El relator para Argentina del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, Emilio Ginés Santidrián, estuvo en Rosario y se reunió con el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y con miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia en el marco de las dificultades en la implementación del Protocolo por la estructura federal que tiene la República Argentina, apelando a la figura del poliedro, un cuerpo geométrico que contiene varias caras entre las cuales sobresale la social. Tras reseñarse a los asistentes las diversas etapas atravesadas por este protocolo en el país y la necesidad de implementar una ley que lo contenga a nivel provincial, el ministro Pullaro se comprometió a interceder ante el gobernador Miguel Lifschitz para que se articulen acciones en el sentido indicado habida cuenta de la ausencia de ley específica en la materia. Por su parte, los ministros de la Corte se comprometieron en llevar adelante acciones para prevenir y sancionar la tortura, como así también fortalecer los vínculos en cuanto a la garantía y protección de los derechos humanos. En diálogo con El Ciudadano, Ginés Santridrián consideró que si los diferentes estamentos judiciales hicieran bien su trabajo no sería necesario un órgano de Naciones Unidas que se ocupe del tema.
— ¿Cómo ve el tema de la tortura en la Argentina?
—Desgraciadamente creo que es una enfermedad que se propaga a diferentes niveles. Se propaga tanto en los centros de detenciones y en una instrumentación de la fuerza bruta con una complacencia social para que esa fuerza bruta se utilice
— ¿Qué papel juegan los medios en esa legitimación?
—Yo creo que los medios son importantes para que la tortura continúe. Es increíble que un país como Argentina, que ha pasado por situaciones tan terribles, donde se han se han producido no sólo torturas sino crímenes de lesa humanidad, no tenga la memoria histórica de que la tortura es un trato infamante y de que el delincuente, por más delito que haya cometido, no se lo puede torturar. A la persona humana no se la puede torturar, ni siquiera a los animales
Los medios juegan un papel de propagadores porque presentan al delincuente con una etiqueta que hace que la sociedad le pierda el respeto; manipulando la opinión generan una opinión pública contraria a las garantías personales en la que todo vale con tal de frenar al delincuente. Y se lo presenta habitualmente sin ningún tipo de garantías.
Se producen muchas veces situaciones de tensión, incluso de utilización de un arma de fuego contra un delincuente y en el que se ha justificado sólo a una de las partes y en algunos casos legitimando el uso de esa violencia. Generan esa opinión favorable a la utilización de la fuerza, a la tortura y a los malos tratos. Y no sólo estamos hablando de la tortura física sino de visiones estructurales, de la falta de salubridad, la falta de higiene, de falta de otro tipo de condiciones, de garantías en el cumplimiento de garantías. Porque no sólo es tortura la picana y electrodos, tortura también son las condiciones de un centro de detención, la falta de atención médica, humana; la falta de higiene, la falta de acceso a la educación. Sólo con entrar a una cárcel y ver se entiende que se está frente a un trato degradante
— ¿De qué manera se puede prevenir la tortura?
—Indudablemente, la tortura existe porque el sistema judicial no cumple con su cometido. Es un tema poliédrico porque presenta muchas caras. Es tema educacional en un principio, es como la violencia de género, como el femicidio, que conlleva una educación básica desde los primeros niveles, un respeto por el ser humano, por la discrepancia. Y en segundo lugar, se produce la tortura sobre determinados sectores. Sobre delincuentes económicos nunca se produce la tortura. Siempre es sobre los sectores más vulnerables o más desestructurados de la sociedad. Son jóvenes delincuentes que a veces cometen crímenes terribles, pero lo que hay que evaluar también es por qué se llega a ésa delincuencia. Falta de escolaridad, de formación, de profesionalización, de acceso al trabajo. Y eso conlleva a veces un alto grado de delincuencia con una sociedad que responde a ello de la forma más fácil y absolutamente antijurídica e irracional, que es utilizar la fuerza bruta para el escarmiento, para evitar la propagación del delincuente. Pero produce los efectos contrarios, porque con la tortura no se frena al delincuente, sino todo lo contrario: se genera una violencia que parte de las instituciones pero que se reproduce después en la sociedad.
