Pobladores, ambientalistas, artistas, diputados y funcionarios provinciales iniciaron esta mañana cortes en dos rutas que comunican a La Pampa con Mendoza, para reclamar por la interrupción del río Atuel, que provocó desertificación y un masivo éxodo de habitantes del oeste pampeano.
Las manifestaciones, que se congregaron a las 8 y fueron organizadas por comunidades aborígenes y dirigentes de instituciones intermedias y ONG’s ambientalistas, se encuentran a unos 1000 metros del acceso a la localidad de Santa Isabel, situada a 490 kilómetros al oeste de la capital provincial.
Unos 300 liberan el tránsito de la ruta nacional 143 y de la provincial 10 cada media hora, en reclamo para que Mendoza vuelva «dejar correr» agua de lo que, en La Pampa, se lo conoce como «el río robado».
A Santa Isabel viajaron contingentes desde Santa Rosa, General Pico, Eduardo Castex, Santa Isabel, Algarrobo del Aguila e Ingeniero Luiggi, entre otras localidades.
La actividad comenzó a las 6.30, con una ceremonia religiosa de lonkos mapuches que pidieron autorización a la «madre tierra» para esta manifestación.
Posteriormente, en una asamblea, se decidió iniciar una serie de cortes de las rutas.
Además de parar a conductores y entregarles folletos para concientizarlos sobre la importancia de contar con ríos «robados» por la vecina provincia de Mendoza, actúan artistas y por la noche se realizará a la vera de la ruta una peña donde los cantores recordarán el amplio repertorio musical pampeano referido a los ríos.
En 1947, con las obras del dique El Nihuil, en Mendoza, cesaron los últimos escurrimientos del Atuel hacia La Pampa.
De los cinco brazos del Atuel, actualmente sólo queda activo el arroyo de la Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas.
En 1987, cuatro décadas después del corte del río, la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de una demanda del Estado pampeano consagró «la interprovincialidad del río Atuel», pero los ribereños pampeanos todavía esperan el regreso del agua.
El gobierno de Mendoza insiste en argumentar que cumplen con el fallo judicial de 1987 que establece que pueden utilizar agua del Atuel para regar 72.150 hectáreas, un cupo no cubierto todavía.
Sin embargo, el gobierno pampeano sostiene que la administración cuyana está incumpliendo con el fallo de la CSJN de 1987 porque no se está garantizando un mínimo fluvioecológico.
En 2009, en tanto, un grupo de ONG e instituciones intermedias pampeanas -Fundación Chadileuvú, Asociación Alihuén y Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa- también hicieron una denuncia en la Corte, pero fue desestimada por cuestiones formales: la Corte entendió que solamente la partes del proceso (La Pampa y Mendoza) están habilitadas para realizar planteos vinculados al río. Además estableció la existencia de una imposibilidad procesal básica que impide admitir la intervención de terceros en un proceso de estas características.
En 2008, los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a la presidenta de la Nación Cristina Fernández, un convenio que establece un caudal mínimo para La Pampa y una serie de obras en el sur mendocino.
Ese acuerdo, fuertemente resistido tanto por legisladores opositores como oficialistas mendocinos, aún no fue ratificado en la Legislatura de la provincia cuyana y el corte del río Atuel persiste.
El gobernador pampeano Oscar Jorge dijo recientemente que se ha comunicado telefónicamente con su par mendocino, Paco Pérez, para intentar reflotar el acuerdo.
A su vez, en los primeros días de este año, se conoció que la consultora de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) entregó al Estado provincial un informe preliminar de un cálculo de las pérdidas económicas generadas por el corte.
La consultora, con unos 35 profesionales, llevó a cabo, a partir del análisis de los bienes y servicios ambientales, una cuantificación de las pérdidas económicas por la carencia del escurrimiento del río, en la que se establecieron pérdidas multimillonarias.
