Por Negro Nasif / El Otro diario
Asediado por la presión social provincial y nacional, y exigido por el sector turístico que ya siente el impacto de las caídas de reservas para la Vendimia, el gobernador de Mendoza acordó con empresas mineras postergar la reglamentación de la Ley Cianuro. La norma sancionada por la Legislatura y promulgada y publicada por Rodolfo Suárez sigue vigente. Organizaciones sociales, políticas y ambientalistas exigen que se derogue la reforma y anunciaron la continuidad del plan de lucha.
Para entender la maniobra dilatoria del gobernador Suárez vale una breve explicación sobre cómo fue el proceso de creación de la ley que dejó sin efecto a la conocida 7.722.
El Ejecutivo envió un proyecto a la Legislatura, comisiones de ambas Cámaras lo trataron en forma exprés, la oposición justicialista propuso modificaciones que fueron aceptadas por el oficialismo, la mayoría del Senado le dio media sanción, luego la Cámara de Diputados le otorgó sanción definitiva y la giró al Ejecutivo. Suárez tenía dos opciones: derogarla o promulgarla, optó por la última para luego publicarla en el Boletín Oficial. Cumplido todo este procedimiento, la nueva ley 9.209, conocida popularmente como Ley Cianuro, está vigente y en condiciones de ser reglamentada.
Pero algo pasó mientras tanto. Decenas de miles de personas se movilizaron desde toda la provincia para reclamar que Suárez diera marcha atrás con su proyecto. La protesta se expandió por todo el país y en el extranjero, varios departamentos anunciaron la suspensión de sus fiestas de la Vendimia, incluso la actual reina vendimial y la comisión de ex soberanas retiraron su apoyo para la celebración de la fiesta central, lo que provocó que visitantes nacionales y extranjeros cancelaran sus reservas para esas fechas de altísimo consumo turístico.
La respuesta del gobernador fue una opereta represiva en Casa de Gobierno que se extendió por el Nudo Vial y varias calles del microcentro mendocino, donde policías de civil infiltrados detuvieron a manifestantes, y grupos de Infantería dispararon balas de goma y gases, sembrando terror entre la población indefensa.
Pero lejos de cesar, el reclamo creció con un masivo cacerolazo en Mendoza capital, nuevos cortes de rutas y asambleas en los departamentos y la continuidad de un plan de lucha que contempla el boicot de todas las actividades de Vendimia y la internacionalización del legítimo reclamo. Lo que pinta un escenario de conflicto social permanente y la desolación para importantes sectores de la economía mendocina que sostienen buena parte de sus ingresos anuales con la “fiesta de todos”.
Con ese panorama, el gobernador, en acuerdo con los sectores mineros que promovieron la eliminación de restricciones al uso del cianuro, resolvió no dar marcha atrás sino patear la pelota para adelante. “El gobernador suspendió la reglamentación de la ley que modificó la 7.722 e instó a un debate genuino con la intención de cuidar el agua y generar fuentes de empleo”, informó la prensa oficial, tras la conferencia de prensa que dio Suárez pasado el mediodía de este jueves en Casa de Gobierno.
La evidente zanahoria que Suárez quiere poner delante del burro no hace más que dilatar la cuestión e intenta bajar el clima de protesta bajo la promesa de un debate estéril. La autorización de los tóxicos para la megaminería a cielo abierto ya está en plena vigencia, y lo único que se podría discutir son aspectos reglamentarios que no restablecerán ni la letra ni el espíritu de la ley 7.722. La mineras tienen la sartén por el mango y el mango también, ya que pueden exigir judicialmente la reglamentación de la Ley Cianuro en cualquier momento, reclamo de seguridad jurídica elemental que el gobierno no podrá rechazar en el marco del Estado de derecho.
“Lo que más quiero es cuidar el agua, si no frenamos este cambio climático va a ser tarde para generar inversiones. Es mentira que por minería hay contaminación. Los mendocinos podemos hacer las cosas bien. Es la pobreza de cada uno de los mendocinos lo que me mueve, pero si no hay consenso social, no lo haremos”, manifestó Suárez.
Dirigentes de distintas organizaciones, sociales, políticas y ambientalistas le respondieron al gobernador que la megaminería no tiene consenso social en Mendoza y que solo la derogación de la nueva ley 9.209 garantizará el pleno restablecimiento de la 7.722. “El agua de Mendoza no se negocia”, insisten. La Ley Cianuro sigue, la lucha también.
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