Hay una regla básica que dice que el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Pero cuando esos derechos se confrontan, ¿con qué vara se miden? Dónde se enmarcan los reclamos sociales. Medirlo con la vara de la justicia penal muchas veces implica criminalizar la protesta. Este viernes dos militantes sociales de la Asamblea La Sexta Resiste fueron imputados por los delitos de entorpecimiento de transporte público, atentado a la autoridad agravado, incumplimiento de una orden judicial y resistencia a la autoridad. Uno de ellos quedó detenido mientras el otro recuperó la libertad con restricciones por acuerdo de partes. La defensora Matilde Bruera explicó que la detención de su cliente, Guillermo P., se produjo tras la presentación de un petitorio en la Municipalidad. «Si están reconociendo un derecho a peticionar ante las autoridades no pueden penalizar ni perseguir el legítimo ejercicio de un derecho», dijo la abogada y explicó que la decisión del juez de dejar a su pupilo detenido por 43 días «es un antecedente muy riesgoso». Y definió: «Es lamentable que tengamos esta experiencia en la ciudad de Rosario». Adelantó además que apelará la decisión.
En República de la Sexta hay un conflicto de larga data vinculado con la reestructuración urbanística del lugar. Este plan de reconversión que llevan adelante los tres niveles del Estado trajo aparejado la relocalización de familias que habitan el lugar, pero entre las familias que el proyecto busca reubicar hay un puñado que no quieren irse. Uno de sus referentes es Guillermo P.
Este militante social está señalado de participar en otras protestas que le valieron la apertura de investigaciones penales. El 30 de octubre pasado, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy lo imputó por participar en una manifestación en la puerta de la Fiscalía de Homicidios, otra en julio frente a la sede local de Gobernación y otros hechos que tuvieron lugar en el predio cuyo conflicto se desató con el plan de viviendas.
En aquella oportunidad el juez Juan Andrés Donnola le dio la libertad con restricciones, entre ellas la prohibición de acercarse al personal de la Unidad Fiscal de Homicidios, al personal de obra que trabaja en el barrio y al perímetro circunscripto por las calles Necochea, Pellegrini, acceso sur y 27 de Febrero por un plazo de 60 días
La tarde del pasado 14 de noviembre un grupo de personas bajo el nombre de la Asamblea de La Sexta Resiste se dirigió a la Municipalidad para entregar un petitorio. La presencia de los manifestantes derivó en la llegada de la Policía, que en el acta dejó plasmado que había un corte de calles y que estaba Guillermo P., sobre quien pesaba una orden de captura. Según refirió la Fiscalía, representada por Nicolás Foppiani y Hugo Enríquez, un grupo de unas 20 personas, entre las que fueron identificados Guillermo P. y Emanuel R., estaba entorpeciendo y turbando el transporte terrestre con un piquete en calle Buenos Aires, entre Córdoba y Santa Fe.
Como la Policía vio a Guillermo P., armó un operativo para detenerlo. Los efectivos esperaron porque había gente que iba a la Fiesta de las Colectividades, dijo el fiscal. Cuando Guillermo P. se dirigió con una mujer hacia calle Santa Fe intentaron detenerlo y corrió a los gritos para que sus compañeros escucharan, dijo. Momento en el que se tiró en el piso y lo arrestaron, describió.
En este hecho también quedó involucrado Emanuel R. Según la imputación, le pegó con su mochila a un espejo de un móvil policial y luego le tiró la mochila con un pedazo de mampostería al policía que le dio la voz de alto, asegura la Fiscalía. El policía recibió tres punto en la cabeza, explicó la acusación. Ambos fueron imputados por entorpecimiento de trasporte terrestre y las comunicaciones. Para Emanuel R., además, daño calificado, resistencia a la autoridad y lesiones.
La orden de detención
El 1º de noviembre cerca de las 17.45 la Fiscalía dijo que un grupo de personas atentó contra el personal de obra del plan Abre, en Esmeralda y Riobamba. También contra la Policía que custodiaba. Explicaron que primero hubo insultos, luego piedrazos, volaban tornillos tirados con gomeras y amenazas con botellas que parecían ser bombas molotov, para evitar que las autoridades tomen posesión del predio y se avance en la construcción de viviendas, dijo la Fiscalía.
