Si alguien pensó, allá por marzo, que la pandemia del coronavirus significaría una tregua política en la provincia de Santa Fe, se equivocó redondamente. La emergencia sanitaria, lejos de calmar las pasiones, las exaltó. El año termina como empezó y nada hace suponer que los tironeos vayan a suavizarse en 2021; por el contrario, las elecciones intermedias prometen subir la temperatura del debate conforme avance el calendario y se acerque el momento de ir a las urnas.
De la mano de Omar Perotti, el peronismo recuperó el gobierno después de 12 años de gestiones del Frente Progresista. Para ello, el rafaelino supo hilvanar un amplio armado político que incluyó a todos los sectores del partido, desde sus vectores más progresistas hasta los más conservadores; incluso consiguió repatriar a dirigentes que habían migrado a otros espacios, como el Frente Renovador. Aquella línea de la marcha partidaria (“todos unidos triunfaremos”) tuvo su correlato en el resultado de las elecciones de 2019, en las que también talló el influjo nacional amplificado por el acuerdo Fernández-Fernández.
La “unidad en la diversidad” construida con paciencia por el presidente del PJ provincial Ricardo Olivera fue la llave que le permitió a Perotti llegar a la Casa Gris en su tercer intento electoral. Sin fugas y con todos los sectores participando activamente en la campaña, el peronismo volvió al poder. Pero la luna de miel iba a durar muy poco.
La boleta única que se utiliza en Santa Fe desde 2011 provoca efectos políticos contradictorios al espíritu de la Constitución provincial. Le pasó en su momento a Antonio Bonfatti y ahora a Perotti. En su diseño institucional, la Constitución previó asegurarle al gobernador mayoría propia en la Cámara de Diputados: los estudiosos le dicen “cláusula de gobernabilidad”. La boleta única fulminó ese precepto: Bonfatti debió gobernar durante cuatro años con el Senado en contra y con 15 diputados propios sobre 50; Perotti solo cuenta con siete representantes en la Cámara baja y, si bien el PJ domina el Senado, las fisuras dentro del bloque oficialista son cada vez más notorias.
El reparto del poder en la provincia quedó a la vista el día de las elecciones en las que se impuso el rafaelino. Miguel Lifschitz reconstruyó desde ese mismo momento su liderazgo al interior de la coalición opositora, lo que le permitió quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados y mantenerse como la primera opción del Frente Progresista para 2023. El Frente Progresista perdió la provincia, pero conservó las intendencias de Rosario y Santa Fe y la estratégica Cámara baja, donde cuenta con 28 de las 50 bancas. No es poco.
Durante la larga transición de casi seis meses Perotti no consiguió domesticar a los senadores de su propio partido, que le dieron una bienvenida inusual aprobando el presupuesto 2020 elaborado por el gobierno saliente. Ya de entrada quedó expuesta una puja de poder entre los 12 caciques departamentales y el gobernador de la provincia; con el paso de los meses ese bloque mayoritario se partió en dos: de un lado quedaron los leales a la Casa Gris, liderados por Alcides Calvo; del otro, los díscolos que responden a Armando Traferri.
La ecuación no cierra por ningún lado: Perotti tiene la Cámara de Diputados en contra y el Senado imponiéndole límites ante cada situación de conflicto intra partidario o entre poderes. Si así fue el primer año, ¿cómo serán los próximos tres?
El factor Sain
El primer año de gestión de Perotti no se puede analizar sin antes detenerse en la aparición de un factor disruptivo: el ministro de Seguridad Marcelo Sain. Especialista de larga trayectoria en el campo académico, ex funcionario nacional, ex diputado de la provincia de Buenos Aires y ex asesor del último gobierno del Frente Progresista, Sain ganó por concurso el cargo de director del Organismo de Investigaciones (ex Policía Judicial) del Ministerio Público de la Acusación y asumió esa función en diciembre de 2018.
Cuando Perotti ganó las elecciones, seis meses después, su nombre comenzó a sonar como potencial ministro de Seguridad. El PJ santafesino no estaba en condiciones de ofrecer cuadros especializados para un área tan delicada. La inseguridad fue el talón de Aquiles de las últimas dos gestiones socialistas y, al mismo tiempo, el caballito de batalla electoral que le permitió al peronismo recuperar el poder. Cuando Alberto Fernández se impuso en la elección presidencial, cobijado por el kirchnerismo, la designación de Sain al frente de la cartera de Seguridad de la provincia dejó de ser una hipótesis y se transformó en realidad.
