Paola Cándido
A fines de 2016 Carina fue a averiguar al shopping Alto Rosario sobre un plan de auto en Pesado Castro. Eligió el modelo Chevrolet Prisma Joy, uno de los más básicos de la línea. El vendedor le explicó que tenía que pagar el valor del vehículo en 84 cuotas y a la quinta cuota, la entrega era asegurada. Además, tenía la opción de cambiar el modelo. Terminó de pagar la quinta cuota y comenzaron a exigirle –algo que no le había anticipado el vendedor– un listado de garantías propietarias. “Pasé de pagar 2.500 pesos de cuota mensual a 5.800. Pensé que era un error administrativo pero no fue así. En la cuota número 22 pasó a costar de 5.800 pesos a 8.400. Me dijeron que me estaban cobrando una cuota reducida. Es decir, que se sumó el gasto administrativo normal, sumado al que no me cobraban antes. Eso elevaba la cuota del plan en relación al valor actualizado del auto”, resumió. Las cuotas del pan subieron excesivamente y las opciones que tenía eran seguir pagando la cuota, vender el plan o renunciarlo, es decir, que le devolvían el dinero cuando terminara de pagar el plan y para eso le faltaban más de 60 cuotas. “La publicidad es engañosa. Me dijeron que en la quinta cuota la entrega era asegurada y es mentira. El vendedor dice cualquier cosa para vender y no te informan sobre todas las condiciones de compra. Es un manoseo y un maltrato total. Quedas atrapada en un sistema que no se puede salir y no queda otra que pagar”, se lamentó la mujer.
El caso de Carina no es el único. La Defensoría del Pueblo recibió el año pasado, entre Rosario y Santa Fe, unas 900 denuncias. De ese número se desprende que en Rosario se cuadriplicaron los casos: en enero de 2018 recibieron 16 denuncias y en lo que va de este 78.
Leandro Piazza, director de Atención a la Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo, explicó que las principales problemáticas de las personas que eligen este tipo de planes son: el incremento de las cuotas ya que se hace imposible pagarlas, la libre elección del seguro y gastos administrativos que no corresponden, como por ejemplo, hasta los gastos de correo.
El problema excede la provincia de Santa Fe, ya que en todo el país tienen el mismo problema. Es por eso que representantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) se reunieron este martes en Buenos Aires con el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), a quien le entregaron una propuesta elaborada por las defensorías dónde propusieron diferentes maneras de abordar la problemática surgida por los incrementos desproporcionados en las cuotas de los planes de autos 0 kilómetro.
Algunos de los puntos de la propuesta que entregaron a las autoridades nacionales fueron: el diferimiento de cuotas, la libre elección de seguros, la eliminación de la multa por renuncia, rescisión o resolución contractual, la reducción de cargas administrativas, entre otras.
La presentación, también propone la suspensión de ejecuciones prendarias sobre deudores caídos en mora con posterioridad al mes de agosto de 2018 y hasta tanto la IGJ realice propuestas, la obligación de las administradoras en caso de cesión de solicitud de adhesión de un plan con suscriptor adjudicado, de permitir el reemplazo del deudor prendario y la exención de determinados gastos de cobranza extrajudicial y facilitar la posibilidad de la cancelación de saldos de deuda.
“Además se propuso una mesa de trabajo junto con las autoridades nacionales, las automotrices y las defensorías, para que faculten a los apoderados a que concurran a las audiencias de conciliación con propuestas concretas”, expresó Piazza.
Y concluyó: “Este tema se instaló a nivel nacional y motivó que desde la Defensoría de Rosario se envié un oficio a la inspección general de justicia. Pedimos a la que concurra a la Defensoría con el fin de asesorarlos”.
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