En el marco de numerosas detenciones ordenadas por la Justicia de Jujuy a raíz de las manifestaciones contra la reforma de la Constitución de la provincia, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) denunciaron la irrupción en esa casa de estudios –que es jurisdicción nacional– de uniformados sin identificar ni orden de allanamiento a la vista en la tarde de este miércoles.
Efectivos de la policía ingresaron al predio de la Universidad en momentos en que el Consejo Superior se encontraba sesionando. Allí, los representantes de la comunidad académica, docentes del sindicato Adiunju y organizaciones estudiantiles debatían el repudio a la nueva Constitución jujeña y una potura común de rechazo a la persecución de profesores y alumnos. También se analizaba un pedido para que la institución se presente como querellante ante la Justicia.
Fue entonces que un grupo de agentes provinciales ingresó al predio de la UNJu, ubicado en la avenida Bolivia de la capital provincial, sin identificación y sospechan que para intentar averiguar qué resolvía el Consejo Superior. La universidad difundió una declaración repudiando el hecho: «Estas acciones violentan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Los hechos revisten suma gravedad institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social», expone el texto.
La Unju citó el artículo 19 inciso 75 de la Constitución Nacional que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
El ingreso de los efectivos quedó registrado en varios videos que circulan en las redes sociales. Pero la crisis social y las denuncias de actitudes autoritarias son amplias.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) denunció que la justicia de Jujuy realizó allanamientos en las casas de 22 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma de la Constitución provincial y consideró que, de esta manera, el Gobierno de Gerardo Morales “cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas”.
“Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30/6 en Humahuaca. Se las acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad para que queden detenidas”, publicó el organismo en su cuenta de Twitter.
El gremio docente Adiunju denunció a su vez la detención de docentes y personal universitario. «Exigimos al Gobierno Provincial que libere inmediatamente a Iván Blacutt, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu, a Santiago Zamora, compañero no docente de la Universidad y a todxs lxs compañerxs que fueron detenidxs en horas de la madrugada por la Policía Provincial», señala un comunicado del sindicato.
«Hacemos responsable al gobernador Gerardo Morales del uso desmedido e ilegal de la fuerza represiva y por la integridad de los detenidos y lo interpelamos para que ordene inmediatamente el cese de esta feroz cacería antiobrera contra lxs que luchan defendiendo derechos históricamente conquistados y garantizados plenamente en nuestra Constitución Nacional», sigue el texto.
El gremio, a la vez, difundió una lista de personas con órdenes de detención o ya detenidas:
- Miguel Ramos
- Santiago Zamora
- Walter Armando Puca
- Gabriel Taboada
- Martín Antonio Abad
- Luis Santiago Zalazar
- José Iván Blacutt
- Gabino Cruz
- José Darío Donaire
- José Luis Leopoldo Vilca
- Nelson Javier Mamani
- Mayuk Nasib Mamani
- Héctor Luis Gerónimo
- Walter Damián Brizuela
- Arnold Alfredo Flores Ricaldi
- Lautaro Joaquín Rivero
- Leonardo Alejandro Rosales
- Dan Leonel Liborio
- Gonzalo José Marino Díaz
- Fabián Alberto Cruz
