Cinco personas, entre ellas una mujer de nacionalidad boliviana apodada “la Reina del Sur”, con domicilio en el porteño Barrio 1-11-14 de Flores y considerada la presunta líder de una organización narcocriminal, irán a juicio oral acusados del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en el marco de una causa conocida como el “narcobombardeo” de casi 300 kilos de cocaína desde una avioneta en un campo del partido bonaerense de Pergamino, hecho ocurrido en enero de 2022 e investigado por el fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás.
A requerimiento del fiscal, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, decretó el fin de la instrucción y elevó la causa a juicio. El debate aún no tiene fijada una fecha, pero estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario, integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Mario Gambacorta.
La principal acusada y supuesta jefa de la organización es Marisol Saavedra Chungara, de 54 años y nacionalidad boliviana y quien quedó mencionada en las escuchas telefónicas de la causa con el apodo de “la Reina del Sur”. Para Di Lello, debe ser juzgada como “organizadora y financista de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes”.
Los otros cuatro imputados son dos de sus hijos, Juliana y Mauricio Justiniano Saavedra; Elves García de Olivera, de nacionalidad brasileña; y Denicio Zacarías Reyes, paraguayo.
Di Lello solicitó en su requerimiento de elevación a juicio que todos sean juzgados como coautores del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de comercialización y transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas, de conformidad con las disposiciones de los artículos 5°, inciso “c”, y 11°, inciso “c”, de la Ley 23.737 de Estupefacientes.
La causa, a cargo del fiscal Di Lello y el juez Villafuerte Ruzo, comenzó en agosto de 2021 y demandó el seguimiento durante varios meses de un grupo de personas oriundas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con base en la villa 1-11-14 de Flores, que estaban sospechadas de vender y traficar estupefacientes que ingresaban desde Bolivia.
En concreto, un comisario inspector de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino declaró que tenían la información de que había varias personas de la ciudad de Buenos Aires recorriendo la zona, buscando predios rurales propicios para poder recoger bultos con droga que serían arrojados en avionetas desde el aire.
El operativo
Tras una serie de tareas de inteligencia y luego de analizar la información surgida de escuchas telefónicas, el 19 de enero de 2022 se montó un operativo en un campo ubicado en la localidad bonaerense de Rancagua, a 18 kilómetros de Pergamino. Allí se identificó el sector donde se haría la descarga de droga.
A las 4.50 de la madrugada se detectó a una camioneta Volkswagen Amarok blanca con cuatro hombres. Diez minutos después se observó a Saavedra Chungara con otras dos personas, otra mujer y un hombre, a la vera de la autopista Pergamino-Buenos Aires, en la intersección con la ruta N°32.
Una hora y media después, cerca de las 6.20, el personal policial observó a una avioneta que pasó unas cuatro veces sobre la zona y arrojó varios paquetes. De inmediato, se procedió a la detención de la citada Saavedra Chungara, y de sus hijos Juliana y Mauricio Justiniano Saavedra.
A su vez, en las inmediaciones del campo se detuvo al brasileño García de Olivera, quien habría quedado de custodia en la tranquera de ingreso del campo. Pero otros tres hombres que habían sido vistos en la camioneta Amarok se fugaron del lugar con el vehículo, que luego fue abandonado a dos kilómetros, con cuatro de los bultos arrojados desde la avioneta cargados en la caja.
Sobre el terreno se hallaron tres trozos de tela de cinco metros de largo por 50 centímetros de ancho, colores rosa y blanco, que serviría como referencia al piloto de la aeronave para marcar el sitio donde hacer la descarga. A su vez, a unos 300 metros del acceso a Rancagua se encontró otra camioneta, también Amarok, sin ocupantes. En su interior había una mochila y un certificado de Verificación Técnica Vehicular (VTV) a nombre de Zacarías Reyes.
Como resultado del procedimiento se secuestraron aproximadamente 130 kilogramos cocaína, distribuidos en cuatro bultos, cada uno de ellos con 30 paquetes confeccionados con bolsas de polipropileno en distintas capas y colores, y finalmente recubiertos de un film que presentaba la figura de un felino, sello identificatorio de carteles narcos.
Sin embargo, tres meses después y tras la denuncia de trabajadores rurales que avistaron paquetes similares, el 17 y 18 de abril de 2022, se realizaron allanamientos en una zona cercana al campo de Rancagua. Allí se encontraron más bultos, que contenían 96,400 y 64,040 kilos, respectivamente, de cocaína. El secuestro global de la droga fue de 289,114 kilos de clorhidrato de cocaína relacionados a los acusados. Otros 212 gramos de la misma droga fueron secuestrados en el domicilio particular de la ciudad de Buenos Aires de otro imputado ya identificado, pero aún prófugo.
Roles y vinculación
Al fundamentar la requisitoria de elevación al juicio y describir los roles de los acusados, el fiscal Di Lello, hizo un recorrido por la instrucción de la causa.
En primera instancia, señaló que los propios imputados “reconocieron su presencia en el lugar donde fueron detenidos” y que es “donde se produjo el ‘bombardeo’ de drogas aquí investigado”.
