Por decreto, el gobernador Omar Perotti decidió emitir bonos, pagarés y cheques de pago diferido por 6000 millones de pesos para cancelar las deudas que mantiene la provincia con empresas contratistas y otros proveedores del Estado. Ninguno de esos instrumentos vence durante 2020, por lo cual los acreedores podrán venderlos o usarlos para cancelar impuestos.
A través del decreto 415/20, fechado el 12 de mayo, el gobierno empieza a poner en marcha algunas de las herramientas incluidas en la Ley de Necesidad Pública con el objetivo de cancelar las deudas del Estado provincial vencidas al 31 de diciembre de 2019.
En primer lugar, el decreto autoriza la creación de un Programa de Emisión de Títulos de Deuda por un monto máximo 4500 millones de pesos que se usarán para atender las renegociaciones de contratos públicos y la cancelación de la deuda flotante o consolidada. La fecha de vencimiento la definirá el Ministerio de Economía al momento de cada emisión, pero plazo máximo será el 1° de abril de 2023.
Esos títulos se encontrarán representados bajo la forma de certificados globales permanentes a ser depositados en el sistema colectivo administrado por Caja de Valores SA. El decreto expresa que los beneficiarios renunciarán al derecho a exigir la entrega de láminas individuales y que las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley de Régimen de Compra de Títulos Valores Privados.
El decreto faculta al Ministro de Economía a disponer la utilización por parte de los beneficiarios o tenedores de los títulos de deuda que se emitan para cancelar acreencias tributarias y no tributarias que los propios beneficiarios mantengan con el fisco provincial. En otros términos: las empresas que así lo decidan podrán usar los títulos para cancelar impuestos en lugar de esperar la fecha de cobro.
En segundo lugar, el decreto autoriza al Ministro de Economía a emitir cheques de pago diferido por un valor total de 1500 millones de pesos con destino a la atención de renegociaciones de contratos públicos o la cancelación de deudas vencidas al 31 de diciembre de 2019. El vencimiento de esos cheques deberá superar el actual ejercicio financiero, es decir que las empresas no podrán cobrarlos durante 2020, pero sí podrán negociarlos.
A través del decreto 415/20, se modifica el presupuesto provincial vigente: se incorporan en el Cálculo de Recursos del Tesoro Provincial los 6000 millones correspondientes a los bonos y los cheques y se disminuyen los Servicios de la Deuda por el mismo monto.
Entre los fundamentos del decreto, el gobierno señala que “las variables económicas financieras críticas” de la provincia al asumir la actual gestión “se han visto singularmente agravadas” por la pandemia del coronavirus. Y agrega que “dicha situación afecta con igual fuerza tanto al sector público como al privado, lo cual hace necesario diseñar en este marco un instrumento con finalidad cancelatoria de deudas”.
La deuda heredada
Este jueves, los ministros de Economía Walter Agosto y de Infraestructura Silvina Frana se reunieron con representantes de la Cámara de la Construcción para darles detalles del decreto 415/20 dictado por el gobernador Perotti para cancelar la deuda con contratistas.
Tras el encuentro realizado en el Ministerio de Economía, Frana aclaró que “las deudas que nos convocan a esta ronda de conversaciones con los representantes de la Cámara de la Construcción de Santa Fe y Rosario superan los 6200 millones de pesos y refieren solamente a las deudas por obra pública que vienen de la gestión anterior”.
“El gobierno provincial está ofreciendo pagar esta deuda, una parte en bonos y otra parte en cheques de pago diferido. Luego, ambas cámaras se van a reunir con sus asociados, analizarán la propuesta y en una próxima reunión recepcionaremos sus observaciones. Confío en que podamos llegar a un acuerdo para regularizar esta situación”, indicó la ministra de Infraestructura de la provincia.
Pedido de diputados socialistas
Los diputados provinciales del socialismo le reclaman al gobierno provincial el reinicio de las obras públicas. La diputada Clara García justificó el reclamo “dado el impacto positivo que tiene en cada territorio y por la generación de empleo que hoy está paralizado”.
La legisladora del PS destacó que la obra pública es una actividad considerada esencial desde el primer decreto del gobierno nacional (297/20) dictado en el inicio de la pandemia del coronavirus y no está afectada por el aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente.
No obstante, García advirtió que el reinicio deberá realizarse mediante el estricto cumplimiento de la normativa de protección de los trabajadores y la aplicación de todos los protocolos de sanidad que fueron homologados ante el Ministerio de Trabajo, con la participación de la Cámara de la Construcción y el sindicato de la Construcción (Uocra).
La legisladora recordó que la actividad en este rubro “se vio paralizada de manera súbita apenas asumió el gobierno de Omar Perotti sus funciones, dejando a miles de familias sin su sustento”. Y consideró que la reactivación por parte de la provincia de la obra pública “supone la movilización de un importante sector económico relacionado a la construcción, a la vez que permitirá el avance y conclusión de importantes obras, y garantizar el empleo de miles de trabajadores santafesinos de forma directa o indirecta”.
“Sin lugar a dudas, la obra pública es reactivadora de la economía y, además, permite la consolidación de la infraestructura pública necesaria, tanto aquella vinculada directamente con los temas sanitarios, como otros que aportan a la calidad de vida”, concluyó la diputada.