— ¿En qué países se pudo trabajar reduciendo los daños?
—Son muchos los países en los que se establece un diálogo con el Estado. Nosotros somos un organismo que vamos a prevenir las situaciones de tortura, no vamos a denunciarlas. Analizamos con el Estado –por ejemplo–: “Hay que hacer más prisiones”, y decimos que no, sugerimos que hay que mejorara sistemas educativos, principios de igualdad hacia la mujer, cumplimiento de las reglas mínimas de Naciones Unidas, formación de los funcionarios, desmilitarización de las fuerzas de seguridad, que no es que sean malas, sino que no es lo más conveniente, porque somos sociedades civiles, no militares.
— ¿Qué responsabilidad tiene la Justicia en los casos de tortura?
—Yo siempre digo que si los jueces, fiscales y defensores cumplieran con su deber no sería necesaria la existencia de estos órganos de Naciones Unidas. Nuestro comité tiene la visión de visitar los países, de monitorear las condiciones en la que está un país. Escuchar a las personas privadas de su libertad, escuchar a los funcionarios y establecer una serie de recomendaciones y un diálogo con el Gobierno. Si los sectores de la Justicia tomaran conciencia de que la prisión preventiva no es una obligación, no es la regla, sino la excepción. Habría que estudiar otra vez el tema de la prisión preventiva a pesar de las presiones sociales que sostienen que todo el mundo debe ir a prisión.
MIRADA DESDE LA ONU DEL TRABAJO EN ROSARIO
“La Defensa Pública garantiza el acceso de los más vulnerables a la Justicia”
La semana pasada se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario la “Primera Jornada sobre el Rol de la Defensa Pública en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones”, que contó con la presencia de Emilio Ginés Santidrián, el Defensor Provincial de Santa Fe, Gabriel Ganón, y el profesor de la cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la UNR, Enrique Font. Durante la jornada se llevaron adelante una serie de paneles en torno a la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en el país, y más específicamente en la Provincia de Santa Fe, y acerca del rol de la Defensa Pública en lo que refiere a la prevención y denuncia de la tortura.
Emilio Ginés Santidrián destacó el trabajo realizado por la Defensa Pública de la Provincia de Santa Fe, al que tildó como “extraordinario” debido a que “garantiza el acceso de las personas más vulnerables a la Justicia” a partir del registro de casos de torturas y las continuas presentaciones como patrocinantes en la constitución como querellantes de víctimas y familiares de víctimas de violencia institucional.
“La implementación de mecanismos locales de prevención de la tortura son absolutamente necesarios”, dijo, y lamentó “no poder ver implementado en la Provincia de Santa Fe el Protocolo Facultativo contra la Tortura y sus mecanismos de prevención locales en marcha ya que interacciona con la Defensa Pública en la forma de trabajar y el respeto de la situación social”.
Al respecto, Font refirió que hay provincias (Chaco, Mendoza, Salta, Corrientes y Río Negro) que ya cuentan con una ley, y destacó la importancia de establecer una alianza con el Ministerio de Seguridad para conseguir un ente permanente de monitoreo de estas cuestiones debido a que la ley nacional obliga a que cada provincia cuente con su mecanismo.
Al respecto, el ministro de Justicia Ricardo Silberstein se interiorizó sobre la problemática, aceptó el desafió y adelantó que la idea del Ministerio de Justicia es generar un espacio de consenso buscando que los senadores provinciales se interesen en este mecanismo para avanzar y destrabar la situación imperante en la Legislatura. En ese sentido, compartió la opinión de Ginés sobre la labor de interlocución entre todos los operadores del sistema. De esta forma, los protagonistas de la reunión quedaron en coordinar futuros encuentros para continuar en la senda trazada.
