Las organizaciones junto a los defensores y defensoras de los derechos humanos que integran la Red Nacional contra la tortura emitieron un comunicado donde pidieron medidas urgentes y excepcionales que estén a la altura de estas graves circunstancias para proteger la vida de la población privada de la libertad ante el avance de la pandemia del COVID-19. Las 14 entidades que conforman la Red hicieron especial hincapié en que «haya un organismo, institución o comité de emergencia que centralice, coordine y monitoree la aplicación de las medidas preventivas y de contingencia del Covid-19 para la población alojada en cárceles, comisarías e institutos de menores», según expresaron en un comunicado dirigido al Comité Nacional contra la Tortura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Corte Suprema de la Nación y autoridades ejecutivas y judiciales provinciales.
«De la misma manera que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de un DNU tomó medidas excepcionales para toda la población argentina con el objetivo de prevenir la expansión de la pandemia, creemos que deben tomarse medidas urgentes y excepcionales que estén a la altura de estas graves circunstancias para proteger la vida de la población privada de la libertad», explicaron en el escrito para detallar a continuación una docena de estrategias necesarias para la prevenir que el virus ingrese y se extienda dentro de las cárceles:
1- La coordinación entre los distintos poderes del estado, en especial del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo.
2- Que un organismo lidere y centralice esta coordinación para garantizar que las medidas se lleven adelante. El Comité Nacional contra la Tortura debe involucrarse en garantizar esa coordinación.
3- Si el distanciamiento social es la clave para afrontar el contagio, esta coordinación debe estar dirigida a efectivizar las libertades de las personas en riesgo según las disposiciones del Ministerio de Salud, para descongestionar los sistemas y reducir el hacinamiento.
4- Otorgar prisión domiciliaria a las mujeres con hijos en unidades penitenciarias y embarazadas.
5- Para lograr un verdadero impacto de disminución de la sobrepoblación, esta medida debe acompañarse con una revisión de las prisiones preventivas y de las condenas por delitos leves o no violentos.
6- Otorgar libertades o prisión domiciliaria a quienes están con salidas transitorias.
7- Conceder libertades asistidas y condicionales a quienes, conforme al tiempo de condena transcurrido, están en condiciones de obtenerlas.
8- Es necesario un esquema de emergencia dentro del Poder Judicial que priorice estas decisiones. Los órganos superiores deben brindar instrucciones claras de cómo avanzar para el acceso a libertades y centralizar las decisiones judiciales para evitar la lentitud del caso a caso.
9- Garantizar que haya espacio adecuado y aislado para las personas privadas de la libertad que eventualmente hayan contraído el virus para que no se propague el contagio dentro de las unidades.
10- Garantizar el acceso a alimentación adecuada ya que la restricción de las visitas puede limitar el acceso a la alimentación.
11- Los poderes ejecutivos nacionales y provinciales deben garantizar el acceso a elementos sanitarios para la higiene.
12- Garantizar acceso a la salud de las personas privadas de la libertad.
Integrantes de la Red Nacional de Organizaciones contra la tortura que firmaron el petitorio: ACIFAD (provincia de Buenos Aires –PBA– y cárceles federales); AIRE (La Rioja); ANDHES (Tucumán-Jujuy); Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe); CDESCO (Tucumán); CELS ( PBA y cárceles federales); CEPOC (PBA y cárceles federales); CIAJ (PBA); GMAF (CABA-PBA-Córdoba); Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario (Santa Fe); O-irse (Tucumán); Red de Defensorías territoriales en Derechos Humanos (PBA); Xumek (Mendoza) y Yo No fui (PBA y cárceles Federales).
