El intendente Manuel Passaglia anunció en distintos medios de prensa que durante 2024 “no habrá temporada de playas” en San Nicolás y responsabilizó a la Corte Suprema bonaerense de impedir que los ciudadanos disfruten del río en verano. Sus dichos fueron rotundamente desmentidos por la ONG Fomea, que salió al cruce para aclarar que “nadie prohibió el uso de las playas” y que “el municipio decidió cerrarlas por decisión propia”. Para que no queden dudas publicaron un comunicado con el fallo completo del Máximo Tribunal de Justicia donde los jueces especifican que sólo se prohíbe el uso de maquinaria pesada para “obras nuevas” dentro de la reserva natural, donde Passaglia ya construyó dos balnearios sin permiso de la Autoridad del Agua (ADA) ni del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, que debían proteger los bosques nativos y humedales del presunto daño ambiental que implicaron esos emprendimientos.
Este fin de semana, la comisión directiva de Foro Medio Ambiental San Nicolás (Fomea) salió al cruce de los dichos de Passaglia y varios funcionarios de su gabinete tras acusarlos de hacer circular “información falsa” porque “no existe ninguna decisión judicial que prohíba el uso de playas ni del puente peatonal” para cruzar a pie o en bicicleta a la isla, donde se encuentran los balnearios Barranquitas y El Arenal.
En ese sentido Fomea recordó que el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia a mediados de mayo y ratificado hace diez días “sólo prohíbe ejecutar obras nuevas” dentro de la reserva natural sobre la que rige una medida cautelar que viene siendo sistemáticamente burlada por el intendente de San Nicolás.
Embargaron el sueldo del intendente de San Nicolás por desobedecer una orden judicial
A partir de las reiteradas desobediencias del mandatario municipal, el 19 de septiembre pasado la Justicia le embargó el suelo con una multa diaria que seguirá vigente hasta que acate la orden judicial, que es una medida cautelar con carácter provisorio ya que todavía no se dictaminó sobre la cuestión de fondo: si el Código Urbano Ambiental que sancionó Passaglia en 2019 es legal en tanto le quita carácter de “zona protegida” al Parque Rafael de Aguiar.
Mientras la Justicia analiza esa situación, el mandatario municipal debía frenar la obra pública y no lo hizo. Según las denuncias que acumula en su contra “arrasó con unas 70 hectáreas de bosque nativo, desvío cursos de agua, construyó más de seis kilómetros de terraplenes para que los autos puedan cruzar a la isla en puentes flotantes y causó daño severo en un largo tramo costero del arroyo Yaguarón”.
Pero el conflicto está cada vez más lejos de discutirse en términos de política ambiental y ya se metió de cabeza en la campaña electoral.
¿Política ambiental o electoral?
Durante la semana, Passaglia culpabilizó al gobernador Axel Kicillof del contenido de los informes emitidos por el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Agua, organismos provinciales que dictaminaron que la Municipalidad de San Nicolás realizó obras sin autorización en zonas protegidas por ley y ordenaron que las restituya a su estado natural.
Según repitió el intendente en distintos medios periodísticos y redes sociales, los vecinos de San Nicolás “no van a tener un espacio para compartir en familia y con amigos sus fines de semana, sus vacaciones” por culpa “del gobierno provincial, con Axel Kicillof como principal responsable que está empecinado en prohibirnos disfrutar las playas”.
De esa manera, Passaglia se refirió a la causa judicial como una mera disputa partidaria, sin mencionar la cuestión ambiental y omitiendo que la Asociación Civil Fomea, que inició la demanda judicial contra su gestión, también acusó al gobierno de Kicillof de no cumplir con su deber en lo que refiere a la protección ambiental.
Los concejales oficialistas de Juntos por el Cambio se sumaron a la estrategia del intendente y este jueves ingresaron un proyecto al Concejo Deliberante para que la institución declare “enérgico repudio” contra los informes emitidos por organismos del Estado provincial vinculados a las leyes de protección ambiental.
Desde Fomea dijeron que “es de lo más insólito que el Concejo Deliberante pretenda emitir una nota de repudio contra el gobierno provincial, porque en definitiva lo que están haciendo es manifestarse contra la aplicación de la ley de bosques nativos y la protección de humedales. Se oponen a que la ley sea aplicada. Es aberrante en términos jurídicos”.
En esa línea, la ONG cuestionó que se utilice como campaña política “una situación tan crítica a nivel ambiental” y que para ello se engañe a los nicoleños “con la complicidad de los medios de comunicación dominantes que están difundiendo información falsa ya que la Justicia no ordenó cerrar las playas y fue una decisión del propio municipio”.
Así se refirieron a la sesión ordinaria de este jueves, donde el bloque de concejales liderado por Daniel Luchelli consiguió mayoría para emitir un comunicado de repudio contra el gobernador Kicillof por los informes que emitieron las autoridades provinciales mencionadas.
La propuesta fue rechazada por los ediles opositores quienes propusieron al menos conocer el contenido de esos cuestionados informes o citar a los miembros de Fomea y otras organizaciones ambientalistas, pero fueron desestimados por ser minoría.
De esa manera, el Concejo Deliberante emitirá una nota en la que da por entendido que los balnearios Barranquitas y El Arenal fueron clausurados por al Justicia.
Ante ello, Fomea aclaró en su comunicado que el puente peatonal para cruzar a las playas de la isla está habilitado como siempre y tildó de suma gravedad institucional que se propicien noticias falsas desde la Municipalidad y el Concejo Deliberante sobre prohibiciones que no existen.
El intendente de San Nicolás deberá restituir la Isla Ballestero a su estado natural
Al respecto resaltaron que los gobernantes podrían “brindar servicios de lanchas colectivas, como sucede en Rosario, para que los vecinos y turistas que no puedan o no quieran cruzar en bicicleta, a pie o en embarcación propia puedan llegar igual a la isla y disfrutar de un paseo en barco”.
En ese sentido Fomea instó a las autoridades de San Nicolás a que intervengan el sector de islas con “proyectos recreativos que no violen las normas vigentes”, tras dar por entendido que “el cumplimiento de la ley es un tema fuera de discusión, salvo que los funcionarios locales pretendan decidir cuales leyes cumplen y cuales no”.
