El ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, quiere volver a trabajar como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), un cargo que ganó por concurso en 2018 y que ocupó hasta diciembre de 2019, cuando se sumó al gabinete del gobernador Omar Perotti. El titular del MPA, Jorge Baclini, se encuentra analizando el pedido de Sain. Mientras tanto, un grupo de 27 diputados de la oposición le pidió a Baclini que no permita el regreso del ex funcionario provincial, sobre quien pesa un pedido de juicio político que se tramita en la Legislatura provincial.
La oposición pone en marcha el juicio político contra Sain; desde el PJ dicen que “no tiene sentido”
Sain renunció al Ministerio de Seguridad el jueves 18 de marzo, cercado por la oposición y también por sectores del oficialismo con los que mantuvo fuertes enfrentamientos, como los senadores alineados con el sanlorencino Armando Traferri. Esta semana, pocos días después de dejar la conducción del Ministerio, se presentó en el MPA para pedir formalmente ser reincorporado como director del Organismo de Investigaciones, cargo del cual pidió licencia 15 meses atrás para sumarse al gabinete del gobierno provincial.
Desde el MPA no se manifestaron sobre el regreso de Sain al Organismo de Investigaciones. Tampoco lo hizo el fiscal general Baclini. Solo se pudo saber que por estos días se llevan adelante una serie de trámites administrativos vinculados a la posible vuelta del ex ministro a su cargo anterior. Se espera que en los próximos días haya una confirmación oficial al respecto.
El sainete del posible regreso del ex ministro de Seguridad al Poder Judicial está atravesado por una disputa política en torno a las llamadas “leyes anti-Sain”, sancionadas a fines del año pasado mediante un acuerdo entre el Frente Progresista y los senadores que responden a Traferri y vetadas pocos días después por el gobernador Perotti.
Una de esas normas, ahora de nuevo en disputa, establece incompatibilidades para que los funcionarios que hayan tenido cargos en el Poder Ejecutivo no puedan volver a cumplir funciones en la Justicia. Esas normativas no están aun vigentes porque el gobernador las vetó a finales de 2020. Pero luego no envió los vetos para que las cámaras legislativas los ratifiquen. Por ese motivo, a partir del 1º de mayo, con la reanudación de las sesiones ordinarias, la Legislatura estará en condiciones de refrendar ambas leyes y, si eso ocurre, el gobernador no podrá volver a objetarlas. Mientras eso no ocurra, Sain puede volver al MPA o al menos intentarlo.
“Inhabilitado”
Un grupo de 27 diputados provinciales del Frente Progresista, Cambiemos y los bloques celestes presentaron un escrito ante el MPA para pedir que Sain no vuelva a ocupar cargo de director del Organismo de Investigaciones. En paralelo, uno de los jefes del interbloque del Frente Progresista, Pablo Farías, pidió que el INADI actúe de oficio ante los dichos injuriantes del ex ministro que circularon semanas atrás por las redes sociales, en los que se refiere a la Policía santafesina como “negros pueblerinos”.
Los diputados opositores quieren que Baclini se involucre en la avanzada institucional contra Sain. En su escrito, argumentaron que el ex ministro de Seguridad está “inhabilitado” para volver al MPA y para sostener ese punto se basaron en una de las leyes sancionadas a fines del año pasado, que establece la incompatibilidad para que los integrantes del Poder Ejecutivo vuelvan a ocupar cargos en el Poder Judicial.
“Si bien al dejar de ejercerse el cargo en la órbita del MPA, pudo pensarse –en abstracto– que no se verificaban los efectos de la incompatibilidad y prohibición, no obstante –en esta instancia– permitir su reincorporación y posterior permanencia determinaría que esas incompatibilidades y prohibiciones se vuelvan patentes y surtan los nefastos efectos que precisamente la Constitución provincial y las leyes 10.160, 13.013 y 13.459 pretendieron evitar”, señalaron los legisladores en la nota dirigida a Baclini.
Entre otros fundamentos, los legisladores señalaron que, más allá de las razones legales, hay situaciones “del sentido común” que determinan la inhabilitación de Sain, como “su permanente desprecio por las instituciones y los actores de la vida pública de la provincia” y argumentan que por ello “debe iniciarse el proceso de remoción” del cargo que ganó por concurso a mediados de 2018 y que asumió en diciembre de ese año.
Además, destacan que la vuelta de Sain al MPA generará una situación de incompatibilidad ya que el propio ex ministro deberá investigar al gobierno del que fue parte y a otros integrantes del Poder Ejecutivo, lo que generaría un problema en la gestión de los distintos ministerios, por ejemplo, en Seguridad, donde hubo licitaciones observadas por la Justicia provincial.
El escrito lleva las firmas los diputados del Frente Progresista Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco, Gabriel Real, Mónica Peralta, Claudia Balagué, Lionella Cattalini, Sergio Basile, Fabián Bastía, Juan Cruz Cándido, Esteban Lenci, María Laura Corgnalli, Silvana Di Stéfano, Marlén Espíndola, Clara García, José León Garibay, Marcelo González, Érica Hynes, Gisel Mahmud, Pablo Pinotti, Jimena Senn y Lorena Ulieldín; de sus pares de Cambiemos Julián Galdeano, Alejandro Boscarol, María Ximena Sola y Gabriel Chumpitaz y de la diputada del bloque Somos Vida Amalia Granata.
Contradicciones
“Tenemos una postura muy clara –sostuvo el diputado Joaquín Blanco al ser consultado por El Ciudadano–. Institucionalmente nos parece que es una incompatibilidad enorme e inédita la de Sain, volviendo de ser ministro de Seguridad a un cargo de investigación en la Justicia. Se da la contradicción de que, si Sain retoma su cargo, se tiene que investigar a sí mismo, porque esa área (el Organismo de Investigaciones) entre otras cosas tiene que investigar los delitos de las fuerzas de seguridad y también los de los funcionarios que tuvo a su cargo”.
“La incompatibilidad es muy clara y por esos motivos creemos que Sain no tiene que volver a ocupar ese cargo. Pero además por su conducta: Sain se fue del gobierno con una denuncia penal presentada a raíz de una licitación a todas luces amañada para la compra de armas israelíes y con un pedido de juicio político, además de las declaraciones agraviantes que hizo. Creemos que éticamente no está en condiciones de volver a ese lugar”, concluyó Blanco.
