Por Ricardo Ragendorfer*
El asunto pasó casi desapercibido para la opinión pública: al clarear el 31 de enero –a solo seis días de cumplirse el octavo a aniversario del incendio que devoró un depósito documental de la empresa Iron Mountain en el barrio de Barracas–, apareció vandalizado el santuario en homenaje a sus diez víctimas fatales (seis bomberos de la Policía Federal, tres bomberos voluntarios y un agente de Defensa Civil), sobre la esquina de Jovellanos y Quiquela Martín.
Allí faltaban sus fotos y también fue derribado el árbol junto al cual había un cartel con una leyenda alusiva. En paralelo, los teléfonos móviles de algunos familiares sufrieron un repentino bloqueo.
¿Cuál sería el mensaje?
Lo cierto es que, en su momento, no tardó en saltar a la luz el carácter intencional del siniestro, pero no sus autores materiales ni sus mandantes. De modo que, bajo la benévola figura de “incendio culposo seguido de muerte”, la causa duerme el sueño de los justos. Aún así, se especula que en un futuro próximo el expediente podría girar hacia la carátula de “incendio doloso”. Y con algunos procesamientos.
Ocurre que Iron Mountain, de capitales norteamericanos, se dedica a la guarda de información sensible. En Barracas atesoraba archivos de los bancos y corporaciones más importantes del país, incluidos los papeles de 49 firmas investigadas por lavado de dinero. El fuego tenía entonces una gran razón de ser. He aquí su mar de fondo.
El trueno de la muerte
Eran las 8,30 del 5 de febrero de 2014 cuando brotaron las llamas en el viejo galpón con ladrillos a la vista, situado sobre la calle Azara 1245. De inmediato acudieron allí los bomberos de la Federal y sus pares voluntarios de Vuelta de Rocha, San Telmo y Puerto Madero, junto con personal de Defensa Civil.
Tres o cuatro mangueras lanzaban agua a presión desde escaleras mecánicas. Y un tumulto de movileros registraba el acontecimiento a unos 50 metros, detrás de un vallado que les impedía el paso por Jovellanos. Los cronistas, casi a coro, abusaban del adjetivo “dantesco”. Y la humareda se divisaba a kilómetros. En tanto, en esa calle, un grupo de bomberos trataba de abrir el portón metálico del contrafrente con una amoladora.
De pronto, todo se sacudió al compás de un estruendo que prosiguió con un sonido creciente y ensordecedor. Un trueno que parecía eterno, aunque solo duró unos segundos. En aquel lapso, un hongo de polvo opacó la luminosidad de las llamaradas, también el desplome de aquel muro y luego, el de los otros tres. Únicamente quedó un hueco humeante y una montaña de escombros.
Allí, bajo ladrillos y hierros retorcidos, había 16 personas, nueve ya sin vida; a saber: los bomberos federales Damián Véliz, Juan Matías Montecheli, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Leonardo Gay y Anahí Garnica; los bomberos voluntarios Sebastián Campo y José Méndez, junto al integrante de Defensa Civil, Pedro Barcola. La nómina la completó días después el bombero voluntario Facundo Ambrossi, al no recuperarse de sus heridas.
Una pericia inmediatamente posterior estableció que la catástrofe tuvo por origen cuatro focos simultáneos de fuego.
Recién en febrero de 2015 la investigación judicial –a cargo del doctor Pablo Ormaechea– llegó a la conclusión de que el incendio fue intencional. Desde entonces no es antojadiza la creencia de un plan para destruir por medio del fuego los secretos contables de unas 600 empresas.
El inicio de esta historia se remonta a diciembre de 2007, cuando el aún flamante jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, impulsó el denominado “Distrito Tecnológico”, una zona franca de impuestos para los barrios del sur porteño (Parque Patricios y Barracas). Su fundamento: promover el desarrollo industrial en los territorios urbanos más postergados de la ciudad. Loable. Así se produjo el desembarco en la calle Azara de la multinacional Iron Mountain, cuya actividad –almacenar archivos financieros– dista de ser precisamente productiva.
Algunos de sus clientes tenían cosas que ocultar. Tanto es así que, en la época del incendio, los más comprometidos eran los bancos HSBC, Patagonia, JP Morgan y BNP Paribas, con causas en la Argentina por lavado de dinero e irregularidades en cuentas offshore. Entre michos otros archivos picantes, el fuego también destruyó una caja con el rótulo “Coimas Perú”, depositada por Sideco, una de las empresas de Franco Macri.
