Hay momentos en los que la dirigencia política se enfrasca en su propia lógica, que por cierto no suele ser aplicable a los problemas reales de los ciudadanos. Éste parece ser, justamente, uno de esos pasajes de la historia argentina en los que se materializa la existencia de “mundos paralelos”.
Las ásperas discusiones que se desarrollan en el Consejo de la Magistratura, un organismo desconocido por la gran mayoría de los argentinos, son tal vez el ejemplo más claro de que la política comenzó a transitar por un carril que se va bifurcando de los problemas reales de las personas que habitan este país.
Sin embargo, en ese ámbito reducido se está incubando un escenario político que incidirá en la vida cotidiana en un plazo no demasiado extenso. Y que desembocará en una polarización no sólo en torno a la figura de Cristina Kirchner, algo que ya existe, sino que también dividirá las aguas ante una concepción más amplia vinculada con la forma de ejercer el poder.
Por eso las fuerzas políticas ya se lanzaron al debate en temas abarcativos como la vigencia de la Constitución. Claro que cada uno echa luz donde más le conviene: la oposición advierte que el kirchnerismo buscará forzarla para mantenerse en el gobierno más tiempo que el debido. Y el oficialismo acusa a grupos económicos de no tener empacho en violarla para mantener sus privilegios.
La semana pasada estuvo dominada por esta lógica irreductible, que dinamita cualquier puente que se pueda tender entre ambos sectores y multiplica pronósticos agoreros para la convivencia política. Aunque el gobierno recuperó algo de aire con la victoria de Hugo Chávez en Venezuela y la descompresión del conflicto salarial de las fuerzas de seguridad.
Kichnerismo se siente acosado
Un funcionario de perfil bajo pero muy influyente en la mesa chica de la Casa Rosada, Carlos Zannini, acaba de resumir en dos comentarios el estado de ánimo que invade al kirchnerismo: dijo que la reelección de Chávez resultó un alivio frente a cierto reverdecer “neoliberal”. Y sostuvo que el Grupo Clarín “tratará de voltear al gobierno antes que cumplir con la ley”.
Se refirió, así, a la instrumentación de la ley de Medios sancionada hace tres años por el Congreso y cuyo artículo más polémico, el que establece la desinversión de las empresas que excedan la normativa antimonopólica, es motivo de una virulenta guerra judicial que deja al desnudo las peores prácticas para conseguir que los magistrados fallen en un sentido determinado.
Tanto importa al gobierno que Clarín tenga que desprenderse de unos cuantos medios –sobre todo de la señal de cable TN–, que la presidenta reapareció la semana pasada luego de varios días de ausencia en actos públicos y utilizó la cadena nacional tras casi un mes de que sus asesores decidieran desactivarla en medio de una ola de protestas que incluyó escraches y cacerolazos.
Junto a la presidenta estuvo Martín Sabbatella, el diputado –ahora en uso de licencia– que fue elegido por el gobierno para llevar adelante la instrumentación de la ley de Medios, con la mira puesta en el 7 de diciembre, tras la caída en desgracia de Gabriel Mariotto, el impulsor de la normativa que a esta altura no parece ser absolutamente confiable para el kirchnerismo.
Menos, luego de que elogiara la decisión del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, de cancelar en pesos argentinos un bono de deuda provincial, lo que provocó intranquilidad en los mercados ante la posibilidad de que una provincia de la importancia de Buenos Aires tuviera problemas para afrontar el pago de sus vencimientos dadas las restricciones para conseguir dólares.
Cuando el gabinete de Daniel Scioli ya evaluaba la necesidad de aclarar los dichos de Mariotto, el Banco Central emitió un comunicado en el que sostuvo que todo aquel acreedor que recibió bonos en dólares, recibirá su pago en la misma moneda. Pero quedó flotando en el ambiente la sensación de que la Argentina aún sigue pagando los costos de aquel aciago default de 2001.
Vuelven los fondos buitre
Tanto es así que la tripulación de la emblemática Fragata Libertad se encuentra varada desde hace muchos días en un puerto de la remota Ghana por acción de los llamados “fondos buitre”, que lograron que un juez de aquella nación africana la retuviera al acceder a una demanda por más de 370 millones de dólares.
Hasta allí llegaron enviados del Ministerio de Defensa y la Cancillería, que deberán dejar a un lado sus habituales rencillas internas para intentar destrabar la causa y lograr que la Fragata pueda abandonar el puerto ghanés.
El episodio no contribuye, por cierto, a mejorar el clima que predomina en las Fuerzas Armadas –ayer renunció el jefe de la Armada– y de Seguridad, pese a que el gobierno logró descomprimir el conflicto de los prefectos y gendarmes, para lo cual la ministra Nilda Garré debió entregar la cabeza de su hermano Raúl Garré, a quien atribuyeron la autoría del decreto que provocó la inédita escalada de tensión.
Es que a la cartera de Defensa se destina nada menos que la mitad de la grilla salarial de 8.000 millones de pesos anuales “en negro” que paga el Estado nacional, por sumas no remunerativas que luego no cuentan a la hora de la jubilación. Por eso el ministro Arturo Puricelli tuvo que manejarse con precaución para lograr que la situación no se le desmadrara como a su colega Garré.
Menos nervios hubo la semana pasada en el Congreso, donde la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto para 2013. Y donde el titular del cuerpo, Julián Domínguez, recompuso el entredicho con el radicalismo al reconocer a Leandro Despouy al frente de la Auditoría General de la Nación, un puesto que le corresponde al principal partido de la oposición.
El Senado nacional, por su parte, avanzará con la aprobación del voto optativo desde los 16 años, justo cuando se festejará un nuevo aniversario del 17 de Octubre de 1945, en un escenario en el que el kirchnerismo muta a cristinismo y en el que el peronismo se encuentra tanto en las filas del oficialismo como de la oposición, a la espera del momento adecuado para la renovación.
