“Artículo 1º: suprímase la figura de «barrio privado y/o cerrado» para la totalidad del ejido urbano de la ciudad de Rosario”. Así reza textualmente uno de los puntos del proyecto que el movimiento local Giros ingresó ayer en la mesa de entradas del Concejo Municipal. Es apenas una oración –y además corta– pero lo más probable es que la frase encienda una polémica indetenible durante los próximos días, semanas y meses: el proyecto, que de nacimiento arrancó con aval de concejales de casi todos los bloques, intenta impedir que sectores hacia donde la ciudad crecerá en los años que se avecinan pasen a ser eje de una millonaria especulación inmobiliaria. Ese camino –marcan los jóvenes de Giros– no sólo los alejaría de las posibilidades de acceso de los sectores trabajadores que aún no tienen vivienda propia, sino que haría que la poca tierra que queda en la ciudad para construir aloje a seis veces menos familias de lo que podría, y todas tras una frontera que dividiría la ciudad de hecho.
¿Qué hacemos con la poca tierra que queda?, es la pregunta base de Giros. Sus jóvenes integrantes, que se afirman como pata urbana y local del Movimiento Nacional Campesino Indígena –un entramado que incluye a decenas de organizaciones como el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago) o el cordobés Mocor– vienen trabajando desde hace un lustro con los vecinos de Nuevo Alberdi, precisamente uno de los pocos barrios con territorio disponible para la expansión de la ciudad. Y allí, según la organización, hace rato que comenzó un proceso de “desalojo silencioso” aplicado por intereses privados: “Esto se verifica en amenazas, presiones de todo tipo y, en el mejor de los casos ofertas de escasos montos de dinero” a quienes hoy ocupan esos espacios.
Frente a ello, Giros elaboró al proyecto al que ya adhirieron con su firma concejales del oficialismo como los socialistas Mariana Alonso y Pablo Colono, y de distintas vertientes de la oposición, como las peronistas Norma López y María Eugenia Bielsa, el socialista auténtico Alberto Cortés y el arista Oscar Greppi, en una lista que sigue.
Así a unos y otros les interesa, por motivos coincidentes o divergentes, abrir la discusión sobre el destino del suelo rosarino. De hecho los ediles ya trabajan en proyectos sobre el cambio de valor de la tierra a partir de la intervención del Estado: es la llamada “plusvalía”.
Según Giros, grupos económicos privados se están apropiando de esa “plusvalía pública” con la compra de tierras inundables, inaccesibles o parcelas rurales que, en los tres casos, dejan de serlo. “La estafa se produce cuando detrás de la compra viene el Estado y hace obras de saneamiento, obras viales y reforma los indicadores urbanísticos a pedido de los monopolios”, sostienen desde el movimiento. Como ejemplo de ello mencionan las tierras revalorizadas por el Plan Circunvalar, el saneamiento de la cuenca del Ludueña y “el cambio de afectación de suelo rural a urbano en Los Pasos del Jockey”.
La reevaluación de esos territorios no baja de 1.000 por ciento, y trepa a 1.500 por ciento en el caso de Los Pasos del Jockey, Nuevo Alberdi y Palos Verdes, remarca Giros. A igual que zonas de Empalme Graneros, Bosque de los Constituyentes y el country Newbery, son suelos que en cualquier momento podían quedar bajo agua por una crecida o desborde del Ludueña, a semejanza de marzo de 2007. Pero ya no: el Aliviador III, la obra anunciada por el gobernador Hermes Binner, sumada a la presa y los canales ya construidos, los deja a salvo de todo, a menos que se produzca un cataclismo.
Giros calcula que al desaparecer la llamada “área de inundabilidad” en las tierras aledañas al arroyo, el valor de éstas crece al compás de la inversión del Estado, que asciende a 79 millones de pesos. Y de esa cifra, dice la organización, 32 millones van para beneficio de un solo grupo económico, que posee tierras del noroeste y oeste de Rosario: en total 1.444 hectáreas, aproximadamente el 9 por ciento de la ciudad.
“Las grandes porciones de suelo inundables lo que hace este monopolio es comprarlas a bajo costo (precisamente porque son inundables) y atrás la obra pública del Estado lo que hace es revalorizar esos terrenos. La plusvalía pública se la apropia el privado”, sostiene el movimiento.
En ese marco el movimiento denunció que “el proceso de expansión de urbanizaciones privadas tiene como punto fundamental la disputa por la periferia de la ciudad”.
Giros también advierte que la mayoría de los proyectos de barrios privados “se construyen sobre tierras que son valorizadas a instancia de la obra pública”. Y en ese marco, el proyecto de normativa hace también hincapié en que los convenios urbanísticos en marcha son “el resultado de un acuerdo entre el Ejecutivo municipal y los inversores privados” y por ello “no propician un marco de debate profundo” sobre su desarrollo “y su involucramiento en el entramado urbano”.
Como ejemplo, el proyecto marca que algunos los barrios privados ya consolidados en la ciudad “violan la normativa vigente que limita el cerramiento del suelo urbanizable” a un máximo de 50 hectáreas “como es el caso de Los Pasos del Jockey. Y citan también el caso de Palos Verdes ,“que actualmente urbaniza sobre territorio inundable amparándose en un acta de preacuerdo”, firmada entre los inversores privados y la Municipalidad, sin que haya sido aprobada por el Concejo Municipal.
Contra ello, Giros remarca que “el derecho a la ciudad es un derecho común antes que individual” y que involucra “no sólo la libertad de acceder a sus recursos urbanos” sino el acceso a la decisión de qué hacer con ellos.
Con el proyecto, los militantes de Giros buscan abrir una discusión para “construir propuestas alternativas que desalienten la creciente especulación inmobiliaria” y que garanticen además que sea el Estado el que se apropie de la plusvalía que él mismo genera, en lugar de especuladores privados. Y también impedir las “desigualdades” que generaría “la expansión de fronteras internas mediante la construcción de barrios cerrados”.
Finalmente, el modelo que propone el movimiento involucra una “ley provincial de Tierras” que regule los usos del suelo, “haciendo énfasis en la función social de la tierra y el derecho colectivo a la ciudad”.
