En medio de algunos hechos de violencia en boliches bailables y sus adyacencias y discusiones en torno a la instalación de cámaras de seguridad y otras medidas para prevenirlos –o al menos ayudar a actuar ante ellos– volvió a quedar sobre el tapete la necesidad de darle una nueva regulación a la actividad nocturna en la ciudad. Funcionarios municipales y concejales se han reunido en el último tiempo varias veces (sobre todo los primeros) con los actores del sector privado con el fin de buscar consenso y avanzar hacia una nueva ordenanza de espectáculos públicos. Sin embargo hasta ahora no ha habido demasiado entendimiento, y a pesar de que todos coinciden en que la normativa vigente ha quedado vetusta, nada cambia.
La idea de modificar la vieja ordenanza de espectáculos públicos (la 7.218, que data del año 2001), que regula integralmente la actividad nocturna en la ciudad, aún sigue sin resolución. El tema se ha instalado con fuerza (sobre todo a partir de anuncios del Ejecutivo que no se concretan) desde hace al menos dos años, pero no se han dado pasos concretos.
De alguna forma la discusión en torno a cómo debe regularse la noche y, sobre todo, el control y las sanciones a bares y boliches que cometen faltas de forma reiterada (y que generan un ambiente conflictivo en su entorno barrial) volvió al centro de la escena en los últimos días. En el bar Al Diablo, ubicado en la zona de barrio Parque Casas, cinco jóvenes fueron heridos de bala en la puerta desde un automóvil Renault 9 la semana pasada. Uno de ellos llegó a recibir dos tiros en el estómago, por lo que le tuvieron que extirpar un riñón.
En tanto, desde el Concejo han venido señalando que allí han canalizado en el último tiempo una gran cantidad de denuncias (las cuales, dicen, van en aumento) de vecinos por ruidos molestos y hechos de vandalismo y violencia en la zona donde habitan (ver aparte), además de locales que declaran ser “bares con amenización musical” pero funcionan como boliches bailables.
Una despacho que quedó ahí
La idea de darle un nuevo marco regulatorio modificando la ordenanza vigente que rige para la actividad nocturna tuvo, en rigor, un tímido primer paso en el Legislativo, aunque hasta ahora nada se concretó.
En diciembre del año pasado la comisión de Gobierno le había dado despacho a un proyecto de la edila radical Daniela León que le permitía a los boliches habilitados para mayores que puedan funcionar hasta dos veces al mes para menores, sin venta de alcohol. A su vez, también se dispuso que la única discoteca que funciona para los más chicos en la ciudad pueda abrir sus puertas para los adultos. Todo durante un período de prueba de medio año, tras lo cual el Ejecutivo debía remitir un balance del impacto generado.
Lo cierto es que finalmente aquella propuesta nunca prosperó y no se trató en sesión plenaria. La idea no logró el consenso necesario sobre todo en ediles opositores, por lo que seguirá en las gateras.
Una historia de anuncios
En tanto, desde antes de aquel despacho y aún hasta estos días en el municipio se han venido reuniendo con empresarios de la noche (quienes a su vez han estado en más de una oportunidad en el Concejo Municipal) y divulgando proposiciones sin éxito para avanzar así hacia la tan mentada reforma.
Desde el Ejecutivo habían anunciado a algunos medios de la ciudad a finales de 2011 que se analizaba la posibilidad de radicar grandes discotecas en tres nuevas zonas no tan alejadas e integradas al espacio urbano, pero con presencia de menos vecinos. Mucho había sorprendido entonces la idea de que uno de esos sitios sea la cabecera del Puente Rosario-Victoria, cuestión que fue duramente cuestionada.
Tras eso, a principios del año pasado también se había señalado mediáticamente que era inminente la llegada al Concejo de una propuesta municipal de extender el horario de cierre de los boliches hasta la 6 para que los jóvenes salieran de bailar ya con la luz del día. Además, se anunció ese mismo momento que se eliminaría la figura del bar con amenización musical y sería reemplazarlo por el pub con show en vivo y baile, quedando en manos de los empresarios los operativos de seguridad y de tránsito. Pero el proyecto nunca llegó a debatirse en el Palacio Vasallo.
Finalmente, a principio de este año se mencionó oficialmente la necesidad de contar con mejores herramientas para controlar y sancionar locales. Es que actualmente hay espacios donde incluso se le dificulta el ingreso a los propios inspectores. La intención de la Municipalidad es la de dotar a los jueces de faltas de mayores elementos legales para decretar la caducidad de la habilitación ante faltas reiteradas, aunque algunas sean no sean consideradas “graves”. Lo cierto es que esta cuestión también se sigue discutiendo.
La voz oficial y la replica
En diálogo con El Ciudadano, el director de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios de la Municipalidad, Gregorio Ramírez, admitió que la ordenanza de espectáculos públicos ha quedado anacrónica y justificó la dilación de resoluciones con el hecho de que una eventual reforma implica el análisis de gran cantidad de “cuestiones técnicas, finas, no sólo conceptuales”.
“Por una cosa u otra, o por los propios temas de agenda, el debate al final se posterga. Pero también es cierto que tenemos que darnos una discusión madura ya que en el medio también hay muchas fuentes de trabajo. Y eso lleva tiempo”, agregó.
En tanto, la concejala radical María Eugenia Schmuck destacó que su bloque ya ingresó al Palacio Vasallo una “reforma integral” de la ordenanza de espectáculos públicos. Entre otras cosas, la misma plantea que “se determine la clausura efectiva inmediata de locales que acumulen tres faltas o cometan una falta grave”.
Y cuando el Concejo debatió sobre el fatal hecho en la puerta del boliche Yamper trascendió que éste era uno de los locales que, precisamente estaban “tergiversando el rubro” ya que a todas luces no se trataba de un “bar con amenización musical”.
En ese marco, el concejal Héctor Cavallero, del Partido del Progreso Social, expuso su propuesta de cambiar el registro de oposición por otro en sentido contrario: un “registro de aceptación”, para el caso de lugares de diversión nocturna, entre otros, dejando el mecanismo anterior sólo para “grandes obras públicas como gas, cloacas o agua”.
