Agustín Aranda
A días del tradicional primer remate de un lote de soja que organiza todos los años la Bolsa de Comercio de Rosario, la ciudad vivirá –como el resto del planeta– el dictamen del máximo tribunal internacional, la Corte de la Haya, que hoy se pronunciará sobre las consecuencias del uso de herbicidas y fertilizantes en el mundo.
Será un antes y un después para la Argentina porque definirá si la principal empresa de agroquímicos para el agro, Monsanto, conocida por el herbicida Roundup, es responsable de vulnerar el derecho a un entorno seguro, limpio y saludable que está consagrado por convenios internacionales.
También sentará las bases para que las víctimas del modelo transgénico inicien acciones legales contra las empresas que producen los productos. El Ciudadano dialogó con dos de los 30 testigos del juicio que aportaron datos en contra de Monsanto. Ambos dieron su mirada desde Santa Fe. Uno sobre las consecuencias médicas en la población acumuladas por un relevamiento de casi 30 localidades y el otro sobre las que tuvieron sobre la tierra.
Los años de Monsanto
Damián Verseñassi es profesor de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Desde 2010 desembarcó con un grupo de profesionales y alumnos en sus últimos años de carrera en 29 localidades de las cuatro provincias del núcleo agropecuario argentino.
En más de 80 mil entrevistas médicas relevó que en las personas que viven rodeadas por la vida industrial del agro las patologías glandulares, respiratorias y los casos de cáncer aumentaron desde hace más de dos décadas, cuando los agrotóxicos hicieron su entrada en la vida del campo. Además del glifosato, Verseñassi constató con historias clínicas que otros químicos usados a diario en el campo, como los fertilizantes y plaguicidas, llevaron a un aumento en casos de malformaciones y obesidad infantil. El médico describió el aporte de Santa Fe en el juicio contra Monsanto.
—¿Cuáles fueron los aportes que hicieron contra Monsanto el 15 y 16 de octubre de 2016 en Holanda?
—Les impactó mucho la cantidad de localidades, de personas y los alarmantes resultados de los campamentos. De las 27 localidades analizadas, en 25 hay índices de prevalencia de enfermedades respiratorias y glandulares. Nos preocupa el daño a menores de edad. Identificamos que el 40 por ciento de los chicos en edad escolar, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tienen sobrepeso u obesidad declarada. Registramos una alta incidencia de abortos espontáneos y malformaciones congénitas. En los últimos años nos llamó la atención que durante las entrevistas las personas hablan de que las causas están en los elementos del agro. Nos llamó la atención el alto volumen de ansiolíticos aun cuando las personas no dicen padecer depresión. Más alarmante, vimos que entre 4 y 6 personas de cada 10 no se atienden en el sistema de salud público. Esto ayuda a entender por qué el sistema oficial tiene números más bajos. A su favor, quienes se atienden la califican como buena o muy buena. Hay que pensar en bajar los niveles de enfermedad y eso se hace cambiando el modo de producción.
—¿Qué repercusiones tuvo?
—Habilitó preguntas sobre por qué creíamos que en Argentina, a pesar de tener esta información, se favorece a este sistema de producción. Desde lo médico explicamos lo aprendido en los laboratorios por Andrés Carrasco (ex presidente del Conicet), sobre la alteración que genera el glifosato en el sistema del ácido retinoico, desregulando los genes que hacen a las estructuras de los mamíferos. Nuestro trabajo demostró que existe un correlato entre lo que pasó en el laboratorio de Carrasco con las enfermedades que sufre la gente. Semanas atrás se confirmó que la empresa manipulaba la información de las agencias de salud en lo que fue conocido como los Monsanto Papers –ver aparte–. El Parlamento de El Salvador lo prohibió y la ley fue vetada por el presidente a partir del lobby de la empresa. En el juicio un médico de Sri Lanka compartió que pudo identificar más de 20 mil muertos y enfermos de tumores renales en el campo, donde predomina la producción de arroz. Lo que cambió en las últimas dos décadas en esa región había sido la incorporación de herbicidas de la empresa. Hoy está prohibido.
