«El Gobierno alcanzó un acuerdo con el FMI que le permitirá disponer de U$S 4.700 millones de la deuda contraída por el expresidente Alberto Fernández”. El texto fue publicado en la cuenta Oficina del Presidente Javier Milei de la red social X. En realidad, lo que se anunció es la continuidad del acuerdo firmado en la anterior gestión pero para pagar vecincimientos de la extraordinaria deuda asumida con el FMI en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, y cuando el actual ministro de Economía, Luis Toto Caputo, oficiaba como ministro de Finanzas tras un desdoblamiento de la cartera económica.
Ayer, Caputo anunció que el FMI girará 4700 millones de dólares para Argentina no caiga en default. Como contrapartida, la administración libertaria se comprometió a un ajuste extremo que, al decir del presidente Javier Milei, es mayor al que el propio Fondo está dispuesto a exigir y cuyas consecuencias socioeconómicas comenzaron a hacerse visibles.
— Oficina del Presidente Javier Milei (@OPRArgentina) January 11, 2024
Caputo, en 2018, había asegurado que el préstamo del organismo multilateral permitiría cubrir las necesidades de financiamiento hasta la finalización del mandato de Cambiemos. Fue durante un encuentro con agentes de bolsa, aseguradoras y fondos comunes de inversión que mantuvo junto a otro actual funcionario: Santiago Bausili. El mismo que en diciembre pasado fue desprocesado por la Cámara Federal porteña justo el día en que Milei lo designó titular del Central. En la causa conocida como «Megacanje II», estaba procesado bajo acusación de beneficiar, como secretario de Finanzas, a su ex empleador en el sector privado, el Deutsche Bank. Otro de los involucrados en el mismo expediente era, precisamente, «Toto».
Antes del préstamo con el FMI, Caputo, como secretario de Finanzas, jugó un papel clave en la negociación con los holdouts, los fondos buitre que no aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010 con los cuales el país mantenía un juicio. El fallecido juez estadounidense Thomas Griesa falló a favor de ellos, ordenando que Argentina pagara la totalidad de lo reclamado. Caputo se encargó de reunirse y negociar con el mediador del juicio, y el Gobierno accedió a pagarles 9.352 millones de dólares estadounidenses. Según el diario británico Financial Times, para pagar esa deuda Argentina emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996. Aún así, después surgieron los llamados fondos de «tercera generación», que iniciaron nuevos juicios contra el país.
En 2016, el fallecido fiscal Federico Delgado pidió investigar el pago del Estado a los holdouts. Lo hizo mediante un escrito en donde exponía posibles irregularidades legales y procedimentales en el cálculo, la aceptación y el pago. Con numerosas pruebas, calificaba al endeudamiento por 16.500 millones de dólares que encaró la administración macrista para cancelar en efectivo 12.500 millones de dólares a los bonistas en default como «el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional».
Un año después, el periodista estadounidense Greg Palast dio una entrevista en donde aseguró que Paul Singer, dueño del fondo buitre Elliot, financió con 2,5 millones de dólares la campaña presidencial de Macri en 2015, para de este modo asegurarse una ganancia exponencial sobre su juicio contra Argentina. En dicha maniobra y en el arreglo que haría el gobierno de Cambiemos con su corporación especulativa, obtuvo ganancias de un 10 mil por ciento. Consultado acerca de su relación con Paul Singer, Macri declaró luego que no lo conocía y que no le constaba que haya hecho un aporte a su campaña.
En septiembre de 2018, el mismo Toto Caputo era presidente del Banco Central. Y tras haber participado del mega préstamo con el FMI, quemó en el mercado cambiario parte de las reservas ingresadas con la toma de esa deuda para contener sin éxito una nueva devaluación. En rigor, vendió dólares baratos a especuladores que fugaron esas divisas. La propia directora del Fondo, Christine Madeleine Lagarde, pidió el desplazamiento del cargo del ahora ministro al momento de renegociar el programa de endeudamiento con el gobierno de Cambiemos, apenas tres meses después de iniciarlo y por los incumplimientos de los compromisos asumidos desde el vamos.
Durante el gobierno de Macri, la deuda externa pasó de 63.580 millones de dólares en diciembre de 2015 (14% del PBI) a 167.514 millones de dólares en junio de 2019 (40% del PBI),. Se trata de un aumento del 163% en términos nominales y del 185% en relación con el PBI. Cerca de la mitad de ese incremento de 103.934 millones de dólares se explican por el préstamo efectivamente entregado por el FMI: 44.500 millones de dólares.
En una lista de 173 países que mide el Banco Mundial, sobre el monto total del crédito bancario al sector privado, la Argentina aparecía en 2018 entre los siete con el menor nivel. Desde 2017, estaba entre los peores siete países del mundo en cantidad de préstamos bancarios, debido a la recesión y la inflación, equivalente a 7,4 % del PBI, solo superando a Mauritania, Afganistán, Sierra Leona, Congo, Yemen y Gambia.
Por el préstamo «político» del FMI al gobierno de Macri, como en 2020 admitió Mauricio Claver, quien fuere un alto miembro del equipo del ex presidente Donald Trump, ahora la Argentina debe pagarle al organismo 1.915 millones de dólares en enero, 763 millones en febrero y 1.915 millones en abril, sumando 4.592 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año. El «acuerdo» anunciado por Caputo este miercoles, en verdad, es retomar el llamado de «facilidades extendidas» por el cual el Fondo gira lo que de inmediato cobra por otra ventanilla, para evitar la entrada en default.
