El Polo Tecnológico fue sede de la presentación del Informe Estudio diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de covid-19: acceso a la vivienda y violencia institucional, en el Barrio de Constitución, resultado del convenio de asistencia técnica entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), representado por la Gerencia de Vinculación Tecnológica, y la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), que tuvo como objetivo construir evidencia empírica para la construcción y demanda de políticas públicas en materia de vivienda.
La presentación del informe contó con la presencia de la Presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana María Franchi y del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT), Daniel Filmus. Por su parte, Mario Pecheny, vicepresidente de asuntos científicos del Consejo, a cargo de la apertura dio cuenta de la importancia de estos convenios mientras que las responsables técnicas e investigadoras Cecilia Varela y Estefanía Martynowsky, expusieron los hallazgos del trabajo realizado acompañadas por la presidenta de Ammar, Georgina Orellano.
La ciencia y tecnología debe mejorar los derechos humanos de todos y todas
La Presidenta del Conicet, Ana María Franchi, felicitó el trabajo colaborativo realizado entre el equipo de investigadores/as y la Asociación, como así también los aprendizajes compartidos “que se refleja no solo en los gráficos, sino además en la posibilidad de encontrarnos y en ir disminuyendo las desconfianzas; porque la ciencia y tecnología debe mejorar los derechos humanos de todos y todas”.
Asimismo destacó: “Esos gráficos que reflejan la vida de ustedes, esperamos que ayuden a comprender la complejidad de la situación y sean insumo para encontrar posibles soluciones, nuevas metodologías y políticas públicas para que todos y todas puedan vivir mejor”.
Por su parte, Mario Pecheny, Vicepresidente de asuntos científicos del Conicet, destacó la importancia de que el Consejo promueva evidencia científica “para un mejor diseño, evaluación y monitoreo de políticas públicas” como así también reafirmó la importancia de “contener las demandas de los distintos estamentos del Estado, de movimientos sociales o sindicatos, desde la perspectiva de derechos”.
Cecilia Varela, la investigadora-coordinadora del convenio de asistencia técnica, dio cuenta de que existe un vínculo de colaboración con la organización Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) que ha plasmado, en la realización de informes, los efectos del despliegue de políticas anti-trata sobre el colectivo de trabajadoras sexuales, en pos de defender los derechos humanos y laborales.
En esta oportunidad, destacó, que la demanda de conocer la situación habitacional surge de la organización en un contexto “absolutamente crítico por los intentos de desalojo que se habían multiplicado en las primeras semanas de la pandemia; fueron experiencias muy complejas, donde Ammar trazó todo tipo de articulaciones con organizaciones sociales y burocracias estatales para detener esos desalojos. Contexto que hizo evidente la precariedad habitacional de tipo estructural del colectivo”.
Una disputa por la ciudad y por el derecho a habitarla
Las investigadoras afirmaron que la elección del barrio de Constitución se da por la particularidad de ser una zona de trabajo y residencia y que la metodología utilizada, además de entrevistas en profundidad, “fue una encuesta presencial que se realizó en las tareas de recorridas que hace la organización, donde reparten preservativos. Y otras se hicieron en Casa Roja” afirmó, Cecilia Varela.
Asimismo, dicho espacio físico permitió un emplazamiento y la conformación de “un grupo de confianza que se constituía por las coordinadoras de Casa Roja con quienes discutíamos el seguimiento y los resultados”. Es importante destacar que el enfoque de la antropología colaborativa, línea en la que se enmarca el proyecto, supone un proceso de co-teorización con quienes están involucrados.
Las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que se establecieron el 20 de marzo de 2020, revelaron una crisis en el acceso a la vivienda que se evidenció en múltiples intentos de desalojo, producto de la falta de ingresos por parte de las trabajadoras sexuales en ese contexto, y acrecentó la violencia policial.
“Las detenciones y pedidos de documentos que ocurrían aun cuando la policía sabía que las trabajadoras vivían en Constitución, no tenían como fin únicamente lograr que se cumplieran las medias adoptadas en el Aspo sino hacer valer su autoridad frente a ellas y otros vecinos” afirmó Estefanía Martynowsky, becaria posdoctoral del Instituto de Ciencias Antropológicas, de la Facultad de Filosofía y Letras Conicet-UBAFFyLICA.
En esa línea destacó como hallazgo que al revisar las estadísticas del Ministerio Público Fiscal “encontramos que mientras en la ciudad autónoma de Buenos Aires las contravenciones en el año 2020, por el artículo 96, habían disminuido a casi la mitad en relación al 2019, en Constitución aumentaron de 166 a 417” que en su mayoría fueron realizadas por vecinos y vecinas lo cual “da cuenta de una disputa por la ciudad y por el derecho a habitarla” aseguró Estefanía Martynowskyj.
La calle de entrada al Conicet de las trabajadoras sexuales
Por su parte Georgina Orellano, Presidenta de Ammar, afirmó que se lleva el estigma en los cuerpos porque “se nos sigue viendo como sujetos criminales y no como sujetos políticos, trabajadores/as” y recordó que en los 90 los vecinos/as del barrio Palermo trasladaron la discusión a la legislatura porteña concretando la expulsión de la calle Godoy Cruz de las trabajadoras sexuales y que hoy tenemos “una revancha, entramos por esta calle al Conicet”.
El cierre estuvo a cargo del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus, quien destacó el compromiso y la importancia del trabajo realizado, que se suma a la necesidad de ampliar derechos como eje central. Así también, destacó que la investigación realizada en conjunto con las organizaciones sociales permite consolidar información para conocer la propia realidad estructural de quienes son parte de la Asociación, y que para ello las ciencias sociales son herramientas poderosas para transformar la realidad y para mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino.
Por último, es importante destacar que este proyecto fue gestionado por los instrumentos de la Gerencia de Vinculación Tecnológica (GVT) y que se encontraban presentes en apoyo al informe presentado Sergio Romano, gerente de GVT-Conicet, Mara Brawer, diputada nacional; Ornella Infante, directora Nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación y; las legisladoras porteñas Lucía Campora, Maru Bielli, Berenice Iañez y Victoria Montenegro.
