Los precios internacionales de commodities proyectan millonarios ingresos para el complejo sojero en Argentina y para las arcas del Estado, pero a su vez determinan un inevitable traslado a precios que padecen reiteradamente los consumidores. Si bien al gobierno nacional se le presenta la posibilidad de acceder a los dólares que tanto necesita, los incrementos (en particular) de la soja, pero también del maíz y trigo, repercuten en la estructura de costos de producción, que presionan sobre el elevado nivel de inflación que continúa socavando en el poder adquisitivo de los ingresos.
Los aumentos del maíz y el trigo provocan un traslado directo a la elaboración de alimentos de consumo masivo. Tanto para la proteína animal en el primer caso, como para la panificación en el segundo, ambos tienen importante incidencia en costos de producción para productos de consumo masivo.
En el caso de la soja, el incremento de su precio internacional no tiene significativa relevancia en costos de elaboración, ya que su consumo interno es marginal. Pero sí tiene una incidencia directa sobre el valor de los alquileres rurales, una variable que conforma los componentes de costos para los principales cultivos.
El indefectible traslado a precios al consumidor se dará en el marco de un contexto inflacionario complejo que despierta la preocupación del Ejecutivo nacional. Una de las alternativas que “está en análisis” según reconoció hace pocos días la secretaria de Comercio Interior Paula Español, es la de subir las retenciones al agro para desacoplar los precios internacionales de los del mercado doméstico.
Esta semana la diputada nacional por el Frente de Todos, Fernanda Vallejos, propuso una serie de claves para recuperar el ingreso real de los asalariados. Uno de los pilares de la propuesta tiene que ver con subir las retenciones a productos primarios de exportación, e hizo especial mención a la soja, trigo y maíz. Aseguró que en el marco de la Ley vigente, las alícuotas “se podrían subir tres puntos más”.
Cotizaciones récord
Durante las últimas semanas los valores de las commodities mostraron una evolución exponencial, lideradas por el precio de la soja que el lunes pasado superó los 600 dólares y de esa manera duplicó su valor en catorce meses.
El maíz, por su parte, cotizó a 95,3 dólares la tonelada, precio comparable al de 2013 y 148% más elevado que el de fines de abril del año pasado. El trigo registró un valor de 273,6 dólares la tonelada, es decir, 61,8% más que hace ocho meses.
Estas cotizaciones y los indicadores a futuro que hablan de una continuidad en la tendencia alcista, respaldan, e incluso mejoran, las últimas proyecciones elaboradas por la Bolsa de Comercio Rosario, que durante el mes de abril, pronosticó un ingreso récord de divisas para la campaña 2020/2021 de soja a partir de las exportaciones en el sector.
De hecho la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara – Cec) corrigieron y mejoraron las estimaciones de la BCR con datos publicados este fin de semana.
Para el gobierno nacional, esta situación traza un camino que se bifurca en dos. El primero de ellos le permite el acceso a una suma millonaria en dólares a partir de los derechos de exportación que tenga que declarar el complejo sojero para la campaña 2020/2021.
El segundo camino está pavimentado por los efectos colaterales que provoca la suba de insumos primarios. Se trata del indefectible impacto que esos aumentos generan en los precios internos.
Aumentos trasladados a la producción
Consultado por El Ciudadano, el economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) Cristian Berardi, explicó que, si bien la soja es la que registra los valores más altos, las commodities con mayor incidencia en el precio de los alimentos internos son el trigo y el maíz.
Estimó que el 80% de esa cosecha se vuelca al consumo interno. En el primer caso en mayor proporción a la industria de la panificación y sus derivados y en el segundo al engorde vacuno, porcino y avícola.
“El otro problema es la concentración de mercado, el trigo lo tenemos concentrado en agroexportadoras de la región, igual que sucede con la producción cuando las moliendas acuerdan un precio. En este caso la incidencia del valor internacional en precios suele ser de un 10%, pero después tenés el efecto especulativo en cada cadena”, detalló el economista.
Por su parte, el economista del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher, sintetizó el traslado del aumento de los precios internacionales a productos locales, como un fenómeno en el que “quien puede exportar a un precio determinado, quiere cobrar ese mismo valor en el plano local”.
