La histórica funcionaria del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, María Eugenia Iribarren, dio un paso al costado y presentó la renuncia a su cargo de fiscal regional de la 2° circunscripción por no compartir los lineamientos actuales de conducción del MPA a cargo de María Cecilia Vranicich y por la falta de apoyo a las decisiones que tomó durante la ejecución de su cargo. Así se despidió del ámbito judicial Iribarren ya que pidió la notificación a la Caja de Jubilaciones (a lo que se suma el proyecto inminente de reforma al régimen previsional) de su dimisión a partir del 1 de septiembre.
La vuelta del fiscal Matías Edery coincide con la salida de quién fue su coordinadora en la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. El funcionario junto a su coequiper, el fiscal Luis Schiappa Pietra supieron tener en su haber las causas con mayor relevencia pública vinculadas a la narcocriminalidad organizada, incluso mantuvieron un feroz encontronazo con el legislador Armando Traferri a quienes intentaron imputar en una causa por juego clandestino.
Edery terminó denunciado y suspendido. Ahora, volvió pero su destino es otro en el MPA, la Unidad Fiscal Especial en Siniestros Viales y Delitos Culposos.
La silla de la fiscalía regional
Tras la caída del fiscal regional Patricio Serjal, a raíz de un escándalo con coimas vinculadas al juego ilegal., Marita –como se la conoce en los pasillos– asumió interinamente el cargo de Serjal mientras la ahora fiscal general María Cecila Vranicich, comandaba la Auditoría General de Gestión del MPA.
Ante la llamada de un nuevo concurso para cubrir los cargos de mayor jerarquía en el MPA, Iribarren se consolidó en la jefatura de la Regional Rosario, mientras que Vranicich asumió la Fiscalía General. Lo que parecía un avance del sector femenino de la Fiscalía ante cargos de poder. Pero el vínculo institucional entre ambas funcionarias se fue resquebrajando tras el caso Edery.
El caos institucional salpicó también a Marita que salió a bancar al fiscal y aseguró estar informada de que contaba con informantes. Tras esta circunstancias trascendieron diversos audios con un vínculo que parece despegarse del netamente laboral con varias mujeres relacionadas al mundo del delito. La causa se inició cuando, en un allanamiento a Mariana Ortigala, detenida desde hace un años, encontraron un teléfono que ella dijo le había dado Edery porque era su informante. El fiscal fue acusado de no investigarla ya que en el tiempo que fue informante aumentó su patrimonio y cometió diversos delitios.
“No compartir los lineamientos actuales de conducción del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia”, fue el fundamento que esgrimió Iribarren. Y agregó que el plan de trabajo que propuso para ejercer la dirección de la Regional hasta el año 2029 quedó “vacío de contenido por la gestión actual” y recordó que fue elegida a través de un concurso cuyo pliego fue aprobado por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa “lo cual implicó el reconocimiento del rumbo de trabajo que venía ejerciendo desde hacía tres años”.
“Entiendo que la falta de apoyo del actual órgano de dirección de la institución a las decisiones que asumí en la dirección de la Fiscalía Regional, plasmada en la decisión de una intervención que implicó el apartamiento de las funciones propias del cargo concursado, evidencian una falta de confianza y deslegitimación de la autoridad que ejerzo, que me impide continuar con el cumplimiento de la labor encomendada, fundamentalmente al habérsele comunicado informalmente en el día de la fecha que la intervención será prorrogada en los próximos días”, remata el documento.
De esta forma culmina el paso de Iribarren por la Fiscalía Regional rosarina, un cargo candente que terminó en desgracia en las últimas dos gestiones.
