El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe aportará pruebas para la causa que investiga los asesinatos de las abogadas santafesinas Marta Zamaro y Nilsa Urquía, ocurridos en 1974 y atribuidos a la Triple A, informaron hoy voceros oficiales.
En ese sentido, la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF) anunció hoy su decisión de constituirse como querellante en la causa que pedirá la investigación de esos crímenes, tras el pedido que sean declarados delitos de lesa humanidad.
La Secretaría de Derechos Humanos expresó “el beneplácito y el apoyo a la decisión de la Asociación de Prensa de Santa Fe y de los familiares de la victimas de presentarse ante la Justicia Federal para que se investiguen los hechos ocurridos en 1974”.
“Ponemos a disposición de la querella y de la justicia todo el material que haya en nuestros archivos, ya sea documentación de libros policiales, legajos de la Conadep, investigaciones propias, causas judiciales contemporáneas que pudieran ser útiles a los fines de la investigación”, expresó la secretaría mediante un comunicado.
El secretario general de la APSF, Pablo Jiménez, explicó que “si bien, como comisión directiva ya habíamos decidido constituirnos como querellantes de la causa, queríamos refrendarlo a través de una asamblea extraordinaria”.
En tanto, Celina Kofman, de Madres de Plaza de Mayo Santa Fe, dijo estar “emocionada por ver a familiares de las compañeras desaparecidas”, y destacó que “luego de más de 30 años de luchas estériles, vemos este año el surgimiento de jóvenes empeñados en recuperar la memoria, concientes de lo que fueron nuestros hijos”.
“Es tan importante esto para nosotros porque, en el ocaso de nuestras vidas, nos reconforta y nos alienta”, agregó Kofman.
La abogada Marta Zamaro fue trabajadora gráfica del Nuevo Diario de la ciudad de Santa Fe y junto a su colega Nilsa Urquía defendían a presos políticos.
La causa que investigaba ambos asesinatos había sido cerrada el año pasado en la justicia provincial y ahora la APSF se presentará como querellante en su reapertura en el fuero federal, solicitando que los crímenes sean considerados como delitos de lesa humanidad.
La Secretaría de Derechos Humanos también aportará el expediente que fue girado desde la justicia provincial a fines del año pasado al Archivo de la Memoria.