Alquileres rurales atados a la soja
Más allá de que la soja no tenga traslado a precios por su escaso consumo interno, representa una variable fundamental en la composición de costos, ya que los alquileres rurales destinados a los principales cultivos tienen su valor atado a la evolución de este commoditie.
Consultado respecto al tema, el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) David Miazzo, explicó cuál es la cuestión a atender ante el aumento histórico de la soja en el mercado de Chicago.
“Los alquileres rurales se miden en quintales de soja, eso genera que ante un aumento en el precio internacional de la tonelada, se mueva el precio del alquiler. Si por ejemplo la soja valía 250 dólares hace un mes y ahora 330, en esa proporción van a aumentar los alquileres”, señaló.
La cotización histórica determina una mejora en la rentabilidad para quienes se vuelcan al cultivo de soja. Esto genera una mayor demanda que a su vez impacta en el precio de los alquileres.
En ese sentido, el referente de Fada agregó: “Un campo promedio paga 10 quintales de soja por alquiler, teniendo en cuenta que un quintal es una tonelada, pero que además hay que sumarle la creciente demanda, ese campo promedio puede valer 11 quintales”.
De acuerdo al último relevamiento realizado por Fada, en marzo la incidencia del costo de la tierra en la estructura de costos representaba un 27% para la soja y un 18% para el maíz. El aumento de los precios internacionales determinan un incremento en los costos que debe afrontar el sector y que luego se trasladan a precio de productos internos.
Tres puntos más de retenciones
Ante estas variables, y en medio de un contexto inflacionario que no da tregua a los bolsillos, el oficialismo deberá, (primero) discutir hacia adentro y luego hacia afuera, las alternativas que le permitan ponerle un freno a los aumentos constantes en alimentos.
Una de las herramientas que tiene sobre la mesa el gobierno nacional, y que incluso ratificó a fines de abril la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, es la posibilidad de aumentar las retenciones para desacoplar los precios internacionales de los locales.
En esta cuestión hizo hincapié la diputada nacional por el Frente de Todos Fernanda Vallejos. Durante la semana presentó una propuesta que contempla, entre otras cuestiones, la suba a los derechos de exportación y la instauración de cupos a la carne para darle algo de alivio a los ingresos de trabajadores.
“El conflicto distributivo en nuestro país está marcado por esta superposición entre la canasta de consumo popular y la canasta de exportaciones, es por esta circunstancia que se requiere de la intervención decidida del Estado y, particularmente, de políticas que, sin afectar las cantidades exportadas, desacoplen el precio internacional de los productos primarios de exportación de los precios domésticos de los alimentos”, manifestó.
En ese sentido reparó en la evolución que registró el precio de las commodities agropecuarias durante la última parte del 2020, situación que impactó en precios locales, a partir de un fenómeno que denominó “inflación importada”.
La soja pasó de un valor de USD 349,5 la tonelada en agosto de 2020 a uno de USD 527,93 la tonelada en marzo de 2021. El maíz pasó de USD 137,2 la ton. A USD 222,14 la tonelada durante el mismo período, mientras que el Trigo pasó de USD 199,98 la ton. A USD 227,08.
Considerando que al día de hoy, las retenciones se ubican en 33% para el caso de la soja, y 12% para el maíz y el trigo, y que este último valor es prácticamente la mitad del que pagaban en 2015, cuando la alícuota era del 23%, Vallejos consideró: “Es cierto que la ley vigente ha puesto una cota, que limita las posibilidades del Estado nacional de administrar los derechos de exportación. No obstante, en el marco de la ley vigente, se podrían subir 3 puntos las retenciones al maíz”.
Se trata de una de las herramientas que el gobierno nacional tiene a disposición y que un sector del Frente de Todos está proponiendo para ponerle freno a una curva inflacionaria que amaga con echar por tierra las metas establecidas en el presupuesto 2021.
Este fenómeno, acentuado por el hecho de que los incrementos en los precios de los alimentos superan el nivel general, tiene mayor impacto social, cuando se conjugan con la realidad de los ingresos en la Argentina. Fernanda Vallejos definió este problema como «las 2 caras de la moneda: ingresos bajos y precios altos».
