El Senado dio media sanción anoche a la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo tres meses atrás. Luego de un trabajoso acuerdo entre el oficialismo y la oposición, que demoró el inicio de la sesión hasta pasadas las 22, la Cámara alta se aprestaba a votar una versión corregida y moderada de la iniciativa oficial. De acuerdo a las estimaciones de los senadores, la recaudación potencial será de entre 800 y 850 millones de pesos anualizados.
Entre los puntos más salientes de la reforma se encuentra el revalúo fiscal rural, que será del 70 por ciento respecto al valor actual: muy por debajo del 400 por ciento progresivo –a aplicar en seis años– que había planteado el gobierno de Antonio Bonfatti. No habrá revalúo fiscal urbano.
El Inmobiliario Urbano se calculará en ocho tramos: los dos primeros sufrirán subas del 20 por ciento, del tramo 3 a 6 aumentarán un 30 por ciento, mientras que en los dos tramos superiores se incrementarán en un 65 por ciento. El Ejecutivo planteaba un aumento del 100 por ciento.
En cuanto al Inmobiliario Rural, habrá subas progresivas de entre el 50 y el 200 por ciento, también por debajo de la propuesta oficial. Todos los cambios fueron consensuados entre los senadores del oficialismo y la oposición y los funcionarios del Ejecutivo, pero en la mayoría de los casos terminaron imponiendo su voluntad los legisladores del PJ, que tienen mayoría propia.
También se acordó aplicar Ingresos Brutos a la construcción –como había pedido el gobierno– con alícuotas diferenciales según el origen de las empresas y sin piso mínimo de facturación: para las constructoras santafesinas, la alícuota será del 1 por ciento; para las extra provinciales del 1,5.
La industria seguirá exenta de Ingresos Brutos, pese a que los senadores de la UCR intentaron, hasta última hora, lograr que sus pares del PJ acepten incorporar una alícuota mínima. En cambio, habrá alícuotas diferenciales para las empresas comerciales y de servicios –y también para el sector financiero– según su origen. Las alícuotas diferenciales por facturación –que intentó aplicar el Ejecutivo mediante el decreto 200– también fueron eliminadas del texto votado anoche.
El gobierno quería bajar del 10 al 5 por ciento la deducción del Drei sobre Ingresos Brutos. El PJ interpretó que se trataba de un aumento encubierto de Ingresos Brutos y eliminó ese punto, lo que terminará beneficiando a municipios y comunas.
Una de las novedades fue la inclusión de un apartado que propone alícuota cero –es decir, una exención– de Ingresos Brutos a las empresas de transporte de pasajeros que firmen convenios con el gobierno para trasladar, en forma gratuita, a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, tanto en transporte urbano como interurbano.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Alcides Calvo, remarcó: “Los topes se han disminuido sensiblemente y la mayor parte de las propuestas que nos hicieron llegar las entidades intermedias han sido incorporadas”.
