El gobierno puso en marcha anteayer una discusión amplia sobre el mercado laboral que desembocará en el corto plazo en una reforma por ley del sistema de riesgos del trabajo destinada a reducir los costos para los empresarios, en cambios puntuales en el régimen jubilatorio y en medidas orientadas a reducir el empleo no registrado, que representa más de un tercio del total. Lo hizo al retomar los debates con empresarios y sindicalistas en el Consejo del Salario.
La agenda organizada por el Ministerio de Trabajo es ambiciosa y abarca temas impositivos, como el impacto de Ganancias sobre los sueldos, previsionales (jubilaciones y pensiones), productividad laboral, ausentismo, tercerización, paritarias y accidentes de trabajo, entre otros. Distribuidos en dos comisiones, gremialistas de las distintas versiones de la CGT y de la CTA debatieron con representantes y asesores del sector empresario. Cada dos semanas, se harán encuentros similares hasta finalizar la ronda hacia mediados de agosto, según se pactó anteayer.
El ministro Jorge Triaca presidió una de las comisiones, la de Seguridad Social, que contó con la participación del secretario del área, Juan Carlos Paulucci. Además, concurrieron funcionarios de la Ansés, la Afip y las superintendencias de Servicios de Salud (SSS) y de Riesgos del Trabajo (SRT). Por las cámaras patronales, hubo directivos de la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos Adeba, la Unión Industrial (UIA) y de las cámaras mercantiles. Como “invitado especial” asistió el presidente de la comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, Héctor Daer, a su vez dirigente de la CGT, junto con otros miembros de esa central y de la CTA.
La otra comisión tuvo como eje la productividad laboral y contó con la presidencia del vice de Trabajo, Ezequiel Sabor. Por la CGT estuvieron José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Omar Plaini (canillitas). Y por la CTA, Claudio Marín (telefónicos), entre otros que discutieron con representantes del empresariado como Ricardo Güell (metalúrgicos), Javier Balestra (UIA) e Ignacio de Jáuregui (Came).
Modificación
En la comisión de Productividad, surgió la novedad más inmediata: el gobierno enviará en el corto plazo un proyecto de ley de modificación del sistema de riesgos del trabajo, que sin alterar el mecanismo de aseguradoras (ART) consagrado en los años 90 y vigente hasta la actualidad apuntará a reducir los costos para los empleadores. En la actualidad, y a pesar de una reforma de 2012 hecha por el anterior gobierno a la medida de los reclamos de la UIA, el sistema mantiene una litigiosidad en alza con más de 100 mil juicios estimados para este año por la Unión de Aseguradoras (Uart).
Uno de los funcionarios que trabaja en los cambios le dijo a este diario que la nueva ley buscará reducir el peso de las primas que pagan los empresarios por asegurar a su personal a cambio de impulsar el blanqueo de trabajadores. En la reunión del miércoles, todos los participantes patronales coincidieron en protestar por el alto costo del sistema y por una respuesta considerada pobre para los empleados afectados por accidentes de trabajo.
En la comisión de Seguridad Social, en tanto, el eje fue un cambio propuesto sobre la ley de jubilaciones vigente (24.241), que en su artículo 95 establece el mecanismo de pago de pensiones por viudez y jubilaciones por invalidez. Los representantes explicaron que la normativa quedó desactualizada tras la desaparición de las AFJP y la creación del nuevo sistema público (Sipa), dado que se multiplicaron los casos de trabajadores con algún bache en su historial de trabajo que no logran cobrar jubilaciones o familiares sobrevivientes que no perciben sus pensiones.
También hubo espacio para tratar el financiamiento de los sistemas sanitarios, tanto el Pami como las obras sociales. Sobre este punto, los gremialistas dieron por hecho que el gobierno aumentará las cápitas que pagan monotributistas, autónomos y empleadas domésticas por su atención sanitaria a los gremios y sector público.
