Que el humo de las quemas en las islas entrerrianas llegue hasta una metrópoli como Rosario pone el tema en la agenda de los medios de comunicación. El reclamo aparece cuando el síntoma se manifiesta, cuando ese humo es disruptivo en el funcionamiento cotidiano de la ciudad: se huele, se ve, genera un rechazo por la práctica que se transforma en reclamo social en contra de las quemas y del ecocido. Pero cuando el síntoma desaparece, el problema parece dejar de existir, aunque la cuestión de fondo permanezca. Desde la Sociedad Argentina de Planificación Territorial (Saplat) sostienen que “el humo es la visibilización de un modelo de producción extractivista, voraz en la maximización de sus beneficios, despreocupado por las externalidades sociales y ambientales”, y que el compromiso de la sociedad y del Estado en todos sus niveles debe orientarse construir una agenda que “debata y diseñe políticas públicas de desarrollo regional, cuidado ambiental y calidad de vida”.
La Sociedad Argentina de Planificación Territorial es una asociación civil que tiene como objetivo investigar, debatir e intercambiar experiencias para el mejoramiento de las prácticas del urbanismo y la planificación territorial en todo el país, desde una perspectiva multidisciplinar y federal. “Surge del vínculo entre quienes trabajamos en planes territoriales, no sólo desde el urbanismo, sino también desde otras disciplinas, como la economía, el ambientalismo, el derecho o la sociología. El enfoque multidisciplinar nos permite abordar los territorios desde su complejidad”, explicó a <El Ciudadano> el arquitecto y urbanista Roberto Monteverde, presidente de Saplat, que tiene sede en la ciudad de Rosario y que se divide en regionales para garantizar un funcionamiento federal. “No hay que encontrar soluciones unidimensionales para temas complejos”, remarcó.
En el contexto de las quemas ilegales que se producen sistemáticamente en las islas frente a Rosario y que se actualizaron en este 2020 en plena pandemia por coronavirus, la regional del Litoral de Saplat, que agrupa a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, elaboró un documento en el que propusieron diez puntos para debatir y diseñar políticas públicas de desarrollo regional, cuidado ambiental y calidad de vida de la población.
“El tema de las quemas en las islas tiene envergadura y coyuntura, y por eso decidimos hacer pública nuestra visión de cómo abordar esta cuestión a través de un documento sintético, a partir de una mirada más integral e integradora”, explicó Monteverde.
Desde Saplat plantean que el humo que llega a la ciudad desde las islas del delta entrerriano “es la visibilización de un modelo de producción extractivista, voraz en la maximización de sus beneficios, despreocupado por las externalidades sociales y ambientales”. Los daños, sostienen, “son aún mayores: los movimientos clandestinos de suelo que modifican los cursos de agua, la depredación de la fauna del delta, la fragmentación de los corredores biológicos, solo para nombrar algunos. Todos ellos dejan de ser prácticas ancestrales entendibles en otros momentos y con otras escalas, para ser una agresión a los bienes comunes y a los servicios ambientales del territorio”.
Según explicó Monteverde, “la planificación territorial abarca todo: vivimos en una planeta y lo usamos. Vivimos en las ciudades, hay territorios que se usan para producir y otros que se tratan de preservar para mantener los servicios naturales. La planificación tiene que ver con cómo se usa el soporte físico, con áreas a preservar, áreas para producir y áreas para vivir”.
Para el presidente de Saplat, el trasfondo de las quemas en las islas es el uso que se le da a la tierra. “Los espacios son inicialmente naturales y tienen su propia lógica de reproducción. Pero en algún momento empiezan a ser invadidos por actividades o usos humanos: se empiezan a antropizar. Que aparezcan las quemas quiere decir que se está preparando el terreno para otras cosas, como la ganadería o la producción agrícola. Eso se hizo durante mucho tiempo a pequeña escala: los pobladores quemaban y producían. Eso fue tomando cada vez mayor dimensión y lo que no era un problema, ahora lo es”, explicó.
Desde la asociación civil entienden que lo que ocurre en las islas es conceptualmente similar a lo que ocurre en otras partes del litoral con otras modalidades de producción agropecuaria, que impermeabilizan y degradan la calidad de los suelos, avanzan sobre bosques nativos, modifican las cuencas naturales, incrementan la generación de gases de efecto invernadero e impactan en la salud de población por el uso creciente de agrotóxicos.
“Una de las cuestiones que más cuesta en la planificación es poder cambiar el criterio de que si yo soy dueño de algo hago lo que quiero, que el derecho a la propiedad se antepone a todo. Eso, con años de trabajo, en la planificación urbana fue cambiando: en algunos lugares se puede desarrollar una actividad y en otros no, en algunas partes puedo construir más y en otras menos, no puedo ocupar todo el terreno, deben quedar espacios libres. Son restricciones sobre el derecho a la propiedad, restricciones al domino por una cuestión de bien común”, consideró Monteverde.
Ese es el paradigma que desde Saplat plantean aplicar también a los espacios rurales y naturales. “Si yo tengo un campo no puedo hacer lo que yo quiera: hay que pensar políticas para eso. No puedo meter todas las vacas que yo quiera, ni sembrar toda la soja que yo quiera, ni talar todos los árboles que yo quiera. Se tienen que hacer restricciones al domino. Si, por ejemplo, por mi terreno pasa un arroyo, que es un corredor biológico, no lo puedo modificar porque yo quiero, por más que esté en mi propiedad”, explicó el arquitecto, y remarcó: “La restricción del derecho de la propiedad tiene que ver con un proyecto colectivo, donde el interés común está por encima del interés individual”.
Dentro de los puntos que Saplat propone para el debate plantean la necesidad de priorizar aquellas actividades productivas que protejan los recursos naturales, reduzcan el impacto ambiental, propongan modelos de transición, disminución de la huella de carbono y emisión de gases del efecto invernadero. Modelos productivos que sean sustentables y que a su vez satisfagan las demandas sociales, el desarrollo del país y el cuidado del soporte natural.
Estas políticas, consideran, deben fomentar también la soberanía alimentaria, a través de la producción de alimentos saludables, accesibles y sustentables, reduciendo los recorridos de transporte y los intermediarios que funcionan como formadores de precio; fomentando el desarrollo regional, favoreciendo el arraigo y dando mayor protagonismo a las localidades de pequeña y mediana escala.
Quienes forman parte de Saplat reclaman también el tratamiento y aprobación de la Ley Nacional de Humedales, paralizada en el Congreso de la Nación; la elaboración y aprobación de Leyes de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, que contemplen la planificación de suelos rurales y naturales; y las reglamentaciones pendientes de legislaciones sobre Áreas Naturales Protegidas.
Además, remarcan la importancia de fortalecer las capacidades de los Estados locales y provinciales para la planificación y control de territorios complejos.
