El Estado provincial deberá abonar medio millón de pesos a un empleado policial que en 2005 resultó herido cuando intentaba detener a un sospechoso en barrio Echesortu. El plomo que impactó en el uniformado provino del arma reglamentaria de una sargento que vivía en el lugar del hecho y accionó su pistola al escuchar ruidos en el fondo de su casa. La herida le causó al agente una incapacidad física del 20 por ciento y por eso encausó una demanda civil contra el Estado en concepto de daños y perjuicios. La Justicia entendió que la tiradora –que se encontraba de franco de servicio– no contaba con la preparación habitual de práctica de tiro y manipulación de un arma de fuego, por lo que condenó a la provincia a realizar el pago de la indemnización.
El fallo fue dictado por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la 2ª Nominación de Rosario, integrado por los magistrados Viviana Cingolani, Juan José Bentolila, Fabián Bellizia y Chistian Bitetti.
El hecho sobre el cual los magistrados debieron resolver ocurrió el 4 de noviembre de 2005 cerca de la 1 de la madrugada, cuando Mario Andrés R., un policía de 29 años que cumplía sus servicios en la Unidad Regional II, respondió a una llamada de auxilio a una vivienda de Castellanos al 400 donde, al parecer, dos personas habían trepado por los techos con intensiones de robo.
De acuerdo con la causa, al llegar al lugar el efectivo policial divisó a uno de los sospechosos en el interior de un pasillo, adonde ingresó, dio la voz de alto, trepó sobre un techo y logró atraparlo por un pie. Fue en ese preciso momento cuando el policía recibió un balazo a la altura del abdomen. El disparo había sido realizado por otra empleada policial, la sargento primero Miriam Rut C., quien vivía en el lugar del hecho y se encontraba de franco de servicio.
De las declaraciones de la mujer que aparecen en el fallo se desprende que ese día ella se encontraba en su casa y oyó ruidos extraños que provenían del patio, por lo que se identificó y abrió fuego. La policía dijo no haber escuchado cuando se colega se identificó ante el sospechoso. Tras un proceso penal, la sargento fue sobreseída en 2010. Sin embargo, la víctima siguió con la demanda civil en concepto de daños y perjuicios contra la uniformada y contra el Estado provincial. Es que, producto de la herida, sufrió una incapacidad física del 20 por ciento.
Tras analizar la causa, los jueces que integran el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la 2ª Nominación de Rosario entendieron que, pese a tener 20 años de antigüedad y alto rango dentro de la fuerza, la mujer no contaba con la preparación debida de práctica de tiro y manipulación de arma de fuego.
Por esto, el Estado provincial, que para los magistrados es quien debió proporcionarle el entrenamiento adecuado a la mujer, deberá pagar el resarcimiento económico. Esto le costará cerca de medio millón de pesos, entre capital e intereses, que cobrará la víctima, explica la resolución judicial.
