El gobierno municipal da las puntadas finales a un replanteo integral del abordaje y atención de personas que hacen un uso problemático de drogas. Para eso puso en marcha una mesa intersectorial de adicciones, así, sin mayúsculas, sin la pretensión de inventar una nueva institución de salud pública, sino como un espacio transversal donde se coordinarán las tareas de médicos, trabajadores sociales, terapeutas y el resto de los operadores de áreas del Estado municipal que entran en contacto con situaciones de adicciones.
La mesa dependerá del gabinete social de la Municipalidad, con dos secretarías de protagonismo excluyente: Salud Pública y Promoción Social, hoy a cargo de Leonardo Caruana y María Laura Capilla, respectivamente.
En la práctica, esta mesa recibirá las situaciones que presentarán los equipos técnicos de los centros de convivencia barrial, centros de atención primaria de salud, hospitales, escuelas, entre otros y, siempre con mirada interdisciplinaria como regla, tomará decisiones sobre cómo abordar las problemáticas detectadas en el territorio o con qué herramienta del Estado local se atiende cada situación.
Además la mesa ordenará los recursos económicos y humanos y conducirá la estrategia de abordaje de la problemática. Algo más: estará abierta a asesorar a la población en general, es decir a aquellos casos de adicciones conflictivas que no llegaron vía alguna de las instituciones antes mencionadas.
También definirá con qué tipo de tratamiento, cuando sea necesario, se abordará cada caso. Además de los equipos de salud mental propios, la Municipalidad tiene convenios con distintas organizaciones no gubernamentales y otras instituciones donde deriva la atención, ya sea ambulatoria (centros de día) o con internación. Esa diversidad de entidades, donde están desde las iglesias católica y las evangélicas, hasta entidades que trabajan con enfoques más abiertos, de reducción de daños (su objetivo sería un mundo sin abuso de drogas) y donde lo central, más allá de la sustancia, es el vínculo que el sujeto establece con ella de modo que no sea el consumo su único proyecto de vida.
Para Paola Cocconi, directora de Salud Mental de la provincia, esa diversidad es importante. “Hay que tener disponible la más amplia gama de tratamientos posibles, porque para la subjetividad humana no hay una única forma de abordar el problema, como podría ser una neumonía donde se sabe de antemano que hay que aplicar uno o dos medicinas y al cabo de un tiempo se cura”.
El enfoque conceptual
Cocconi explicó que la mesa intersectorial de adicciones “busca dar un acompañamiento más fuerte del que se da hoy, que se necesita un trabajo más orientado y ordenado”. Su referencia a las complejidades que brotan en muchas de las situaciones de consumo problemático de drogas, sobre todo en chicos y jóvenes de entre 14 y 30 años que se mueven dentro de lo que se denomina “El círculo de la pobreza”, lo cual requiere abordaje médico y psicológico, pero también de acompañamiento en otros frentes: es recurrente el caso de pibes que para dejar de vender drogas tienen que mudarse de barrio. Eso implica acompañarlos en ese proceso, mantener contacto, acompañarlos y protegerlos.
Hace dos décadas que la Municipalidad de Rosario comenzó a abordar (a contramano de las políticas nacionales) el problema del abuso de drogas desde la reducción de daños. Sin dejar de lado las críticas que ese enfoque recibe de quienes defienden la perspectiva del prohibicionismo, hoy los equipos de trabajo tienen una línea conceptual clara en cuanto al abordaje de la problemática.
Por un lado, lo central de la respuesta que se intenta no pasa por la sustancia consumida sino por el sujeto y el vínculo que establece con la sustancia (drogas prohibidas, legales, alcohol y hasta ludopatía). Esto implica que en todos los casos, la respuesta que el Estado le tiene que dar siempre es interdisciplinaria; la solución no es un método de curación modelo a aplicar.
Por otro lado, el prohibicionismo como eje de las acciones desde el Estado afecta a los sectores sociales más pobres, a la vez que aleja a aquellos con problemas de adicción del acceso a la salud, ya sea por miedo a que alguien lo denuncie, a la vergüenza social, entre otras posibilidades.
Esta mirada requiere la comprensión de las circunstancias que afectan el modo de vinculación de una persona con sustancias adictivas son muchas: de comunidad, familiares, grupos de pertenencia, características personales, posibilidades de accesos, aceptación social y cultural de los consumos, historias y proyectos de vida. Y que el consumo problemático afecta a todas las edades y en algunos casos a los más adultos.
“La situación nos obliga a llegar de otra manera”
El secretario de Salud Pública, Leonardo Caruana, lo dice con todas las letras: “La complejidad de la situación en materia de adicciones nos interpela como Estado. Nos obliga a intentar llegar de otra manera que no es la tradicional cuando se detectan casos de uso problemático de drogas, en especial con chicos que no consultan por sí mismos en un centro de salud, que se juntan a lo mejor en la puerta o la esquina, pero no entran. No acceden a lo que el sistema de salud denomina Nivel 1, que son los centros de salud; son el nivel 0”.
“Nos costó mucho romper la lógica de funcionamiento de compartimentos en los que uno le tira el problema a otro. Nos llevó un año de debate –confiesa Caruana en relación a cambiar el abordaje desde el trabajo de campo–. Y si hoy podemos contactar y captar en el territorio es porque teorizamos, discutimos, planificamos. Significa encontrar otra forma de ver y hacer nuestro trabajo. ¿Por qué tengo que salir (a la calle a contactar chicos) si me pagan por estar en el consultorio? Siempre es más fácil organizar el trabajo con turnos para los pacientes que vienen como en un sanatorio”.
