Lucía Demarchi
Anteayer se llevó a cabo en los Tribunales Federales de Rosario la última audiencia del año en el juicio oral y público contra cinco represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En la última jornada no hubo testimonios importantes, ya que solamente se escuchó el corto relato de la enfermera Liliana Itatí Martínez, quien dijo que empezó a trabajar en el hospital Militar de Paraná en julio de 1978, varios meses después del nacimiento de los mellizos de Raquel Negro, quien continúa desaparecida. La mujer dijo que no escuchó comentario alguno sobre el parto y deslizó que “debería estar registrado el nacimiento, al menos como NN, pero nunca supe de nada”. Luego se anunció que las audiencias se reanudarán el martes 2 de febrero de 2010, luego de la feria judicial. Esta decisión implica la postergación del inicio de la causa Feced (que debía comenzar el lunes 8 de febrero), al menos tres semanas.
A casi cuatro meses del inicio del juicio contra Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Constanzo por las causas Quinta de Funes y Fábrica de Armas, el martes se llevó a cabo la última jornada del año, con el relato de la última testigo. Luego, el tribunal compuesto por los jueces Jorge Venegas Echagüe (presidente durante esta semana), Otmar Paolucci y Beatriz Caballero de Barabani, anunciaron que el proceso se retomará con la etapa de alegatos, en febrero del año próximo.
Según se anunció anteayer en la sala de audiencias del Tribunal Federal, ese martes se prevé la lectura de una serie de documentos: la testimonial que el represor Gustavo Bueno prestó en Brasil (donde está detenido) hace tres semanas, que como la brindó en portugués será traducida y el resultado de la pericia psicológica que en su momento pidió la defensa de los represores.
También se conocerá el resultado de la pericial caligráfica de las cartas de Carlos Laluf, Marta María Benassi y Fernando Dussex –que estuvieron secuestrados en los centros clandestinos Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia, y que continúan desaparecidos–; un documento sobre la sesión de una porción de la Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Matheu al II Cuerpo del Ejército en 1978; y algunos testimonios y pruebas incorporados en la causa Trimarco (que se elevará a juicio el año entrante en la provincia de Entre Ríos) relacionados con el parto de Raquel Negro, quien por esa fecha estuvo secuestrada en Quinta de Funes, Magnasco y La Intermedia y sigue desaparecida.
Antes de concluir la jornada del martes, el abogado del represor Daniel Amelong solicitó que después de que se dé lectura a la testimonial que Bueno dio en Brasil, su defendido ampliará su declaración, petición que fue aceptada por los magistrados y las demás partes.
Seguido a la ampliación de Amelong, vendrán los alegatos de las querellas (cuyos integrantes deberán determinar el orden de presentación), después el de la fiscalía, los defensores de los imputados y luego se hará lo que se denominan las réplicas y dúplicas entre abogados querellantes y defensores de los imputados.
“Recién después de todos eso el tribunal tendrá que dar a conocer su sentencia”, indicó Ana Oberlin, abogada de la querella.
Los acusados y la feria
Otras de las resoluciones que los magistrados dieron a conocer fue el destino de los cinco imputados durante el receso del proceso.
El caso de Eduardo Constanzo es el único que permanece sin modificaciones, ya que continuará con prisión domiciliaria con custodia policial en su casa de Rosario.
En tanto, de los cuatro imputados que atravesaron el juicio alojados en la sede local de la Policía Federal Argentina, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Salvador Dionisio Pagano debían ser trasladados al penal federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, donde iban a estar alojados hasta la reanudación del juicio.
Pero luego de un pedido del abogado Silvio Galarza Azzoni, representante legal de Fariña, Amelong y Pagano, para que los jueces “permitan a los imputados permanecer en su lugar de detención para poder compartir estas fiestas con su familia” y también para estar “cerca suyo” y de esa forma preservar el derecho de defensa en juicio, los magistrados modificaron su decisión e hicieron lugar al pedido del abogado.
Por lo tanto, los tres permanecerán en la sede local de Policía Federal, ubicada en 9 de Julio al 300 hasta el 2 de febrero de 2010 –cuando se retome el juicio–; mientras que por su condición de salud, Pascual Guerrieri permanecerá durante las fiestas y todo el mes de enero con prisión domiciliaria en su casa de Capital Federal.
