La intimación que el juez federal de Victoria Federico Martín dictó contra un productor ganadero para que demuela una parte de los 23 kilómetros de terraplenes que construyó ilegalmente en una zona de humedales cercana al puente Rosario Victoria fue celebrada por distintas agrupaciones ecologistas que calificaron la decisión judicial como un “hito relevante” en la lucha contra endicamientos clandestinos que dañan de forma irreparable la geografía isleña. Pero también despertó cuestionamientos por parte de la ONG que inició la demanda que tildó la medida como “parcial” y con “años de demora”, que mantiene la ilegalidad de cientos de kilómetros de terraplenes en la provincia de Entre Ríos que se encuentran en la misma circunstancia.
Días atrás, el juez Federico Martín intimó al productor ganadero Martín Esteban Stenner a derribar cerca de cien metros de los 23 kilómetros de terraplenes que hay construidos ilegalmente dentro de su propiedad, a la altura del kilómetro 43 de la traza vial Rosario-Victoria, una zona de humedales conocida como Paranacito, en el marco de una acción judicial que inició la Asociación Civil Cuenca Río Paraná durante la pandemia.
Hace un año, la ONG solicitó la demolición de los terraplenes a partir de una resolución incumplida de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos y la intervención del Municipio de Victoria. No obstante, la decisión del juez Martín llegó días atrás ante una situación de emergencia que le notificó en su despacho el martes de la semana pasada el intendente Domingo Maiocco. Por medio de un escrito formal, el mandatario municipal dejó constancia formal que la proyección de la crecida del río Paraná y la existencia de un terraplén ilegal que no ha sido derribado representaba un “riesgo” en la conexión vial Rosario-Victoria. En la nota trasmite indicaciones técnicas emitidas por el ingeniero a cargo de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos y su gestión ante la Secretaria de Medio Ambiente de Victoria para conseguir autorización para la demolición de un terraplén ubicado a la altura del puente Paranacito, propiedad de Stenner.
De esa manera, el juez Martín intimó a productor para que demuela un tramo de unos 100 metros que ponía en riesgo la conexión vial entre ambas ciudades.
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Para la Asociación Civil Cuenca Río Paraná que inició la causa, la medida del juez Martín es insuficiente y llega tarde. “Recién un año después y en total emergencia por la crecida del río Paraná, sin respetar el debido proceso de citar a la ONG demandante ni al Comité de Emergencia que constituyó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Martín toma una decisión intempestiva sin las previsiones deseables”, reclamó el representante legal de la entidad, Fabián Maggi.
Al respecto esgrimió que si bien el juez Martín reconoce que los terraplenes perturban el ecosistema, no permiten el fluir natural de las aguas en períodos de intensas sequías y pueden ocasionar daños con la creciente, “no se entiende por qué tardó un año en ordenar la demolición y cuando lo hizo fue solo sobre una pequeña porción de unos cien metros, manteniendo la ilegalidad de otros terraplenes que están en la misma circunstancia”. En ese sentido Maggi dijo que en las islas entrerrianas son cerca de una veintena los terraplenes ilegales que suman cientos de kilómetros.
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“Hito relevante”
Por su parte, distintas organizaciones ecologistas de la región celebraron la resolución del juez Martín al entender que puede ser un buen antecedente para el resto de causas que buscan remediar el impacto ambiental que provocan emprendimientos empresariales en las zonas de humedales.
En un comunicado conjunto, ambientalistas de El Paraná no se Toca, Somos Humedal Victoria, Salvemos los Humedales, Ecocamping Los Benitos, Taller Ecologista y Multisectorial Humedales Rosario tildaron el fallo como un “hito relevante” tras más de una década de luchas y denuncias: “Finalmente una resolución judicial obliga a demoler un terraplén ilegal en la zona de humedales del departamento Victoria, Entre Ríos”.
En el comunicado detallan que esa medida de la Justicia federal está motivada “por una resolución incumplida que dictó en 2022 la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y la intervención del municipio de Victoria”.
Los ecologistas consideraron la acción judicial como “hito relevante, punto de inflexión y ejemplo de remediación para todas aquellas obras de terraplenamiento y movimiento de suelo efectuadas «de facto» y sin evaluación de impacto ambiental alguna”.
Al respecto, remarcaron que “hoy encontramos estas obras dispersas en toda la superficie del territorio de humedales del río Paraná”.
Luego añadieron que los terraplanamientos “viene a dar un sentencia de muerte a la dinámica natural propia de estos territorios, poblados de una biodiversidad tan rica como agredida”.
Y que tal problemática “debe ser de una vez por todas superada por decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales que lejos de ignorar o ser complacientes, vengan a poner orden y justicia, con un mirada puesta en la preservación de los bienes naturales comunes”.
Además, los ambientalistas califican de “positivamente importante” la medida judicial que sigue en curso “pero que tiene ya resultados concretos, y seguimos involucrados plenamente en la temática, donde hoy se ha dado un paso trascendente”, sostienen.
Por último, reiteraron la importancia de la reciente aprobación del Plan de Manejo de la Reserva Humedales e Islas de Victoria por parte del Concejo Municipal de esa ciudad del sur de Entre Ríos.
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