Cabe en este punto exhumar un episodio ocurrido en 2008, revelado en 2015 por Edgardo Castro, quien fuera inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, a través de una cámara oculta. Allí, en dialogo con el cabecilla del área, Fernando Cohen, se interioriza sobre el rotundo rechazo a un pedido suyo de clausura del depósito de Iron Mountain. Por toda justificación, Cohen argumenta: “Llamó Macri”.
¿Cuál era, en aquel ardiente tablero de intereses, el vínculo que unía al entonces alcalde con dicha compañía?
Su gerente general, Guillermo Lockhard, supo aproximarse a él gracias a la intermediación del señor Ricardo García, quien encabezaba el directorio. Se trata de un viejo jerarca de IBM que también abrevó en Siemens. De hecho, en su representación fue el factótum de una gavilla societaria con Socma, de la familia Macri, dedicada a digitalizar partidas de nacimiento, una iniciativa que derivó en un escándalo por coimas en Alemania.
Otro pope de Iron Mountain muy cercano a Macri es Gustavo Álvarez, un ex directivo del Grupo Clarín, luego de desempeñarse en Ernst & Young, la firma que figura en los “Swiss Leaks” –el archivo de trapisondas financieras en poder del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) –, acusada de evasión fiscal con el consentimiento de HSBC, una sigla recurrente en este culebrón.
Por lo pronto, el entonces ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, había sido gerente del HSBC –y dicho sea de paso, en Iron Mountain se carbonizaron al menos dos cajas a su nombre–. Lo secundaba en la función pública el ex subsecretario de Inversiones de la Ciudad, don Carlos Pirovano, un antiguo colaborador de Cabrera en HSBC. Ambos fueron los ideólogos y articuladores del “Distrito Tecnológico”, que tantos beneficios le causara a Iron Mountain.
El mundo es un pañuelo.
El juego de la oca
En mayo del 2014, a cuatro meses del incendio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) allanó las oficinas de Iron Mountain en una pesquisa por lavado de dinero. Lo cierto es que había detectado maniobras sospechosas, entre 2007 y 2014, por casi 18 millones de dólares.
A mediados del año siguiente, la Afip denunció al HSBC por facilitar la evasión impositiva de más de cuatro mil cuentas a nombre de argentinos sin que fueran declaradas en su sucursal de Ginebra.
Poco después, esas vicisitudes se extinguieron con más celeridad que el fuego del depósito de Barracas: Macri ya estaba en la Casa Rosada, Cabera era su ministro de Producción y Pirovano era el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que dependía justamente de Cabrera.
Un lustro después de la catástrofe, el juez Ormaechea decidió procesar a 11 funcionarios menores del Gobierno de la Ciudad por faltas “culposas” en los controles edilicios del depósito de Barracas. También imputó a Lockhard y a cuatro ejecutivos: el director de Seguridad e Higiene para América Latina, Eduardo Sueyras; al jefe de Seguridad e higiene de la filial Argentina, Héctor García y al director de la agencia Segurplus SA, Oscar Godoy, contratada por la empresa.
La hipótesis de la intencionalidad del incendio ya se encontraba en la cuerda floja, puesto que un peritaje posterior al que sostenía aquella creencia, esta vez realizada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), concluyó con que no se podía demostrar aquello, pero tampoco lo contrario.
Durante el último día hábil de 2020, un fallo de la Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos de los ex funcionarios porteños y de los directivos de Iron Mountain. Sus integrantes aclararon que sus fundamentos no se referían a la responsabilidad de los imputados sino a los “defectos” de la instrucción del sumario. Sostuvieron que los cesamientos dictados en febrero de 2018 habían sido dispuestos tras “una grotesca y deficiente pesquisa”, por lo que le ordenaban a Ormechea dictar una nueva resolución. Es decir, como en el Juego de la Oca, todo había vuelto a foja cero.
Desde entonces hubo de parte de Su Señoría un pesado silencio.
Ciertos rumores deslizados desde su juzgado sugieren que el octavo aniversario del hecho será la ocasión propicia para poner el asunto al día. Pero, siempre, el tiempo que pasa es la verdad que huye.
*Publicada en Agencia Télam, el viernes 04 de febrero de 2022