Al analizar los descargos que hicieron al ser indagados, Di Lello manifestó que los acusados “dieron explicaciones inverosímiles”, como ser que irían a buscar químicos (Marisol), que recogerían alimentos para perros (Juliana), que ignoraban las razones de su desplazamiento (Mauricio) o que estaban haciendo una changa cargando productos farmacéuticos.
Por su parte, Zacarías Reyes fue más allá y dijo que no se encontraba en Rancagua al momento del hecho y que solo viajó a reclamar su camioneta, que estaba en manos de los detenidos en razón de un contrato de locación.
Sin embargo, Di Lello argumentó que previo a su detención, durante algunos meses, se verificaron las actividades de los investigados y que las pruebas allí recolectadas -junto con las obtenidas a posterioridad- eran esclarecedoras sobre el despliegue del grupo.
“La Reina del Sur”
El fiscal explicó que “se registró a través de tareas de campo y registros telefónicos que Marisol Saavedra Chungara desde el inicio de la investigación fue armando una estructura operativa a la que coordinó y proporcionó medios -principalmente personas y vehículos- que posibilitaron el transporte y comercio de estupefacientes desbaratado”.
Según el requerimiento, esa imputada mantuvo diálogos a lo largo de los cuales se establece que “tenía un rol organizador de las actividades de las personas a la postre detenidas, siendo tan elocuente el despliegue que en una comunicación su interlocutor la llama ‘la Reina del Sur’ en obvia alusión al personaje de una novela de Arturo Pérez Reverte que encarna a una legendaria narcotraficante” y motivó también una exitosa serie televisiva en 2011.
Di Lello señaló que también se deduce el protagonismo asignado a la mujer cuando se comunica con sus hijos en procura de cuidar la camioneta luego secuestrada, cuando manda a otro de sus hijos -aún prófugo- a recoger la ubicación del campo, contacta a Zacarías Reyes y lo conduce por lo menos en dos ocasiones a inmediaciones del lugar de descarga, o coordina con un “NN Amigo” el viaje del avión imponiéndose a las circunstancias climáticas que pudieren afectar los planes trazados.
Incluso, se verifica que tiene un rol financiero en los hechos pues reprocha a su hijo el manejo del dinero o concuerda con Zacarías el pago de 2.000 dólares por lo que entendemos sería su participación en el traslado de drogas.
Para el fiscal, también Juliana y Mauricio Justiniano Saavedra, hijos de Marisol Saavedra Chungara, se encuentran al igual que su madre en una comprometida situación procesal al haber sido detenidos junto a ella en Rancagua el día del “narcobombardeo”.
En relación a García de Olivera, Di Lello sostuvo que no se concibe racionalmente el motivo de su presencia en Rancagua si no es porque tuviere vinculación con el hecho, más aún si se considera el lugar y hora de su aprehensión. A ello corresponde sumar que se le vio bajar del rodado para hacer de custodia o “campana” donde se produjo el descargo de la droga.
En tanto, Zacarías Reyes alegó la existencia de un contrato de alquiler de su camioneta para justificar que fuera secuestrada en Rancagua junto a una mochila con un juego de llaves y la VTV del rodado a su nombre. “Entendemos que su descargo carece de todo asidero pues, además del secuestro del rodado durante el ‘narcobombardeo’ otras pruebas lo sitúan como protagonista de la actividad imputada, antes del 19 de enero de 2022”, señalo el fiscal.
A juicio
El representante del Ministerio Público Fiscal dio por “acreditada -con el grado de certeza exigida para esta etapa procesal- la actividad que fuera reprochada y la relación objetiva y subjetiva que tuvieran los imputados”.
Di Lello resaltó que ello se deduce de las tareas investigativas a través de las cuales se los identificó, se comprobaron sus actividades, se determinó qué rodados utilizaban y cómo concertaban el plan, con identificación y visitas previas al campo, reunión en un restaurante de la ciudad de Lujan, y su presencia en Rancagua el 15 de enero de 2022.
A ello se suman registros de comunicaciones, constancias de los procedimientos y el secuestro del material que como lo confirmaron las pericias, era estupefaciente. Además, el representante del MPF recuerda como dato sobresaliente que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario al analizar la situación procesal de cuatro de los imputados resolvió confirmar los procesamientos dictados oportunamente por el juez Villafuerte Ruzo.
Finalmente, en la requisitoria de elevación a juicio se destaca que “todos los imputados a través de sus acciones evidenciaron estar en conocimiento del despliegue ilícito que protagonizaban al aguardar la droga en horas de la madrugada en medio de un campo distante a 200 kilómetros de sus residencias”.
De la misma manera, considera que “la tenencia del estupefaciente hallado en uno de los domicilios estaba destinado a su comercialización (se halló una balanza para fraccionamiento) siendo esa ultraactividad responsable en todos ellos dado el grado de cohesión advertido durante el curso de la pesquisa, que indica que más allá de donde se encontrase la droga, estaba disponible para que cualquiera de ellos la comercialice”.
Ese contexto, según la acusación, “permite también tener por acreditado el dolo y la ultra intención requeridos por la figura en trato, es decir, el conocimiento de la ilegalidad por parte de los imputados de la tenencia de las sustancias estupefacientes, como así también el destino ilegítimo que tendría posteriormente”.
