Marcelo Peretta es titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Denunció la grave situación que padecen tanto los jubilados como los ciudadanos de menores recursos a la hora de comprar medicamentos vitales para su salud. El panorama que describe es el mismo del que dan cuentan muchos farmacéuticos y que se agravó luego de que el Pami recortara sus coberturas: ancianos desesperados que lloran en las farmacias, que se resignan a pedir un blíster en lugar de la caja de remedios que ya no pueden pagar, que consultan si pueden “estirar” la dosificación de un remedio para la presión, reduciendo a la mitad las cantidades recetadas. No se puede pagar lo que indican los médicos y las soluciones desesperadas salen caras en términos de salud. Hasta se puede medir ese costo social con la llamada tasa de morbimortalidad: un índice que cuantifica las muertes evitables con los tratamientos adecuados. El número que brinda el gremio tiene que alarmar: en los últimos tres años, 9 mil argentinos que deberían estar vivos murieron. Es el triple que lo registrado en 2015.
La morbimortalidad es la muerte causada por enfermedades. Y está vinculado directamente con la calidad del sistema de salud, ya sea estatal o privado, o más bien el sistema de salud en su conjunto en un país o región determinada: “Por ejemplo, una persona que tiene un problema de presión que no se pude tratar y termina en un ACV”.
Otro de los ejemplos más claros es el rebrote de sarampión, una enfermedad que estaba erradicada y que ahora retornó porque el Estado dejó de comprar vacunas.
En 2016, la tasa de morbimortalidad era de 1,2 y este año es de 3,7. “Se triplicó el número, pero además significa que 9 mil personas murieron en los últimos tres años por este tipo de causas”, describe Peretta.
Al rastrear las causas de este aumento en las muertes evitables, Peretta explica que hay una gran falta del Estado que no se ocupa del control de precios: “En cuatro años los medicamentos aumentaron 470 por ciento. Y la inflación fue de 250 y los salarios sólo aumentaron un 200 por ciento. No hay relación”.
Con miras al futuro, Peretta considera que hay que invertir en los 27 laboratorios públicos para lograr medicamentos de calidad y a bajos precios.
Al respecto ve con buenos ojos la posibilidad de que la cartera de Salud vuelva a manos de Ginés González García: “Fue el único que se plantó frente a los laboratorios. Y tienen poder sobre los gobiernos. No se pueden recetar marcas, y él fue quien volvió a los genéricos. Es una persona que entiende la salud como una política pública”.
Peretta recordó que en la Argentina los laboratorios no pagan patentes, ya que Juan Perón los eximió de esa obligación para que se desarrollaran y pudieran vender a bajo precio: “Esos laboratorios hoy son corporaciones que venden a precios imposibles de pagar”.
Hace unos días, un estudio del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) reveló que la inflación en el rubro medicamentos entre mayo de 2015 y octubre de 2019 alcanzó el 457%. Y desde el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos reclamaron un cambio de políticas desde el 10 de diciembre.
“En estos cuatro años sólo ganaron los laboratorios. Los salarios quedaron por debajo y hay una cuestión de primera medida que implica regular el sector de la salud y el precio de los medicamentos para que la gente lo pueda pagar”, señaló Peretta y añadió de inmediato: “Hay que devolverle el acceso a adultos mayores con medicamentos que son esenciales. Hay gente que no toma medicamentos porque no les alcanza la plata. Eso debería ser una prioridad”.
Por otro lado, Peretta destacó una problemática que es recurrente en personas con enfermedades crónicas y deben tomar cotidianamente una serie de medicamentos: “A la gente no le alcanzan los 14 mil pesos de jubilación para pagar medicamentos. Necesitamos nuevas políticas porque si no se seguirá sufriendo”.
“El gobierno le entregó la llave del Ministerio de Salud a compañías farmacéuticas y prepagas. Es lo mismo que el problema del tabaquismo lo controle una tabacalera. Espero que el próximo gobierno regule políticas de salud, precios y debe garantizar acceso”, cerró el dirigente sindical.
