Por María Gabriela Altamirano
Colegio de Profesionales de Trabajo Social 2da. Circ. Santa Fe
En el marco de la ley nacional 26.061 de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes y familia (2005) con adhesión provincial mediante la ley 12.967 (2009) la provincia ofrece convenios a municipios y comunas con el objeto de aportar recursos económicos para solventar los equipos de los sistemas locales de niñez, que especifica la ley y que funcionan en el ámbito administrativo, formando el primer nivel de intervención en conjunto con las instituciones locales de un determinado territorio.
El trabajo comprende la prevención, abordaje y trabajo en pro de la restitución derechos en situación de niños adolescentes y familia en situaciones de vulneración de derechos. Se interviene en situaciones de amenaza o vulneración que afecten la vida o la integridad física y psíquica, cuando ocurre un hecho o acto que vulnere, impida o afecte de cualquier modo la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos de las niñas, niños o adolescentes. La competencia de estos espacios de trabajo tiene dos ejes fundamentales; la intervención en situaciones problemáticas que se presentan como vulneraciones de derecho en el ámbito familiar o social; y la promoción y prevención de situaciones de vulnerabilidad a nivel comunitario en un intento de generar una red de contención que trabaje el criterio de corresponsabilidad.
En este primer nivel de intervención el equipo local tiene la función de garantizar la protección y la capacidad de tomar MPI (medidas de protección integral), pensadas como estrategias de intervención, aplicación de recursos y herramientas con el objetivo de restituir derecho o trabajar en la promoción de ellos y algo fundamental que incorpora este nuevo pensamiento es la idea de corresponsabilidad; estableciendo igual nivel de responsabilidad a todas las instituciones que comparten el territorio y que podrían tener u ofrecer algún tipo de contención, acompañamiento o protección al respecto.
Otra capacidad es la de solicitar MPE (medidas de protección excepcional), como último recurso fundado en la convicción de que se han agotado las posibilidades de trabajo en pro de esa restitución de derecho y que implicaría la separación del niño de su familia primaria y establecer los cuidados parentales en otro núcleo.
Si bien en el trabajo concreto la aplicación de dicha ley gana amplitud en la construcción de ciudadanía, reconocimiento de la importancia de la mirada de los profesionales que conviven en el entorno próximo del sujeto vulnerado; que antes no eran tenidas en cuenta a la hora de la toma de decisiones (juez); la posibilidad de escucha, la consideración de sujeto y esto funcione como recurso para determinar las medidas que van a acompañar este proceso de abordaje.
También hay que reconocer que en múltiples ocasiones expone nuestro trabajo a un camino solitario, absolutamente creativo y de recursos materiales nulos para hacer efectivo dicho proceso, en especial en localidades donde no hay instituciones intermedias de contención, como centros de día, centros terapéuticos que puedan brindar en el nivel mínimo, acompañamiento psicológico de forma gratuita.
Se enriquece la mirada sobre «ese otro» ganando el status de un otro con capacidad de decidir y ser escuchado en los procesos; con una ley que impone la integralidad, pero sin el andamiaje institucional que pueda sostener, concretar y hacer efectivos esos derechos; transformándolo en responsable de sus falencias.
En muchos casos los profesionales que conforman los equipos son escasos, generando un camino de “repensar constante” y aquí se encuentra el nudo problemático, el que marca la diferencia con lo proyectado desde la ley, y el sostén de la política social real que lo debe hacer efectivo.
Nudo que nos hace pensar si ese vacío y la dificultad real de los segundos niveles de intervención en sostener la comunicación, por falta de recursos, movilidad, alojamientos y demás necesidades no establece equipos de segundo nivel repitiendo recorridos que en muchas casos revictimizan y ponen, sin querer, ambos niveles en un ámbito «de evaluación entre profesionales» con el objeto de verificación de agotamiento real o no de posibilidades de intervención, para ver si son necesarias o no esas MPE. Este vacío de recursos genera un terreno pantanoso que muchas veces deja a nuestros pibes en una incertidumbre que los invita a pensar sobre las opciones de regresar a esos lugares donde fueron dañados, porque nada se define o directamente si quedan ahí en iguales condiciones en una eterna espera, que en ocasiones no llega.
El objeto de este texto es pensar la funcionalidad de los dispositivos locales, repensar esta «mal llamada mala comunicación entre primer nivel y la dirección», que nos hace responsables de lo que debería ser una definición de la política de turno; porque pareciera que es sólo responsabilidad de los profesionales cuando a las claras pueden detallarse la cantidad de recursos inexistente que hacen agua a la hora de sostener o ejecutar las medidas de pertinencia, la falta de camas para alojamiento, escasos lugares de inserción para adolescentes, contención para problemáticas que asolan a nuestros jóvenes como las adicciones, las violencias, los abusos, la deserción escolar que los expone al riesgo de las calles y muchas otras cosas bien sabidas por todos y fundamentalmente personal que acompaña sin formación profesional, en condiciones no dignas de trabajo real y que sirven cono nichos de ingresos para una sobrevivencia recortada.
En este entramado de complejidades que trabaja el sistema de protección, muchas veces acompaña pero lejos está de proteger y ahí deberíamos centrar la mirada en las responsabilidades, en la calidad de las política sociales como también en nuestra responsabilidad profesional; que nos necesita más formados y sólidos posible para acompañar trayectorias; pero bajo ningún concepto aceptar que somos los trabajadores sociales únicos responsables de estos males y que nada se hace… muy lejos está de nuestro quehacer e impronta profesional las dudas, somos un colectivo propositivo que reconstruye, que trabaja y nutre los procesos de socialización que se acompañan cotidianamente desde la intervención y en la mayoría de las veces en condiciones de precariedad laboral, somos trabajadores que defiende derechos, que construye dignidad en su lucha cotidiana pero con límites reales de los que son decisores en materia política.
Las responsabilidades de concreción real de protección que bien detalla la ley requieren de un estado que aloje a nuestros pibes de forma tangible, con apertura y preparación para poder adaptarse a las múltiples y diversas realidades que viven y que en cada trayectoria debe ser contempladas sus características propias y no ser un servicio inamovible para la generalidad.
«Un derecho no es lo que alguien te debe dar; un derecho es lo que nadie te debe quitar”. Tom C. Clark
