El mandato de Jorge Baclini al frente de la Fiscalía General de la provincia está llegando a su fin y en la presentación del informe de gestión anual que hizo frente a la Legislatura aprovechó para hacer un balance de los seis años de su conducción frente al organismo.
Rosario, la ciudad más importante de la segunda circunscripción en la que el propio Baclini fue entre 2014 y 2017 la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación, está al tope de la tasa de asesinatos en el país, además de soportar los delitos del crimen organizado y no tan organizado. El año pasado, los homicidios dolosos fueron 408 y 7 de cada 10 de ellos tuvieron lugar en Rosario.
Al inicio del sistema, que comenzó a regir el 10 de febrero de 2014, los crímenes habían trepado a 463 y fueron descendiendo, pero en estos últimos años el recrudecimiento de la violencia se mostró en números. Por ejemplo: entre 2014 y 2021, en la provincia, la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes en población masculina fue unas diez veces superior a la de víctimas de homicidios mujeres; pero en 2022, esta diferencia se reduce de forma marcada, fundamentalmente por el incremento de la cantidad de mujeres víctimas de femicidio.
Aún así, la tasa de homicidios en varones es ahora cuatro veces superior a la tasa en mujeres: la primera se coloca unos 7 puntos por encima de la general, mientras que la segunda equivale a una tercera parte, explica un informe oficial realizado por el Ministerio de Seguridad y el MPA.
Baclini dijo en su informe es una cifra anual más alta registrada desde 2016 y en Rosario se produjeron siete de cada diez muertes violentas, una porción mayor a los años anteriores, aseguró en el informe.
En cuanto a las investigaciones iniciadas en 2022, ascienden a 263.172 y desde que empezó el sistema aseguró que se crearon más de 2 millones de legajos. De este número el 49,7 por ciento hubo al menos una persona identificada, es decir que más de la mitad de las investigaciones no cuenta con imputados.
En cuanto a los privados de libertad, en 2022 hubo un incremento del 13,1 por ciento con respecto al año anterior y refiere el informe que el 56 por ciento de las personas detenidas en la provincia tenían condena firme.
Un dato que viene sosteniendo el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que plantea la transformación de las cárceles en depósitos y la necesidad de discutir nuevas políticas públicas vinculadas a la Justicia restaurativa.
En el informe Baclini recalcó la necesidad de concretar un acuerdo político institucional entre los tres poderes del Estado para sentar las bases de una política criminal a largo plazo.
“En pocos días terminaremos nuestro mandato de seis años que empezó en 2017 y así concluirá la segunda gestión de un fiscal General al frente del MPA”, señaló. “De esta manera, forjaremos el segundo eslabón de un proceso de crecimiento institucional que avanza sin pausa y que ya no se detendrá”, aseguró.
El funcionario habló de “la necesidad de un acuerdo político–institucional de los tres poderes del Estado que permita sentar las bases de un plan provincial de política criminal en el que se establezcan estrategias claras y a largo plazo para combatir el delito”.
“No se puede desconocer que los indicadores de inseguridad y de violencia social que ostenta la provincia de Santa Fe plantean un alerta innegable”, afirmó Baclini. “Urge intentar revertir algunos focos problemáticos que, en este momento histórico, tienen su epicentro en los grandes centros urbanos de la provincia, fundamentalmente, en Rosario”, puntualizó.
“Aunque la prevención no es tarea del MPA, hemos asumido el compromiso y la obligación de participar activamente en las distintas instancias de articulación institucional que se convoquen para afrontar la grave situación actual”, indicó.
En cuanto a lo que el plan estratégico debería contemplar, Baclini mencionó: “El control de las armas de fuego; el acompañamiento de las víctimas y testigos de violencia altamente lesiva y la ampliación de recursos institucionales para su asistencia y protección; el abordaje de los delitos dolosos relacionados al lavado de activos; el fortalecimiento de unidades fiscales del MPA y de las áreas de investigación, tecnología y criminalística, y el replanteo del actual sistema penitenciario”.