La Policía expresó mediante el acta que entre los manifestantes estaba Guillermo P. y la Fiscalía además se valió de una filmación de un medio de comunicación donde aparece un hombre que tapa la cámara. Con esta evidencia, los fiscales dijeron que el de la imagen era Guillermo P., quien incumplió una orden judicial que le prohibía estar en el lugar.
La acusación aseguró que lo acompañaba Emanuel R. y a ambos los imputaron de atentado contra la autoridad «a mano armada», por el concurso de tres o más personas y por «poner mano» en la autoridad. A Guillermo le sumaron desobediencia a una orden judicial.
Finalmente a Emanuel R. le achacaron la participación en otros hechos ocurridos el 28 y 29 de agosto, 13, 14 y 21 de septiembre, y 2, 3, 4,5 y 9 de octubre, con el fin de «turbar la posesión» del imnueble ubicado en Esmeralda y Riobamba a fin de evitar que la provincia de Santa Fe, la Dirección de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de Rosario y el Servicio Público de la Vivienda y Hábitat ejecuten actos posesorios para la remodelación urbanística del lugar.
La defensa
Los ilícitos imputados se encuentran ubicados en el título VII del Código Penal: “Delitos contra la seguridad pública”. Estos delitos reclaman la idea de un peligro que afecte a la sociedad en forma colectiva. Para la defensora Matilde Bruera ese requisito no se cumple, no existe un peligro ni siquiera un riesgo de afectación.
Bruera explicó que no hubo corte sino la presentación de un petitorio ante la Municipalidad y aseguró que la detención fue ilegal porque su cliente se había presentado ante Oficina de Gestión Judicial como lo dispuso el anterior magistrado. Tampoco encontró evidencias que involucren a su cliente; en cuanto al video, dijo que no está acreditado dónde se filmó y en qué momento.
A pesar del esfuerzo de la defensa, Guillermo P. quedó detenido. Mientras, afuera un grupo de manifestantes cantaba “libertad, libertad a los presos por luchar”. El juez Hernán Postma dijo que hay evidencia incriminante pero hizo hincapié en el incumplimiento de la prohibición de acercamiento al barrio. Para ello valoró el acta policial y la filmación de un canal de televisión.
Tuvo en cuenta un futuro pedido fiscal de condena efectiva y dijo que la escala penal de los delitos imputados va de 6 meses a 5 años, lo que implica la posibilidad de una sanción de modalidad efectiva. Dispuso 43 días de prisión preventiva para el referente social, quien seguirá tras las rejas hasta el 28 de diciembre. Aunque dejó abierta la posibilidad de discutir una salida laboral en una próxima audiencia.
Apoyo
En la audiencia estuvieron presentes el diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos Del Frade, veedores de la Asociación de Abogados Penalistas y representantes de un movimiento de abogados que se está gestando: “Defensa de la defensa”, un espacio en construcción que busca acompañar a letrados que intervienen como defensores en causas vinculadas con conflictos sociales para que puedan trabajar con todas las garantías y no terminen –igual que sus clientes– criminalizados, explicó uno de sus integrantes.
Afuera, una manifestación que cortaba Virasoro y Sarmiento esperaba los resultados de la audiencia. Un llamado al 911 denunció que uno de sus miembros estaba armado. Era un pibe de 15 años que tenía en su bolsillo una llave inglesa para ajustar las tuercas de la rueda de su bicicleta. Luego de la requisa y un momento de tensión el pibe volvió con el grupo. Terminada la audiencia, personal del Cuerpo Guardia Infantería llegó con el fin de levantar el piquete. La intervención del diputado Del Frade ayudó a que el corte se levantara en forma pacífica.
A partir de las 17 de este viernes estaba convocada una asamblea abierta en el Centro Cultural La Toma en repudio a la criminalización de la protesta y por la liberación del referente social Guillermo P.
