Esta mañana, se realizó el acto de señalización de la “Quinta de Funes” como ex centro clandestino de detención, en el marco de las actividades previstas por el 40 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
El recinto se encuentra ubicado en el cruce de la ruta nacional 9 y diagonal San José. La diputada provincial Alicia Gutiérrez impulsora de este proyecto así como la señalización de otros centros clandestinos en la provincia explicó en diálogo radial que se trata de un proyecto “genera políticas de memoria”.
Según testimonios reunidos en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, entre septiembre de 1977 y enero de 1978 funcionó en Quinta de Funes un centro clandestino de detención en el que permanecieron secuestrados y fueron torturados militantes perseguidos por su militancia política y social.
La preservación y señalización de los centros clandestinos como sitios de memoria, contemplada por la ley nacional 26.691 y el decreto provincial 0481/13, hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de los responsables y reconocer a las víctimas y sus familiares.
Dicho proyecto obtuvo media sanción para que sea expropiado. “Se trata de un acto de restitución simbólica de los nombres y de las tumbas que les fueron negadas a las víctimas y a sus familiares producto de esta metodología utilizada por los genocidas que es la desaparición forzada de personas. De esta manera se busca contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica de los argentinos a través de un compromiso con la vida y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos como valores fundantes de una sociedad con justicia y solidaridad. El mismo exige que se conserve la edificación existente en su estado actual como una forma de resguardar todos aquellos elementos y estructuras que sirvan como testimonios del pasado reciente. También establece que el Poder Ejecutivo, con participación de los organismos de derechos humanos, sean los encargados de definir los usos del lugar”, deja escrito la funcionaria en su página web.
