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La pata gitana de Los Monos: espía de la Side volverá a prisión por decisión de la Cámara Federal

“El espíritu del fallo es caer con contundencia contra las patas policiales, no sólo con los narcos civiles”, explicó una fuente judicial acerca de la pesquisa de la Procunar sobre una célula del clan Cantero, que también contaba con ramificaciones en la Fiscalía provincial

La Cámara Federal revocó la excarcelación del ex jefe de AFI en Rosario que quedó involucrado en una causa de narcocriminalidad vinculada con la banda de Los Monos que comenzó hace algo más de dos años. Uno de los acusados fue Leandro “Pollo” Vinardi , quien está preso desde hace una década y siguió operando desde la cárcel.

Esta banda, según la pesquisa de la Procunar, estaba encabezada por el gerente de la barra de Newell’s Guillermo “Chupa” Sosa, hasta que lo detuvieron por el crimen de Nelson «Chivo» Saravia, ex jefe del paralavanchas leproso. Lo curioso fue que esta detención dejó al descubierto una serie de intercambios de favores con ex policías vinculados con causas narco, un fiscal provincial y hasta el mismísimo titular de la agencia de inteligencia en Rosario. Este agente está acusado de brindarles cobertura los narcos.

La Fiscalía federal allanó e indagó a los detenidos, algunos de ellos prófugos como el caso del ex policía Juan José Raffo, y en ese marco el juez federal Marcelo Bailaque procesó y excarceló al espía, una decisión que ahora la Cámara dio de baja. Vale recordar que Bailaque está cuestionado por no investigar al también narco Esteban Alvarado, compartir contador y emplear al hijo de este último en su juzgado.

La pata gitana de Los Monos, el jefe de inteligencia de la AFI en Rosario y un célebre ex policía

“El espíritu del fallo es caer con contundencia contra las patas policiales, no sólo con los narcos civiles”, explicó una fuente judicial. La Cámara Federal de Rosario, compuesta por Silvina Andalaf Casiello y Aníbal Pineda (Fernando Barbará está de licencia) destacan en su resolución fechada este miércoles la peligrosidad procesal del agente, que está vinculado con fuerzas de seguridad, con narcos a los que le pasaba información y con la actual Side, de la que fue el jefe local.

“Resulta determinante contemplar la gravedad institucional extrema que representa la posible comisión de delitos vinculados al narcotráfico por autoridades de máxima jerarquía del Estado Nacional, el Ministerio Público de la Acusación, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, quienes tienen a cargo la importante función de prevenir, perseguir e investigar al narcotráfico», sostuvo Pineda en su voto.

«Es decir, además de que se investiga la posible comisión de ilícitos e encuentra implicado un agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado Nacional, un ex integrante de la Policía de la provincia de Santa Fe (prófugo), a la vez que se investigó a un ex fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe -renunciado-“, desglosó el camarista.

También Pineda destacó que el uso de elementos proporcionados por el Estado, armas, teléfonos, información, autos oficiales y personal de la fuerza a disposición de los posibles delitos objeto de esta investigación, protección, etcétera. podrían influir y entorpecer la pesquisa. “Ello, ofende la seguridad y las instituciones de la Nación, por lo cual, esta colisión de intereses, le impone y le exige al Estado la obligación de una mayor intensidad en su persecución penal”, agregó el vocal. Y destacó que en su trabajo como jefe de la Side, el agente procesado entendía en cuestiones específicas referidas a una materia, que es crimen organizado y otra a lavado de activos, lo que aumenta aún más el riesgo procesal.

El caso

Una investigación que empezó hace dos años a un grupo que se dedicaba a la distribución y venta de estupefacientes en Granadero Baigorria y San Lorenzo encabezada por Ariel “Guille” Cantero, pero organizada por su histórico lugarteniente Pollo Vinardi y gerenciada en el territorio por Marcos Jeremías MacCaddon, alias Pato, derivó en esta nueva pesquisa federal.

Los fiscales explicaron que tras desbartar a esta banda, Vinardi –quien en rigor ya estaba preso cumpliendo condena a 13 años por el crimen del narco Sergio Pared en la zona sudoeste–, continuó operando desde la cárcel y lo hizo a través del barra de Newell’s Chupa Sosa.

Chupa fue detenido en mayo de 2022 por el homicidio de Chivo Saravia, quien había gerenciado el paravalanchas leproso a las órdenes del Diego “Panadero” Ochoa y luego continuó cumpliendo esa labor para Guille Cantero.