Nos prestaron atención porque generamos datos. No perseguimos fantasmas.
—¿Qué se juega en el juicio?
—Por primera vez se pone en el banquillo de acusados a Monsanto a fuerza de un esfuerzo colectivo (son más de mil instituciones de todo el mundo). El modo en que funciona el tribunal garantiza lo riguroso del proceso y el dictamen. Aún no sabemos cómo va a fallar. En caso de hacerlo como esperamos se inaugurará la figura de ecocidio, y eso brinda herramientas para cada una de las localidades, organizaciones y países en cargar judicialmente contra las empresas como responsables de las consecuencias del uso de transgénicos. El próximo paso es revisar los permisos de comercialización en cada país y conocer las responsabilidades políticas de quienes lo habilitaron. Tener la figura de ecocidio habilita a correr el eje. Gran parte de las discusiones sobre el uso de agroquímicos enfrenta a la población con los productores. Se pelean vecinos contra vecinos. Necesitamos políticas de Estado que den alimentos más sanos y dañen menos. Necesitamos maíz de verdad, con calcio, y no el maíz hecho con los métodos usados hoy que tiene 6 mil veces menos del mineral.
—¿Cuál fue la ultima localidad en la que se hicieron los relevamientos que empezaron en 2010 con los campamentos sanitarios?
—La última fue San Salvador, en Buenos Aires. Tenemos problemas con la realización del próximo porque la universidad puso trabas en la logística. Muchas localidades piden que vayamos a hacer el campamento. En octubre desde una comuna pidieron que vayamos. Recién el último día de diciembre la facultad nos notificó y el primer día hábil de 2017 respondimos. Son detalles que no contribuyen con avanzar. La semana pasada nos pidieron desde Ceres que vayamos. No es fácil y se tiene que hacer con tiempo. Se trata de más de 200 personas (estudiantes y médicos) a los que se tiene que acomodar. En septiembre le toca a Capitán Bermúdez, que tiene más de 10 mil habitantes. No se hace fácil si no hay voluntad política.
—En febrero el gobierno provincial anunció la creación de una agencia que generará estadísticas sobre cáncer, una experiencia que no es nueva en Santa Fe y en la que ustedes estuvieron involucrados. ¿Cómo valora la iniciativa?
—Siempre es positivo que una política pública vuelva a profundizar el conocimiento sobre un problema de salud colectivo tan grave. La semana pasada recibimos por primera vez un pedido de la agencia para que le acerquemos la información surgida de los campamentos sanitarios. En parte estuvimos trabajando cuando se inició la agencia similar hace más de una década. Fue una buena experiencia hasta que los resultados que obtuvimos complicaron el sistema productivo de Santa Fe. En 2012 la tasa de cáncer fue de 217 casos por cada 100 mil habitantes, cuando la media esperada por la OMS era de 172. En 2013 el registro en los campamentos sanitarios superó la media nacional: 397 cada 100 mil habitantes.
Papeles comprometedores
A fines de marzo la Justicia federal de Estados Unidos desclasificó unas 250 páginas de correspondencia interna de la empresa Monsanto en el marco de una acción legal iniciada por cientos de peones de campo que contrajeron el linfoma no Hodgkin por haber sido expuestos a los productos de la firma. A las comunicaciones, que rápidamente se ataron al mote de las últimas investigaciones periodísticas judiciales internacionales, se las llamó los Monsanto Papers. Los correos electrónicos dieron cuenta de que desde 1999 la empresa estaba preocupada por el potencial mutagénico del glifosato. También que la firma “debía encontrar formadores de opinión que llevaran adelante operaciones de comunicación científica que cuestione resultados que dejen mal parada a la empresa”.
