El Estado provincial fue condenado por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad de la 6ª Nominación a pagar más de tres millones de pesos a un joven recluso que en el año 2007 fue gravemente herido por otro en un pabellón de la Unidad Penitenciaria Nº 3. La víctima había sido trasladada de pabellón y poco después de ingresar al nuevo lugar de alojamiento en el penal, se le acercó otro interno y le efectuó dos puntazos que le perforaron el hígado y el corazón. Estas lesiones le generaron un paro cardiorrespiratorio que le impidió oxigenar el cerebro. Luego de permanecer varias jornadas en terapia intensiva, logró salvar su vida pero quedó con secuelas irreversibles que le implicaron un 100% de incapacidad. El tribunal consideró que la provincia cumplió irregularmente la prestación de servicio a cargo y entendió que la seguridad –como deber del Estado– no solo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también el de los propios penados cuya readaptación social constituye un objetivo superior del sistema.
David Ismael G. fue condenado por robo y el 24 de mayo de 2007 se encontraba purgando condena en el pabellón de evangélicos de la Unidad Penitenciaria Nº 3, conocida como La Redonda, en Zeballos al 2900. Esa tarde fue trasladado al pabellón colectivo Nº 1 donde había 50 internos. Mientras la población carcelaria miraba televisión, David recibió dos puntazos por parte de uno de los internos. El joven fue auxiliado por otros compañeros que solicitaron asistencia y el servicio sanitario de la cárcel le prestó los primeros auxilios y lo derivó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde permaneció con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.
El detenido sufrió dos heridas punzocortantes en la cara interior del tórax que le afectaron el corazón y el hígado, lo que le produjo un paro cardiorrespiratorio. Además sufrió una disminución motora en sus cuatro miembros. El informe pericial determinó que las lesiones sufridas por David le generaron un ciento por ciento de incapacidad. “El demandante sufre trastornos de conducta, camina con pequeños pasos, tiene disminuida la memoria retrógrada, no recuerda hechos ni circunstancias, habla bajo, con palabras entrecortadas y sin continuidad en el relato, tiene problemas de esfínteres y una importante disminución de todas las funciones psíquicas”, refiere el fallo.
Por el hecho, la defensa del joven inició una demanda por daños y perjuicios y la provincia se defendió alegando que el hecho no había existido. Aunque ello fue desvirtuado con la prueba reunida en la causa. El tribunal compuesto por Horacio Allende Rubino, Mónica Klebcar y Néstor García determinó que el ataque ocurrió en el interior de la dependencia provincial y que David se encontraba bajo la custodia del Estado santafesino, que asume primaria y principalmente la obligación de asegurar la integridad psicofísica del detenido.
Los magistrados entendieron que la responsabilidad de la provincia se encuentra enmarcada en un factor de atribución objetiva derivado de la irregular prestación de un servicio a cargo del Estado y la obligación que impone la Constitución Nacional de dar a los condenados una adecuada custodia.
En este caso, el joven fue atacado y lesionado porque el personal de vigilancia no pudo prevenir ni evitar el hecho, ya sea custodiando dentro del pabellón o evitando el ingreso o fabricación de armas blancas, sostiene el decisorio.
Con estos argumentos, el Tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la provincia a pagar la suma de 530 mil pesos por el rubro pérdida de chance y otros 400 mil por daño moral. Además, acreditó que el joven necesita asistencia permanente por lo que se otorgó el rubro gastos futuros para la atención y cuidado de David, que consiste en un salario mínimo vital y móvil mensual y un aguinaldo anual por el término de 45 años, cuyo monto total asciende a 1.561.950 pesos. La suma de todos los rubros más los intereses ascienden a una indemnización final de 3.125.280 pesos.
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