El cambio societario de la banca pública será uno de los grandes debates que se desatarán en el Congreso y en la opinión pública y, a juzgar por las recientes declaraciones del titular del Banco Nación, Daniel Tillard, se trata de una cuestión “central para crecer” en la Argentina.
Una fe privatizadora como no se veía desde la década del ’90 del siglo pasado durante las presidencias de Carlos Menem, que es considerada anacrónica por el politólogo y ex titular del Banco Provincia (2008-11), Gustavo Marangoni, que en un reciente informe señaló, “Antes que pretender distorsionar el funcionamiento de la industria bancaria motivado por un prisma ideológico desactualizado, el presidente y su equipo pueden contribuir a darle el insumo que más necesita el sistema financiero (público y privado): bajar el déficit fiscal, estabilizar la inflación, recuperar la moneda y facilitar nuevas fuentes de financiamiento a mediano y largo plazo”.
Sin embargo, la administración de Javier Milei, ha tomado la privatización de la banca pública como un objetivo central de su programa y el ministro de economía Luis “Toto” Caputo, como una revancha pública de lo que podría haber hecho durante la presidencia de Mauricio Macri y no pudo concretar.
Porque si bien Daniel Tillard se preocupó por enseñar los malos resultados del Banco Nación al señalar, “en los últimos años, el BNA no priorizara su objetivo de canalizar el crédito a favor de la PyMEs y las familias argentinas. Hoy las LELIQS, los títulos públicos y el efectivo representan el 88,03% de los depósitos”, es el ministro de Economía, Luis Caputo, el que tiene un esquema de ingeniería financiera realizada y analizada con directivos de la banca privada para avanzar en una privatización del Nación por la que colocaría Obligaciones no Negociables con inversores de Wall Street y patrocinaría una oferta pública de acciones.
Ahora bien, a estos planes, que por ahora son directrices en un papel, se le oponen una gran cantidad de legisladores que en el Congreso no están dispuestos a aprobar el proyecto.
A la obvia referencia de sectores de la izquierda y el kirchnerismo se le suma la posición de la bancada de diputados de la UCR que tienen en claro el argumento principal que esbozarán en el recinto, «…Nosotros no somos casta ni representamos a ningún sector concentrado financiero, representamos al pueblo que cada vez que va a sacar un crédito va a golpear la puerta del Banco Nación».
Desde el oficialismo de LLA y el PRO reducen la discusión a términos de eficiencia y sostienen que » …se evidencian deficiencias en las prácticas de crédito. El banco registra indicadores de mora muy negativos. Los préstamos en situación irregular son el 7,40% del total y en los préstamos a las empresas la irregularidad es peor: alcanza al 11,70%”.
Para el docente e historiador, Juan Di Paolo, si se habla de números finos hay que decir que “…el BNA, representa 13 mil billones de pesos en depósitos en plazos fijos traducidos en la capacidad de ahorro de los argentinos. Estos billones implican, además el otorgamiento de créditos para la producción nacional” y, agrega en un documento publicado en Memo.com.ar “El Banco Nación logra llegar al último rincón de la Argentina, con créditos y cuentas sueldo. La importancia del Banco Nación es el poder de direccionamiento del crédito en términos productivos e industriales. Dicha institución cuenta, también, con más de 700 sucursales en el interior del país, completando así la mayor ocupación territorial de una institución financiera”.
El politólogo, Gustavo Marangoni, precisa que la Ley Ómnibus es más profunda acerca de la privatización de la banca pública a la que cataloga como una “mala idea”. “La banca pública la conforman 13 entidades, donde 2 son nacionales (BNA y BICE, que son los candidatos al “privatícese”), 9 son bancos provinciales y 2 son municipales. Seguramente todos ellos serían objeto de la misma intención privatizadora si fueran resortes del PEN”.
El documento de Gustavo Marangoni que firma junto a Fabio Rodríguez, señala tres hipótesis falsas sobre las entidades financieras públicas: que los bancos tienen un mal desempeño económico financiero; que la banca pública se quedó en los ’80 y que los bancos públicos tienen una porción de mercado apetecible para crear un nuevo entorno competitivo dominado por actores privados.
Acerca del último punto repasa que “…son 13 entidades públicas, que representan el 17% del total del sistema y dominan entre el 35% y 45% del negocio medido por las variables más relevantes: créditos al sector privado, depósitos de familias y empresas, cajas de ahorro, cuentas sueldos, sucursales y cajeros. Claro que como el desempeño es eficiente también representan el 43% del total de ganancias acumuladas en 10 meses del 2023 por todo el sistema”.
Por ello, para los autores, la idea de privatizar instituciones bancarias eficientes nace con la sospecha de ser una política alejada del interés del bien público porque “…puede pensarse que un tamaño de negocio muy relevante y rentable, que no requiere inyectarle capital para su mejor desempeño, resulta atractivo para quien tenga la visión de excluir del entorno de negocios y de la competencia el accionar de los bancos públicos”.
