La propuesta apunta a lograr una formación integral de los estudiantes que transitan las aulas universitarias para formar futuros profesionales con la capacidad de contribuir a pensar y resolver los problemas críticos de la región y su gente. En este sentido, se promueven las prácticas como parte del recorrido curricular, desde una perspectiva pedagógica que integre la enseñanza, la investigación y la extensión, jerarquizando la formación académica y el compromiso de los graduados con el medio.
El objetivo de estas prácticas es que los estudiantes aprendan contenidos de sus respectivos campos profesionales y científicos a través de la interacción con problemas de la realidad social, articulados con el desarrollo de actitudes de sensibilidad y compromiso social. Con esto se pretende que las y los estudiantes pongan en práctica algunos contenidos de sus disciplinas, interviniendo sobre problemáticas sociales relevantes especialmente en lo relativo a la vulneración de derechos humanos.
Las PSE se organizarán a través de una estructura de módulos: el primero, introductorio, tendrá un carácter teórico y se orientará a abordar las distintas perspectivas de vinculación entre la Universidad y la sociedad; el segundo, de intervención sociocomunitaria, contempla la participación propiamente dicha de los y las estudiantes en alguna organización social, institución o espacio sociocomunitario.
Las actividades suponen la cooperación entre diversos actores: UNR, instituciones educativas, de salud, colegios profesionales, vecinales, cooperativas, organismos públicos, gobiernos locales, medios de comunicación, clubes, entre otras organizaciones de la sociedad civil, constituyendo verdaderas comunidades de aprendizaje.
Es importante destacar que la implementación de estas prácticas no implica la incorporación inmediata de nuevas materias en los planes de estudio, por el contrario, se sugiere diseñar propuestas lo suficientemente flexibles para que permitan integrar experiencias ya existentes en distintas asignaturas del recorrido académico de las y los estudiantes. También podrán presentarse nuevas propuestas en territorio que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa pertinente, atendiendo también las expectativas del resto de los actores sociales participantes en este trayecto.
Esta línea de trabajo viene siendo impulsada durante los últimos años en nuestro país. Tanto la Ley de Educación Superior Nº 24.521 como la resolución N° 233/18 del Ministerio de Educación de la Nación abordan esta misma necesidad, invitando formalmente a las instituciones universitarias públicas a incorporar en los planes de estudio de las carreras de pregrado y grado, prácticas sociales educativas de cumplimiento necesario para la obtención del título universitario.
En el mismo sentido, la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI), perteneciente al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en su plan estratégico expresado en el Acuerdo Plenario N° 811/12 promueve la incorporación curricular de la extensión en los procesos de enseñanza y aprendizaje “para favorecer la formación de profesionales críticos y comprometidos socialmente”.
En el sistema universitario argentino existen vastas experiencias de instituciones de educación superior que ya han realizado avances en esta dirección, como la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Río Cuarto, entre otras.
