El gobierno ya eligió al Congreso como escenario de batalla para este fin de año. Cristina de Kirchner decidió mantener activo el recinto del Senado con el nuevo Código Procesal Penal y la ley de Telecomunicaciones que abre la competencia a las empresas de telefonía para la distribución de imágenes y seguramente prolongará la actividad en diciembre para Diputados.
La oposición se metió en esos debates pero con pocas chances por ahora de lograr colar algunos de los cambios que ya se exigen. Esto no significa que esos proyectos no vayan a sufrir algún cambio, pero será sólo por pedido de la Casa Rosada, como sucede habitualmente en el Congreso, salvo en un caso específico. El reclamo de Miguel Ángel Pichetto al ministro Julio De Vido exigiendo modificaciones en la ley de Telecomunicaciones con protección a los cableros chicos del interior y limitaciones a las telefónicas no fue una novedad política (el jefe del bloque oficialista acostumbra dar esas muestras de independencia) aunque sí un anuncio de la discusión que habrá en el bloque kirchnerista de senadores a último momento antes de emitir el dictamen del proyecto.
El jueves pasado, el Senado siguió la marcha establecida con los dos proyectos con reuniones de comisión, especialistas opinando en una agenda que ya avisa que los dictámenes se emitirán este miércoles y el siguiente y que habrá votaciones en el recinto del Senado el 19 y el 26 de este mes. Después, Diputados.
De protesta en protesta
Para la oposición había, el jueves pasado, una sola incógnita sobre ese proceso: hasta dónde Cristina de Kirchner continuaba enviando ordenes desde su retiro forzado en el Sanatorio Otamendi para apurar y encauzar esos debates.
La oposición, entonces, seguirá protestando por la inclusión de la expulsión a extranjeros que delinquen sin juicio previo, el poder a Alejandra Gils Carbó para cambiar fiscales en las causas o la ampliación de fondos a la Procuración General, en el caso del Código Procesal Penal.
Sabiendo que el debate está ya cantado, la estrategia opositora giró entonces a otra batalla que será central y mucho más importante para el destino del gobierno durante 2015: la negociación con los holdouts en Nueva York, si es que se da, después que en enero caiga la vigencia de la cláusula Rufo.
Una ley para los buitres
Toda la energía opositora se dirigirá a ese debate que, se insiste, de existir, demandará la votación de una ley, al menos para habilitar el nuevo endeudamiento que demandará el acuerdo sobre la sentencia del juez de Nueva York Thomas Griesa.
Tanto el radicalismo como el PRO y Elisa Carrió saben que ese debate será amargo y les dará la chance de desnudar debilidades en el manejo de la deuda por parte del gobierno en los últimos 10 años.
Por la UCR, el mendocino Enrique Vaquié comenzó a tejer parte de esa estrategia de verano que los partidos preparan para el caso de una convocatoria a sesiones extraordinarias.
Contra la ley de pago
El diputado nacional Vaquié (UCR-Mendoza) señaló que el gobierno nacional empezó a reconocer el fracaso de la llamada “ley de pago soberano” sancionada por el Congreso en septiembre con el voto negativo del bloque de la Unión Cívica Radical y afirmó que “es una norma que daña al país”.
“La ley sancionada por el oficialismo no defiende nuestra soberanía, todo lo contrario. Antes de la sanción de la norma, gracias a la voluntad de pago que había demostrado la Argentina, las críticas iban contra el Banco de Nueva York y no contra el país cuando los acreedores no podían cobrar. La ridículamente llamada «ley de pago soberano» no es más que un favor que le hizo la presidenta al (banco encargado de cursar los pagos) Bony y al juez Griesa”, explicó Vaquié.
El primer ataque fue directo a la ley que modificó el domicilio de pago a los bonistas reestructurados para intentar burlar el bloqueo de Griesa a los fondos depositados en el Bank of New York Mellon. Para hacerlo, tomaron las propias palabras de Jorge Capitanich en el recinto de Diputados, la semana pasada: “Esperamos que el fracaso que hasta el Jefe de Gabinete de Ministros admitió convenza al ministro Kicillof de la necesidad imperante que existe de que de una vez por todas cambie su actitud y comience a trabajar para atraer a los bonistas y generar consensos para resolver este problema”, dijo Vaquié.