El ejemplo más grave fue la anulación de un informe de la Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense que debía haber hecho el departamento de salud sobre el uso de glifosato. Desde que se puso en debate la toxicidad y las consecuencias del uso de los productos de Monsanto, la firma salió a defenderse con varias publicaciones, que a la luz de las investigaciones recientes fueron craneadas por la empresa, que intervino en distintas agencias e instituciones con peso.
Luego de la publicación de los Monsanto Papers la multinacional emitió un comunicado: “Las alegaciones de que el glifosato puede causar cáncer en humanos son inconsistentes con décadas de revisiones de seguridad realizadas por las autoridades reguladores líderes en el mundo. Los demandantes han remitido al juez documentos aislados que están siendo interpretados fuera de su contexto”.
La producción alternativa también dio lo suyo
Diego Fernández produce pasturas, trigo, centeno, maíz, soja no transgénica, sorgo, tiene un criadero de gallinas y produce harina integral en 50 hectáreas de un campo ubicado a una hora y media de Rosario. Junto con otros 19 agricultores están conectados en una red que desafía los estándares de agricultura industrial al no depender de agroquímicos. El productor también compareció ante los cinco jueces de la Haya para explicar los daños del modelo, pero a la tierra. “Expliqué por qué el 97 por ciento de la producción en Argentina depende del modelo. Desde las universidades se dice que es imposible hacerlo sin depender de químicos y tóxicos. No tiene que ser así. Trabajamos con el Inta en diseñar y difundir modos alternativos igual de rendidores y más amigables con el ambiente”, dijo Fernández a este medio. “El lobby internacional tapó las consecuencias de un modo de producción que se retroalimenta. Los agrotóxicos arruinan la fertilidad de la tierra, que es solucionada con fertilizantes hechos por la misma empresa. Es una rueda en la que gana la empresa y perdemos todos. Desarrolla y debilita a las plantas. Nos quedan alimentos más flacos y tierra muerta. Y no es necesario”, sintetizó. “No se puede obligar a los países a prohibir la comercialización y utilización. Se pueden sentar las bases para nuevos juicios y acciones contra las empresas para que los productos sean calificados de otra manera; que asuman la toxicidad y actúen previniendo a los productores sobre la misma”, agregó el productor.
Una cita para saber
Hoy desde las 9.30 en el Centro Cultural Parque de España distintas organizaciones convocan a escuchar en vivo el dictamen de los jueces del tribunal internacional de La Haya. La entrada es libre y gratuita. El dictamen de los jueces del Tribunal Internacional Monsanto girará en torno de si la empresa vulneró derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de Derechos del Niño. Además, deberán también expedirse sobre si la empresa fue cómplice de un crimen de guerra por haber proporcionado materiales al ejército norteamericano en el conflicto contra de Vietnam. Por último, y como refirieron los entrevistados, definirá si las actividades de Monsanto “podrían reunir los elementos constitutivos del delito de ecocidio, en el sentido de que dañan gravemente o destruyen el medio ambiente, hasta el punto de alterar en forma significativa y duradera el patrimonio mundial”.
La documentación médica que estuvo en riesgo en 2016
La relación entre la Universidad Nacional de Rosario y el gobierno santafesino con los realizadores de los campamentos sanitarios tuvo su momento de mayor tensión el viernes 30 de octubre de 2016 cuando Verseñassi declaraba en la Haya. Ese día lo alertaron de que la puerta de la oficina donde se encontraba toda la prueba documental de los campamentos había sido encadenada. Después de una denuncia que hizo a través de su cuenta de Twitter, pudieron abrir la oficina y recuperar el material. La orden superior nunca fue avalada o desmentida públicamente con claridad por el decano de Medicina, Ricardo Nidd. “Las presiones que se recibieron en la Facultad a partir del impacto que tuvo nuestra participación en el Tribunal Internacional Monsanto no deben haber sido pocas”, dijo a Rosario 12 en su momento.
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