La secretaria de Delitos Complejos de la provincia, Ana Viglione, se entrevistó por más de dos horas con legisladores de la oposición y del oficialismo. En el encuentro, realizado ayer en la presidencia de la Cámara de Diputados, hubo algunos cruces vinculados con el funcionamiento de las nuevas áreas creadas por el gobierno en el Ministerio de Seguridad. La oposición concluyó que las autoridades políticas no son eficientes en el combate contra el delito organizado; el oficialismo defendió la gestión y les atribuyó a algunos diputados del PJ –como el presidente de la comisión de Seguridad Héctor Acuña– actitudes desestabilizadoras.
En primer término, Viglione expuso ante los legisladores las características y la forma de funcionamiento de su secretaría, de la que dependen otras cuatro áreas: la Subsecretaría de Investigación Criminal, la Subsecretaría de Delitos Económicos, la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas y la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones. Explicó que en su secretaría trabajan 440 personas, entre civiles y policías. Y defendió el procedimiento de los nombramientos, a pesar del episodio por el que está preso el comisario Gustavo Pereyra, acusado de entregar información a bandas delictivas.
Viglione explicó que lo más importante es colaborar con las investigaciones judiciales y aportar pruebas para que los allanamientos deriven en detenciones y procesamientos. Defendió la eficacia de su organismo y afirmó que todos los detenidos en procedimientos por drogas o trata de personas terminaron procesados por la Justicia. El objetivo es “bajar los niveles de impunidad”, según la funcionaria.
El titular de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados interrogó a Viglione por el método de designación de personal en su área, haciendo hincapié en el caso del comisario Pereyra. “Lo primero que se piensa es en la tarea que necesitamos que cumplan”, le respondió la funcionaria al diputado Acuña. Aclaró que a Pereyra lo designaron para recabar datos que puedan ser de utilidad en investigaciones judiciales que no están relacionadas con el tráfico de drogas y agregó que no se hizo una investigación patrimonial porque no había elementos que permitieran sospechar de la participación del policía en supuestos casos de connivencia delictiva.
“Entonces, no hay autodepuración”, se quejó el diputado justicialista Mario Lacava, quien remarcó que a Pereyra lo investigó la Justicia y no la dirección de Asuntos Internos de la Policía ni el Ministerio de Seguridad.
Después de la reunión, Viglione y los diputados oficialistas concluyeron que algunos representantes de la oposición sólo buscan desgastar al gobierno en lugar de colaborar con las políticas de seguridad. “Permanentemente están pidiendo la renuncia del ministro (Raúl Lamberto) o de algunos de sus secretarios, cuando en realidad esta gestión está dando muestras de cómo se está avanzando en el combate al narcotráfico”, sostuvo la secretaria de Delitos Complejos.
Para el diputado Acuña, la existencia del organismo es cuestionable: “Uno se pregunta si es necesario mantener esta estructura porque, si se tienen en cuenta los parámetros por los cuales se creó, ha fracasado”.