No tiene la cintura política de Roberto Rosúa ni el perfil exclusivamente técnico de Daniel Cuenca. No es un funcionario de perfil bajo como Álvaro Gaviola ni un ministro “de emergencia” como Raúl Lamberto. Aunque lo asesoró en el inicio de su gestión, tampoco comparte características con su antecesor Maximiliano Pullaro. Marcelo Sain es distinto a todos los ministros de Seguridad que tuvo la provincia y ejerce su poder de un modo inédito: en apenas 12 meses desafió a la Justicia, a la oposición, a los senadores del oficialismo y al poder económico; al mismo tiempo, elaboró una ambiciosa reforma normativa –todo un desafío para un gobierno que no consigue alinear voluntades en la Legislatura– y descabezó las cúpulas policiales heredadas de la gestión anterior.
La promesa de “paz y orden” que llevó a Perotti al gobierno se condice con la centralidad de Sain; no así los magros resultados logrados en su primer año de mandato, otra vez con cifras altas de homicidios en los grandes centros urbanos y con una agobiante sensación de inseguridad que las bravatas del ministro, lejos de apaciguar, la amplifican.
Con el paso de los meses, quedó expuesto un escenario de tironeo permanente entre los distintos poderes del Estado. La alianza táctica entre el Frente Progresista comandado por Lifschitz y los senadores conducidos por Traferri resultó un dolor de cabeza para el dúo Perotti-Sain. Sin pelos en la lengua, el ministro de Seguridad viene sosteniendo que “el Frente Progresista y la derecha peronista quieren cogobernar la provincia”. Del otro lado de la grieta, el senador de San Lorenzo, a punto de caer en desgracia por los coletazos de la causa que investiga las redes del juego clandestino, acusa a la Casa Gris de llevar adelante “operaciones políticas” contra el Senado en su conjunto y contra su persona en particular.
Cuando recién se cumple un año del nuevo gobierno, el fuego cruzado entre los tres poderes del Estado amenaza seriamente la institucionalidad de la provincia. Los fiscales del sistema penal y la Legislatura juegan su propio partido; a cada investigación que compromete al poder político, los legisladores responden con reformas normativas en busca de asegurarse el control y la potestad de sancionar a los funcionarios del Poder Judicial. La Casa Gris lauda a favor de sus propios intereses, tal como quedó a la vista con el reciente veto a las leyes que imponían limitaciones sobre la gestión del Ministerio de Seguridad.
La desfavorable distribución del poder con que asumió Perotti convirtió a Sain en un ministro imprescindible: no tanto por lo que pueda lograr en su tarea específica, sino porque funciona como escudo protector del gobernador. El escudo del Capitán América.
En emergencia
Desde su asunción el 11 de diciembre de 2019, Perotti se impuso como primer eje de gestión la declaración de la emergencia en ocho áreas del Estado: social, alimentaria, sanitaria, en las contrataciones públicas, económica, financiera, fiscal y en materia de seguridad. En el primer intento no lo consiguió por el rechazo del Frente Progresista, que consideró que la provincia no estaba de ningún modo en esa situación.
La irrupción de la pandemia del coronavirus, junto con el déficit de las cuentas públicas y la abultada deuda del Estado con proveedores y empresas contratistas, reformuló el escenario político y el 31 de marzo de este año el gobernador consiguió que las cámaras aprueben la llamada Ley de Necesidad Pública: una herramienta fundamental para una gestión que no tiene las mayorías parlamentarias que le allanen el camino.
Con los instrumentos que le otorgó la Ley de Necesidad, Perotti condujo su primer año de gobierno y revirtió el déficit en superávit. Ahora, con las cuentas saneadas y el presupuesto del año próximo ya sancionado, la Casa Gris enfrenta el desafío de afrontar un año electoral en el cual necesariamente tienen que empezar a cumplirse las ambiciosas promesas de la última campaña: restaurar la paz y el orden y –como le gusta decir al presidente, que tiene al gobernador santafesino entre sus preferidos– encender la economía para poner de pie al gigante. Las tormentas políticas de 2020, que seguirán en 2021, no van a ser necesariamente un impedimento: por el contrario, pueden ser una oportunidad. Pero eso recién se verá con el correr de los meses.