En el medio, hubo una dura interna con casi una decena de crímenes e incluso el Chivo fue baleado en una oportunidad. Los dos celulares que en ese momento la Justicia provincial le secuestró a Chupa Sosa fueron peritados y de ahí surgió información importante.

Los pesquisas determinaron que para cumplir con las directivas de Vinardi, respecto del control territorial del grupo, Chupa era asesorado por el hoy prófugo y ex policía Raffo –que cumplió condena por asociación ilícita en la megacausa Monos–, el cual también le brindó protección.

A este entramado sumaron la intervención de un agente de la AFI, el cual tuvo relación con Raffo y con el fiscal provincial Mariano Rios Artacho, quien fue suspendido por la Legislatura, y luego terminó renunciando, aunque nunca fue indagado en esta causa.

La pesquisa

Un imputado arrepentido brindó a la investigación datos sobre quiénes continuaron con la actividad delictiva tras las detenciones de la banda encabezada por Cantero, lo que con el correr de los meses sumó al menos tres anónimos que acercaron datos sobre el complejo entramado del grupo.

Para los fiscales, Pollo Vinardi, Chupa Sosa, el ex policía Raffo y Karina “Chela” Marco cumplían roles decisivos con el aporte de otros eslabones, todos integrantes de tres clanes de la comunidad gitana, lo que le dio el apelativo Romaní a la operación. Entre ellos figuran Daniel Demetrio, Sandro Emilio Marco, Víctor Gabriel Castillo, Enrique Marco, María Celeste Princesa Miguel, Vanesa Princesa Demetrio, Romina Marcos Miguel, Matías Ezequiel Demetrio, Marcelo David Miguel y Gustavo Miguel.

Se dedicaron, dice la Procunar y los fiscales de Rosario, al tráfico de marihuana y cocaína en Rosario desde abril de 2022 hasta la actualidad donde Sosa además de llevar adelante las directivas de su jefe a los fines de la organización, gestionaba la comercialización en la ciudad y a otros grupos delictivos para que vendan como “Los Gitanos” o bien la banda de Daniel Horacio “Dany” Godoy, quien igual que MacCaddon operaba en el norte de Rosario y ciudades del Cordón Industrial.

El ex policía Raffo, fue condenado en el juicio a la banda de Los Monos en 2018 a 6 años y 10 meses de cárcel. Para la fiscalía este ex funcionario brindó asistencia e información sensible a Chupa Sosa para asegurar el negocio y el funcionamiento de la estructura, también le achacan vincularse con personas de la comunidad gitana a los que financiaba la venta de estupefacientes.

A esto agregaron que Raffo tuvo distintos cruces migratorios entre los años 2011, 2012 y 2013 hacia Paraguay con Lucio Maldonado, el prestamista sospechado de narco que fue asesinado en 2018, crimen por el que fue condenado Esteban Lindor Alvarado, enemigo íntimo de Los Monos.

Para los investigadores Raffo era una especie de asesor y le daba información sobre los funcionarios políticos o policiales, incluso les refirió sobre un cambio de la cúpula policial en San Lorenzo y el Cordón Industrial.

En una de las conversaciones Raffo dijo: “Hay buenas noticias para el norte. Se fueron todos los que estaban, viene gente nueva. Todos conocidos” a lo que Chupa le contestó “Ok. Hacéme hablar con ellos. Estoy perdiendo territorio”.

Los funcionarios recordaron que en una investigación provincial surgió que Raffo estaba vinculado además con dos funcionarios policiales del Cordón Industrial: Alejandro Franganillo, quien fue secretario de Seguridad de Granadero Baigorria, y Marcelo “Malevo” Mendoza, ex subjefe de la Unidad Regional II de Rosario.

Respecto de esto hay una investigación abierta en Campana que se inició el 24 de enero de 2022 donde funcionaba una organización que traía droga en buques al puerto de Zárate o Campana y la derivaban a Rosario y Buenos Aires.

Según la denuncia, este grupo estaba integrado por Mendoza, Franganillo, otro policía identificado como Gonzalo A. y Raffo. Esta información, no corroborada, indicaba que todos tendrían vinculación con la hermana de Marcelo “Coto” Medrano. En noviembre de 2023 un llamado al 911 brindó una información similar.

