Autoridades del gobierno provincial y representantes de organismos de derechos humanos participaron ayer del acto de señalización de la Quinta de Funes, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.
La ceremonia se realizó en el cruce de la ruta 9 y diagonal San José, en la localidad vecina, y contó con la presencia de la secretaria provincial de Derechos Humanos, María Dal Dosso, y el subsecretario del área, Ramón Verón. También estuvieron el senador Miguel Cappiello, la diputada Alicia Gutiérrez, ambos socialistas, y la abogada de organismos de derechos humanos Nadia Schujman, quien explicó lo que ocurría en la Quinta de Funes entre 1976 y 1983.
“Según en el archivo nacional de la memoria, y en causas judiciales, entre septiembre de 1977 y enero de 1978 miembros del destacamento de Inteligencia 121, del segundo Cuerpo de Ejército, mantuvieron secuestrados aquí a hombres y mujeres perseguidos por su militancia politica”, dijo Schujman.
La letrada indicó que ese grupo de tareas “ya había operado en el centro de detención ilegal La Calamita, y luego con el desmantelamiento de esta quinta se trasladó a otros lugares de reclusión como la Escuela Magnasco, la Intermedia y la Fábrica Militar Domingo Matheu”.
El predio que ocupa tres manzanas era custodiado por personal de Gendarmería, vestidos de civil, y allí “funcionaba una imprenta clandestina, desde la cual el Ejército falsificaba folletos de militantes de Montoneros”, recordó.
Schujman dijo además que desde la Quinta de Funes, “por orden del general Galtieri, se elaboró el plan de inteligencia conocido como Operación México, cuyo objetivo fue secuestrar a integrantes de la cúpula Montoneros, que estaban en ese país” y que “tras el fracaso del operativo, la casa fue desmantelada y los secuestrados trasladados a la Escuela Magnasco”.
