La Secretaría de Gestión y Empleo Público anunció en su informe bianual sobre la brecha generacional en la Administración Púbica Nacional (APN), que abarca el conjunto de organismos e instituciones que realizan funciones administrativas estatales.
En el trabajo publicado, comienzan a advertirse los efectos de normativas que promueven la inclusión y permiten avanzar hacia la paridad, generando una ruptura de la brecha
El último informe, actualizado a diciembre de 2022, evidencia una fuerte evolución en los términos de paridad de género: los puestos de trabajo del personal civil de la APN eran ocupados en un 48,9% por mujeres y un 51,1% por varones, mientras que en cargos altos el 48% corresponde a mujeres y el 52% a varones.
Sobre estos últimos, se registra el crecimiento de la presencia de mujeres desde 2019.
La participación de las mujeres creció de un 36% en 2021 a 48% a diciembre de 2022 en los cargos ejecutivos de carrera de la Administración Pública Nacional como directores/as nacionales, generales, simples y coordinadores/as.
Los valores reflejan que entre diciembre de 2022 y 2021 creció más de diez por ciento (10%) la presencia de las mujeres en los cargos ejecutivos de la administración pública nacional; mientras que en la base de la pirámide se mantiene la paridad.
En este rango se mantienen los valores sin grandes modificaciones, excepto para los cargos de ministros /as, donde la presencia de mujeres crece de 8% (2021) al 25% (2022).
A su vez se detectó que existe paridad de género en el personal civil del sector público nacional que no detenta funciones ejecutivas o de conducción, mientras la brecha de género se aprecia a medida que se asciende en la escala jerárquica de los cargos.
Entre las funciones ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) se advierte un incremento sostenido en la presencia de mujeres, que ronda el 40%.
Se destaca la reducción de la brecha en lo que atañe a las Direcciones Nacionales/Generales, comparando 2009, primer registro, con el último, de 2022.
En lo que respecta a las autoridades superiores, se mantienen los valores sin grandes modificaciones, excepto para los cargos de ministros/as donde la presencia de mujeres pasa de 8% (2021) al 25% (2022). En ese sentido crecen también, aunque en menor medida, las presencias de mujeres a cargo de Subsecretarías.
La funcionaria destacó que la gestión iniciada en 2019 «incrementó la participación de las mujeres» y esto consolida una tendencia «por abajo» del ascenso de ellas a los cargos de alta dirección pública, así como también a los puestos de confianza política (autoridades superiores) que permite «modificar los sesgos de reclutamiento repetidos en los equipos; los varones suelen reclutar varones», destacó.
«En este aspecto, hubo medidas como la instrucción que dio el Presidente hace un año para que se buscara mayor participación de mujeres en la conformación de estructuras para tender hacia la paridad»,
«Estoy segura de que la tendencia se irá consolidando en el futuro, seguiremos trabajando para fortalecer la formación y capacitación en liderazgos y en herramientas para la gestión que permita a mujeres sostener puestos directivos; haber conseguido casi paridad en la alta dirección pública va a ser una marca distintiva de nuestra gestión, no se va a poder dar marcha atrás», concluyó Castellani.
El informe detalla asimismo dos factores que impactarían negativamente en el aumento de la participación de mujeres; en primer término la reproducción de ciertos criterios de reclutamiento con sesgo de género: los cargos más altos se ocupan mayoritariamente con varones y se verifica un reclutamiento sesgado.
En segundo orden, las formas masculinizadas del ejercicio del rol, derivadas de los cargos: las posiciones son ocupadas tradicionalmente por varones, el ejercicio del rol se asocia al género y podrían resultar menos atractivos para las mujeres, o ponerse en tensión con la dinámica doméstica y/o familiar.
Este relevamiento se realiza dos veces al año por parte de los equipos técnicos de la Secretaría de Gestión y Empleo Público dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la fuente es la Base Integrada de Empleo Público y Salarios, que releva un universo de estudio que comprende al personal civil del sector público nacional, sin incluir a empresas públicas o de mayoría accionaria estatal.