De la investigación se determinó que Raffo tenía contacto frecuente con Franganillo cuando era funcionario de Granadero Baigorria y con Mendoza, en ese momento a cargo de la Unidad Regional VI de Villa Constitución. Incluso determinaron que se reunirán en un galpón ubicado en Guatemala al 2200, el que en su momento fue allanado y terminaron demorados estos policías, mientras que Raffo se escabulló.

Según la pesquisa, Raffo le dio dinero a Chela Marco para comprar estupefacientes para comercializar en Rosario por otros integrantes del grupo entre ellos: la pareja de la mujer, identificado como Daniel Demetrio, sus hijos y nuera entre otros integrantes, valiéndose de la intervención del adolescente B.M.

Los investigadores contaron que en un domicilio de la zona sur vinculado a la banda de los gitanos vieron un auto estacionado en agosto de 2023 del que bajó Mariano “Gordo” Salomón.

Para la Fiscalía este hombre, de la comunidad gitana y célebre mano derecha del asesinado en 2013 Claudio “Pájaro” Cantero y condenado a cuatro años y medio de cárcel como parte de la banda de Los Monos, tenía vínculo con Karina Marco. También fue vinculado a Julio Andrés “Peruano o Coco” Rodríguez Granthon, considerado uno de los mayores proveedores de cocaína de la región.

El grupo de “los Gitanos” viajaba a Misiones, Corrientes y Jujuy desde donde traía la droga que después se comercializaba en la ciudad.

El agente

Otro dato que surgió en la pesquisa fue la actuación de un agente de inteligencia que, según la investigación, le prestó asistencia a los investigados, ocultó e hizo desaparecer información vinculada a los investigados desde agosto de 2022.

Para los fiscales, el efectivo de inteligencia le daba información a Raffo sobre la investigación para evitar la concreción de medidas como seguimientos o intervenciones telefónicas. También eliminó comunicaciones que mantuvo con Raffo.

En un momento, el ex policía provincial desapareció del radar de los investigadores, por lo que estiman que fue debido a la información que obtuvo del agente.

En marzo de 2023 se hicieron diversos procedimientos que incluyó el allanamiento del domicilio de Raffo y el galpón de calle Guatemala, donde no lo hallaron. También trascendió que las intervenciones telefónicas a Franganillo, Mendoza y Raffo arrojaban cada vez menos información que lo comprometieran hasta casi deternerse casi por completo.

Al agente de la AFI, además, lo vincularon con un fiscal provincial. Los funcionarios explicaron que le brindó información al fiscal Mariano Rios Artacho que estaba siendo investigado por darle a Raffo un auto que estaba a su nombre y que borró las conversaciones con este sospechoso.

En el ámbito provincial Rios Artacho hizo un descargo sobre el tema y contó que conocía al agente. Dijo que lo llamó por Whatsapp y le dijo que existía una investigación en su contra que impulsaba la Procunar.

Le dijo que Raffo estaba siendo investigado por narcotráfico y había sido fotografiado en el Aeropuerto de Ezeiza con el Chevrolet Cruze oscuro, en cuestión.

Rios Artacho contó que vendió ese auto al policía Álvaro Rosales –involucrado en un caso de abuso sexual– que es su amigo y desconoce qué hizo esta persona con el auto. A lo que sumó que este agente le aseguró que lo iba a despegar de la investigación y que la Procunar lo quería “tumbar”.

Los fiscales federales del caso Matías Scilabra, Sergio Rodríguez, Esteban Venditti, Diego Iglesias y Martín Uriona, refirieron que Raffo fue seguido, que llegó a Ezeiza en el Cruze y, a pesar de las referencias del fiscal, no hay transferencia registrada a nombre de su amigo –el supuesto comprador– y la denuncia de venta databa de un mes después de ver a Raffo en Ezeiza con el auto. Según la defensa de Mariano Ríos, todo lo vinculado con el auto fue investigado por la justicia santafesina, quien lo desestimó.

Para los fiscales federales, el agente de inteligencia tenía conocimiento de la investigación y de quienes eran los sospechosos por lo que trató de eliminar la información y efectivamente no se pudo profundizar sobre Rios Artacho .

Del celular secuestrado al agente surgió que no sólo mantenía contacto con Raffo, cuyas comunicaciones fueron borradas en su mayoría, sino que tenían negocios como por ejemplo el alquiler de un inmueble.

El agente de la AFI, además tenía agendado a Mendoza, Franganillo y al policía amigo de Ríos Artacho, el cual además era investigado junto a los otros uniformados y hacía seguimiento de causas vinculadas al narcotráfico, resumieron.

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