El radicalismo provincial promueve una reforma del Código Procesal Penal para darles más herramientas a los jueces y fiscales en materia de investigación de delitos graves. La intención es ampliar el marco de actuación de esos funcionarios en casos que contemplen la aplicación del instituto de la prisión preventiva, pero dentro de un “marco de respeto y custodia de los derechos”, según aclararon. Así, buscan quela Justiciacuente con más elementos para dificultar las excarcelaciones, especialmente en casos que involucren a personas con antecedes penales.
Mediante un proyecto del radical Lisandro Enrico, senador por el departamento General López, se intenta modificar el artículo 219 de la ley 12.734 –Código Procesal Penal de la provincia– y el artículo 329 contenido en el Anexo I su decreto reglamentario.
La iniciativa fue girada para su tratamiento ala Comisiónde Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidida por el senador Gramajo. Entre sus fundamentos, Enrico sostuvo que la inseguridad “es el mayor problema que preocupa a la gente” y justificó así la necesidad de dificultar el acceso al beneficio de la excarcelación, no en todos los casos sino en aquellos que impliquen penas de más de tres años de prisión.
“Queremos abrir el debate para darles más herramientas a los jueces y fiscales”, argumentó el senador del departamento General López. Cuando aún no se completó el proceso de reforma penal iniciado en 2006, la propuesta de los senadores radicales no cayó del todo bien en el gobierno.
El ministro de Justicia Juan Lewis evitó opinar sobre el tema (ver aparte), pero no pasó desapercibido el hecho de que el único senador socialista –Miguel Lifschitz, del departamento Rosario– no haya firmado el proyecto de su colega Enrico, siendo que pertenecen ambos a la bancada del Frente Progresista.
Lewis: “No percibimos que haya problemas en ese tema”
El ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, opinó que la intención del senador Lisandro Enrico –quien promueve una reforma del Código Procesal Penal para ampliar el marco de actuación de jueces y fiscales en los casos de prisión preventiva– es “poner el tema en debate, independientemente de lo que salga” aprobado enla Legislatura. Elfuncionario provincial habló la semana pasada con el senador radical y acordaron una reunión para estudiar el asunto. “Me gustaría leer el proyecto antes de opinar”, se justificó Lewis consultado por El Ciudadano. El ministro explicó que el seguimiento de los casos de prisión preventiva está a cargo del Poder Judicial, pero igual aclaró que en la provincia no se han registrado inconvenientes con ese instituto, previsto en el código y en las respectivas leyes reglamentarias. “Los seguimientos que hacemos desde el Ministerio sobre casos vinculados al proceso penal no nos indican que haya un problema en ese sentido”, sostuvo.
