Diputados nacionales de la oposición pidieron hoy que se cite en el Congreso a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que brinde explicaciones sobre las presuntas tareas de espionaje de la Gendarmería Nacional, al tiempo que la abogada Myriam Bregman puso bajo la lupa la investigación judicial al respecto.
En un proyecto de resolución, los diputados Federico Pinedo y Gabriela Michetti (PRO); Ricardo Buryaile (UCR); Gerardo Milman (GEN); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Patricia Bullrich (Unión por Todos) y Ramona Pucheta (MIJD) pidieron que Garré se presente ante la Comisión de Seguridad de la Cámara baja.
Los legisladores pretenden que la ministra dé explicaciones sobre el llamado «Proyecto X», una operación que consistiría en la infiltración de efectivos en las protestas sociales para recabar información de sus cabecillas y almacenarla en una base de datos.
Según difundió el último miércoles un programa televisivo periodístico, el jefe de Gendarmería, Héctor Schenone, habría admitido ante la Justicia la puesta en marcha de esta operación, cuya base de datos habría sido utilizada en diversos procesos judiciales.
El diputado Amadeo sostuvo que «el Gobierno ya no puede ocultar su profundo autoritarismo» y señaló que «el reiterado intento por silenciar a los medios, y el espionaje a opositores, son dos caras de un proyecto cada vez menos democrático».
Por su parte, el diputado del PRO Jorge Triaca consideró que «hay que investigar las responsabilidades técnicas en la Gendarmería y también las políticas» al tiempo que afirmó que «en esto debería intervenir la Justicia».
En tanto, la abogada Myriam Bregman denunció que «hay reticencia a entregar información» por parte de la Justicia sobre el caso que fue denunciado en noviembre pero que cobró fuerza en las últimas horas.
La abogada y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) presentó, junto a organismos de derechos humanos, una denuncia contra Gendarmería por realizar supuestas acciones de espionaje en manifestaciones sociales y entregar esos datos para su uso en procesos judiciales.
Bregman remarcó que la denuncia fue presentada en noviembre y consideró que «ha pasado un tiempo importante como para que se le esté dando tan poca importancia a una causa de tanta gravedad».
En declaraciones a Noticias Argentinas, la letrada denunció que los juzgados que recibieron datos de Gendarmería, presuntamente provenientes de esas tareas de espionaje, tienen «reticencia a entregar información» para el avance de la causa.
La denuncia contra la fuerza se encuentra en el Juzgado Federal número 7, actualmente subrogado por el juez Norberto Oyarbide, quien libró oficios a cada uno de los juzgados que recibieron información de Gendarmería para que se la remitieran.
Sin embargo, Bregman indicó que «algunos han entregado información y otros todavía no han entregado nada» y, en este sentido, afirmó que «hay reticencia a entregar información».
«Nosotros pedimos muchas medidas de prueba, ahora nos queda esperar qué medidas va a tomar el juzgado o si le da una nueva vista al fiscal», agregó Bregman.
En tanto, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió hoy que «la Justicia investigue a fondo y se sepa la verdad lo antes posible» porque, según consideró, sería «terrible» que Gendarmería haya confeccionado una base de datos sobre dirigentes sociales y gremiales.
«Es volver a la Argentina de las peores épocas», estimó Rodríguez Larreta, y agregó: «Estas cosas hay que aclararlas y rápido. No podemos tener la duda de si están pasando o no. Si se confirma, sería una pésima noticia».
Por su parte, el senador del Frente Amplio Progresista (FAP), Jaime Linares, consideró que «en un Estado democrático, las fuerzas de Seguridad no pueden ser espías, ni infiltrados de los trabajadores y dirigentes sociales»
«Estas acciones demuestran que el Gobierno no tiene nada de popular porque apela a los mismos mecanismos a los que recurrieron las fuerzas represivas de la Argentina», sostuvo Linares, quien dijo que «la Gendarmería está violando la ley de inteligencia sancionada en 2001 y vulnerando la Constitución».
En tanto, el diputado radical Juan Pedro Tunessi presentó un proyecto en el que le solicita al Poder Ejecutivo que informe «si ha dispuesto la realización de tareas de inteligencia y acopiamiento de datos de líderes de movimientos sociales y gremiales».
En su propuesta, Tunessi pidió al Gobierno que aclare «si tiene conocimiento de la existencia del denominado Proyecto X» y, «de no haber sido oficialmente ordenada» su creación, «qué medidas internas disciplinarias y de índole administrativo se tomaron frente a las denuncias de su existencia».
