“En todos estos años, miles de personas han enfermado, muchas han muerto. Y paralelamente los territorios han sido devastados. Cientos de miles de hectáreas quemadas y deforestadas. Como consecuencia, sequías e inundaciones dramáticas, contaminación de napas y cursos de agua, mortandad de peces”, advirtió la Multisectorial Paren de Fumigarnos. En un fuerte comunicado, la entidad exigió “dictamen YA!” para el proyecto de ley de agrotóxicos “que está cajoneado hace un año” en la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe. Y apuntó a su titular, Érica Hynes, por promover un avance que puede redundar en un retroceso: “Más allá de las «supuestas» buenas intenciones, entendemos que esto dilatará aún más el debate que toda la sociedad santafesina reclama hace mucho más de diez años”, advirtió. El temor no es infundado: por más de una década todos los proyectos para reformar la ley vigente han perdido sistemáticamente estado parlamentario, puerta de salida para todos los proyectos que pasan dos años en una Cámara sin tratarse. Faltan menos de seis meses para que con esta iniciativa ocurra lo mismo.
“Para resistir el embate del covid-19, necesitamos cuerpos sanos, organismos fuertes. Esto es imposible con territorios enfermos”, advirtió con gravedad Paren de Fumigarnos. Durante los últimos años la red no paró de crecer exponencialmente hasta contar con decenas de organizaciones y presencia en los 19 departamentos santafesinos. Claro está, esto ocurrió en paralelo con el aumento de las afectaciones por agroquímicos en la población, con casos y situaciones que ya no pueden atribuirse a otras causas que las aspersiones.
La ley vigente es la 11.273, que rige desde 1995, un año antes de la habilitación del ingreso de la soja transgénica al país, cultivo que hoy cubre vastos territorios santafesinos.
Las consecuencias, un cuarto de siglo después, para la Multisectorial están en evidencia. “Miles de familias (hoy hacinadas en los cordones de pobreza de las grandes ciudades), han sido expulsadas de sus territorios. La situación se torna mucho más compleja en un contexto de pandemia como el actual”, sostiene la red de organizaciones.
En ese marco, el comunicado emitido se centra en una de las aristas del modelo, acaso la peor: “La salud de la población se deteriora día tras día, por la exposición directa a las fumigaciones, las derivas incontrolables de los venenos y la ingesta de alimentos contaminados con altas dosis de agrotóxicos”, denuncia. Y completa: “A mediados de los años 90 se utilizaban alrededor de 30 millones de litros de agrotóxicos por año. Hoy se esparcen más de 525 millones de litros cada año”.
En esa línea el reclamo al tope es un límite físico de distancia de las aspersiones y la recalificación de agroquímicos en función de su peligrosidad. Es el eje del proyecto de ley en discusión. Pero no avanza. Los integrantes apuntan que Hynes “impulsa espacios de reuniones con senadores y con el Ejecutivo provincial, con la idea de encontrar puntos de acuerdo” para mejorar “la ley de agrotóxicos, mal llamada de fitosanitarios”. Conceden que “claramente es una señal, una respuesta, a los reclamos y pedidos de reunión”, pero advierten que la diputada del bloque Socialista “prioriza los encuentros con quienes han demostrado no tener voluntad de avanzar con leyes que protejan la salud de la población, el cuidado del ambiente, la defensa de los derechos de la naturaleza”.
“La legisladora puede impulsar las reuniones que quiera y con quien desee. Pero tiene la obligación de poner a disposición de sus colegas, y de manera urgente el proyecto que fuera presentado hace un año atrás y que no tuvo tratamiento aún”.
También reprochan que Hynes “hace un repaso sobre los proyectos presentados en los últimos años, las medias sanciones logradas y las caducidades en ambas Cámaras”, todas cuestiones “que conocen perfectamente los pueblos fumigados de la provincia”. E insisten: “No necesitamos que nos cuenten lo que viene pasando. Necesitamos y exigimos que la diputada ponga a consideración de sus pares el proyecto que se encuentra cajoneado hace un año, en la comisión que ella preside. Es urgente”.
El uso de agroquímicos está ligado por obviedad al modelo de cultivos que con los años se fue imponiendo en Santa Fe –“profundizándose de manera obscena”, retrata Paren de Fumigarnos– y a sectores agroexportadores con creciente poderío, que difícilmente quisieran resignar. “Los argumentos de quienes no quieren que se modifique el modelo siguen siendo los mismos: maximizar la producción para atender una supuesta demanda mundial de alimentos”, sostienen los miembros de la Multisectorial. Y rebaten: “Lo cierto es que no sólo no se satisfacen imperiosas necesidades alimenticias de la gente, sino que lo que se exporta se destina a balanceados para alimentar ganado y a la producción de combustibles (biodiésel y alcoholes). Mientras, la pobreza en nuestro país trepó a números increíbles, las divisas generadas no se destinan a demandas sociales sino a pagar los intereses de una deuda externa absolutamente impagable e ilegítima”.
En esa línea se plantan en forma terminante: “Queremos expresar que de ninguna manera se puede aceptar que el costo para obtener mayor rentabilidad, sea el deterioro de la salud y la pérdida de vidas”.
“Las vecinas/os, las múltiples asambleas locales, organizaciones socioambientales, y las/los referentes de la «ciencia digna», hace muchos años, vienen dando cuenta de los impactos en la salud de las personas que ocasionan los venenos. No podemos tolerar que se pretenda empezar de cero, como si este «ecocidio» y «genocidio» recién comenzara. Las santafesinas y santafesinos no aceptaremos cualquier proyecto. Se hace muy difícil creer que obtendremos una ley superadora producto de reuniones con senadores. Los mismos que de manera sistemática han imposibilitado el avance de proyectos para modificar/actualizar la vieja ley vigente”, remata la Multisectorial para concluir: “¡Paren de Fumigarnos! ¡La salud NO se negocia!”.
