El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Matías Figueroa Escauriza, de quien depende la flamante Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), estuvieron presentes este sábado en la etapa final de la compactación que se lleva adelante en un megadesarmadero ilegal de Rosario cuyas piezas fueron incautadas por la Justicia provincial.
Lo recaudado será reutilizado con fines sociales, indicaron los voceros para resaltar que las autoridades analizarán donar bienes a entidades civiles.
Tras la compactación quedarán disponibles unas 200 toneladas de metal donde el gobierno provincial destinará esos fondos con prioridad a escuelas, hospitales y clubes de barrio. En tanto, trece motores van a ser donados a escuelas técnicas, para mejorar sus talleres y darles mayores herramientas de aprendizaje a los alumnos. Además, un auto Chevy de los años 60 –considerado de colección– será donado a un museo para que lo restaure y lo exhiba.
“Como ya lo venimos haciendo, vamos por los bienes que tiene la ilegalidad, y que tiene el delito en la provincia de Santa Fe, en este caso, estas autopartes. Que por supuesto el Estado no tiene la capacidad de venderlas, pero sí de compactarlas y de donar ese dinero a instituciones de bien, fundamentalmente a la educación. Somos la primera provincia que les saca los bienes al delito y los pone a disposición de instituciones de bien o instituciones educativas”, resaltó el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien remarcó que continuarán los controles en los desarmaderos.
Escauriza remarcó que con estas acciones “seguimos pegando al delito donde más le duele, que es en su poder económico». En cuanto a lo que se obtenga de ese proceso, el titular de la Aprad fue taxativo: “Se comprarán elementos para escuelas públicas de Rosario, para dárselas a los estudiantes, por ejemplo computadoras o tablets”.
La Aprad, inaugurada en julio, se hace cargo de la custodia y destino final de los bienes decomisados mientras que la empresa que realiza los trabajos de limpieza y separación de residuos, corte, compactación y transporte de los bloques de chatarra al destino de disposición final, paga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esa materia prima. Se estima que entre los bienes incautados en este desarmadero ilegal había 220 chasis y 200 mil autopartes.
Además, la agencia realizará las subastas de automotores que se harán a principios de octubre y las cuatro casas expropiadas en Melincué, que pertenecían a una red de prostitución y en junio pasado fueron escrituradas a nombre de la provincia. “Esos inmuebles están valuados en dos millones de pesos y serán utilizados con fines sociales”, dijo Escauriza.
