Lagomarsino, con quien compartía una cuenta bancaria en Estados Unidos, la pistola con la que se efectuó el disparo mortal en la cabeza.
El técnico explicaría luego que Nisman no confiaba en su custodia de seguridad, y que por eso le había pedido el arma.
A partir del momento del hallazgo del cadáver, que generó movimientos sísmicos en la opinión pública, se abrieron varias hipótesis, que se resumieron básicamente en la teoría del suicidio (ya sea voluntario o inducido) y la del asesinato político, sostenido entre otros por la ex mujer Sandra Arroyo Salgado.
Inicialmente el hecho fue investigado como «muerte dudosa», aunque la fiscal Viviana Fein informó que el disparo había sido efectuado «a una distancia no mayor a un centímetro», lo cual la acercaba a la pista del suicidio.
El 20 de mayo del 2016 se realizó una pericia por parte del Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal que concluyó que «ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médico-legales del informe técnico elaborado por la querella, en forma individual o en conjunto, indican con certeza pericial médico legal que se haya tratado de un hecho homicida».
A su vez, dictaminó que «en su muerte no habían participado terceras personas», pese a que en las manos del cuerpo sin vida de Nisman no habían encontrado restos de pólvora.
El 27 de diciembre del año pasado, tras el cambio de gobierno, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció su intención de revisar el peritaje realizado por la Gendarmería Nacional que concluyó que Nisman fue asesinado.
De acuerdo a los últimos avances de la causa, el 14 de enero, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el embargo de los bienes de la madre y la hermana del fallecido fiscal de la causa Amia Alberto Nisman y de su asesor informático Diego Lagomarsino, a casi seis años de su muerte a causa de un disparo en la cabeza.
La medida fue dictada por el magistrado en diciembre pasado, luego de que la Cámara Federal le ordenara acelerar el curso de la investigación sobre la causa de lavado de dinero que se abrió poco después de que Nisman fuera hallado muerto en su departamento de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015.
Un mes después de la muerte del fiscal, se conoció que tenía una cuenta bancaria no declarada en los Estados Unidos con 600 mil dólares y su ex pareja, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, le acercó a la Justicia la información que dio lugar al inicio de la causa por lavado de dinero.
En ese contexto, Martínez de Giorgi ordenó el embargo de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de la madre de Nisman, Sara Garfunkel; la hermana, Sandra Ruth Nisman; y de Lagomarsino, el único procesado como partícipe necesario del presunto homicidio del fiscal, por haber sido quien le entregó el arma de la que salió el disparo mortal.
El magistrado pidió, además, al Cuerpo de Peritos del Poder Judicial un estudio de la situación patrimonial y la evolución económica de los involucrados en la causa por lavado y el entrecruzamiento de los llamados para determinar si hubo comunicaciones entre todos ellos.
La causa por presunto lavado estuvo en un inicio a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Juan Pedro Zoni, quienes averiguaron que la cuenta en cuestión se encontraba en el banco Merrill Lynch y que fue abierta en 2002 por Sara Garfunkel y Sandra Nisman como titulares.
En junio de 2014 se sumó Lagomarsino como titular, mientras que Nisman figuraba como apoderado: la cuenta tenía movimientos por más de 600 mil dólares y estaba asociada a la dirección Franklin Roosevelt al 2700 de la ciudad de Buenos Aires donde se encuentra el domicilio de la madre del fiscal quien, al igual que su hija y el técnico informático, nunca consignaron en sus declaraciones juradas su existencia.
